Los militares fueron capturados por uno de los casos de desaparición forzada más grande de América Latina, luego de que se localizaran 565 osamentas en 14 exhumaciones realizadas en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz) entre 2022 y 2015. La resolución de una sala que otorgó un amparo a uno de los militares anula todo lo actuado en este proceso y ordena poner en libertad a los militares, uno de ellos prófugo.

Por Regina Pérez

La Sala Segunda de Mayor Riesgo, integrada por los magistrados Miguel Enrique Catalán, Eva Recinos y Jaime Amílcar González Dávila, emitió un fallo que anula, desde su inicio, lo actuado en el caso de desaparición forzada conocido como Creompaz, y también las órdenes de captura emitidas en contra de los militares, la prisión preventiva en su contra y la apertura de juicio.

Los militares beneficiados por el fallo son el exjefe del Estado Mayor del Ejército Benedicto Lucas García, quien actualmente enfrenta un juicio por genocidio; Raúl Dehesa Oliva, quien fue comandante de la zona militar número 21, ahora Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz) y quien falleció en octubre pasado.

También el coronel Carlos Augusto Garavito, quien presentó el amparo otorgado por la Sala; el coronel Cesar Augusto Cabrera Mejía; el exministro de Gobernación, Byron Humberto Barrientos y los oficiales José Antonio Vásquez García, César Augusto Ruiz y Juan Ovalle Salazar.

Otro de los beneficiados con este fallo es Edgar Justino Ovalle, quien fue electo diputado en 2015 por el partido FCN-Nación que llevó a Jimmy Morales al poder y quien está prófugo desde 2017 cuando fue despojado de su inmunidad.

La resolución indica que se deja sin efecto ni validez legal todas las resoluciones dictadas por el Juzgado de Mayor Riesgo “A” sobre el caso Creompaz, “es decir, quedan nulas las actuaciones y resoluciones judiciales decretadas, entre ellas las órdenes de captura, la prisión preventiva y las resoluciones que los ligaron a proceso y enviaron a juicio.

Uno de los acusados en este caso, Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor, enfrenta actualmente un juicio por genocidio y ya fue condenado en el caso de desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen.

Los militares fueron procesados y enviados a juicio por los delitos de desaparición forzada y deberes contra la humanidad. Sin embargo, el caso está detenido desde hace varios años y en febrero la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó un fallo de la jueza Claudette Domínguez que cerró el caso.

Famdegua apelará resolución

La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) anunció que presentará una apelación en contra de la resolución de la Sala Segunda.

“Lamentamos que una sala recién electa haya beneficiado de esta manera a militares acusados de crímenes de guerra, de delitos de lesa humanidad, de desaparición forzada, entre otros delitos y que con esto continúe la impunidad después de casi 40 años” señaló Paulo Estrada, presidente de Famdegua.

¿Quiénes son los magistrados que otorgaron el amparo?

Dos de los magistrados que otorgaron el amparo fueron electos por el Congreso de la República el pasado 8 de octubre. Eva Recinos recibió tachas de la sociedad civil pero no fue tomada en cuenta por la Comisión de Postulación. Recinos benefició con anterioridad al exministro Alejandro Sinibaldi en el caso Cooptación del Estado.

Jaime Amílcar González Dávila, reelecto como suplente, también recibió una tacha. Ha sido criticado por sus fallos, como el que benefició a Álvaro Arzú, al no retirarle la inmunidad.

Miguel Enrique Catalán, electo con 149 votos fue señalado en el caso Comisiones Paralelas 2020.