El informe “Nos quitaron todo menos la dignidad”, publicado el 23 de octubre, expone la estrategia bélica que constituyó la violencia sexual ejercida en su gran mayoría contra las mujeres mayas, y de forma específica contra las personas LGBTIQA+, a lo largo de los 36 años que duró la guerra civil en Guatemala. Desde la mirada de las sobrevivientes, explora las formas de reparación necesarias para que puedan sobreponerse a las secuelas que todavía sufren en la actualidad. 

Por Jasmin López

Durante la guerra civil que se desarrolló en Guatemala desde 1960 a 1996, la violencia sexual se utilizó como arma de guerra para inocular el terror entre la población, destruir los lazos comunitarios y familiares, y, cuando se ejerció contra personas LGBTIQA+, como método de “corrección” ante lo que se consideraba una “desviación”. Aunque no existe un registro oficial, hay por lo menos mil 465 casos de violación sexual documentadas por la Comisión de Esclarecimiento Histórico. De esta cifra, el 88.7% de víctimas eran de origen maya, y casi un tercio de ellas eran niñas de 0 a 17 años. 

En el 89% de los casos registrados los victimarios eran miembros del Ejército. Testimonios proporcionados por militares prueban que esta violencia fue sistemática y estratégica, ya que “fue ordenada por los mandos superiores en forma previa al ingreso de las comunidades, con instrucciones precisas acerca de la forma de perpetrarlas”. 

Este es uno de los hallazgos recogidos en el informe “Nos quitaron todo menos la dignidad”, el cual explora las oportunidades y propuestas de reparación para sobrevivientes de violencias sexuales relacionadas con la guerra civil en Guatemala, y los retos que han impedido cumplir con éstas. El estudio fue realizado por las investigadoras Andrea Bolaños Vargas y Olga Paz Bailey, en colaboración con la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua), el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), el Equipo de estudios comunitarios (Ecap), Global Survivors Fund y ONU Mujeres.

Berta Rosón, de Global Survivors Fund, refirió que este informe es el resultado de un proceso participativo, en el que se trabajó con 60 mujeres representantes de distintos grupos étnicos, y se hicieron 18 entrevistas a personas sobrevivientes, 5 de ellas pertenecientes a  la comunidad LGBTIQA+.

De acuerdo a la investigación, la violencia sexual tenía diferentes motivos y modalidades según el área donde la practicaban. En las zonas urbanas los perpetradores eran miembros de la inteligencia militar y violaban a mujeres identificadas como “insurgentes”, en lugares no identificados -siendo esto una parte del proceso de detención e interrogación-. Mientras, en las áreas rurales, los soldados, patrulleros de autodefensa civil y comisionados militares cometían los abusos en destacamentos -donde detenían ilegalmente a las mujeres-, durante allanamientos, desplazamientos y masacres, y, frecuentemente, frente a familiares y conocidos. Las violaciones constituían un ataque no sólo hacia las mujeres sino contra la población maya en general. Esclavitud sexual, uniones y desnudez forzadas, y mutilación genital fueron las principales formas en las que se ejerció este brutal mensaje sobre el cuerpo de las mujeres, niñas, niños y hombres.

Medidas de “corrección”

Apenas existe documentación de la violencia sexual en contra de las personas LGBTIQA+, advierte el estudio. Sin embargo, sí hay evidencia de represión violenta ejercida específicamente contra esta población, por el hecho de no encajar dentro de la heteronormatividad característicamente defendida por los regímenes opresores. Dentro del álbum fotográfico de delincuentes -que forma parte del Archivo Histórico de la Policía Nacional- se identificaron 156 registros de personas señaladas como “homosexuales”.

El informe indica que “la policía consideraba la homosexualidad como un agravante de delitos o como un delito en sí misma”.

De acuerdo a testimonios, eran comunes también las redadas en espacios públicos y privados donde los oficiales detenían arbitrariamente a hombres gays o que tenían una expresión de género juzgada como “afeminada”, y a mujeres lesbianas, a quienes sometían a violaciones “correctivas”. Dentro de los movimientos estudiantiles también se reprodujo la violencia homofóbica y, con mayor fuerza, lesbofóbica, por parte de hombres que aprovechaban su autoridad para coaccionar sexualmente a las mujeres.

Una herida abierta

Berta Rosón refirió que “el impacto (de la violencia sexual)  ha sido muy profundo, se ha ido alargando con los años y, muchas veces, acentuándose y haciéndose más grande, precisamente por la falta de respuestas a tiempo debido en el pasado”.

Los abusos dejaron en las sobrevivientes secuelas individuales, físicas y psicológicas,, entre las que se cuentan enfermedades ginecológicas que afectaron su capacidad reproductiva, diabetes, tristeza, susto (conjunto de afectaciones nerviosas), trastorno de estrés postraumático, y pérdidas materiales de las que no se han podido recuperar, por lo que muchas de ellas aún viven en pobreza. Además, los abusos afectaron su lugar en la comunidad, donde fueron discriminadas y acusadas de ser cómplices de los violadores.

Rosalina Tuyuc, cofundadora de Conavigua, explicó que “las (mujeres) que no han tenido ningún tipo de apoyo, de acompañamiento psicosocial, las que no han  contado su historia viven en una completa soledad, viven con muchas enfermedades, también viven una vida muy amargada y constantemente desean morir”. 

Las sobrevivientes que participaron en el estudio identificaron las siguientes demandas dentro de un proceso de reparación efectiva: restitución de tierras y vivienda digna, servicios de salud adecuados, acompañamiento psicosocial, recuperación de su indumentaria tradicional, educación y acceso a programas de formación, apoyo económico y material, y reconocimiento judicial, entre otras, enfocadas en lograr el empoderamiento propio y el bienestar de sus comunidades.

Tuyuc señaló que los líderes políticos no muestran ningún compromiso con una reparación digna e integral para las mujeres. “Lamentablemente en todos los gobiernos siempre se ha privilegiado los resarcimientos a militares. Para nosotras como Conavigua lo vemos como una actitud racista estructural del Estado pero también como parte del patriarcado que hay. Desde nosotras vemos que no lo merecen, porque ellos son autores de todos estos crímenes”.

Además de la falta de voluntad por parte del Estado, otros obstáculos que dificultan el acceso a la reparación -y que están determinados en el informe- son la política negacionista (que ignora la intención de exterminio contra la población maya, evidente en las estrategias aplicadas por parte del Ejército), una asignación presupuestaria deficiente, el incumplimiento de las sentencias judiciales ordenadas por la Corte Interamericana, el estigma social y la falta de protocolos de protección diferenciados para las personas LGBTIQA+. 

Carlos Amézquita, director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, manifestó que “reparaciones específicas para mujeres víctimas de violaciones y de otros actos inhumanos y degradantes no se tenían contempladas, entonces no había, por ejemplo, un apoyo psicosocial específico para las mujeres, no había procesos de recuperación desde la memoria de las mujeres”.

Además, Amézquita indicó que se ha discutido con las organizaciones de víctimas un plan nacional para la dignificación y reparaciones de las víctimas de la guerra. “En este momento llegamos a un documento de consenso y que va a pasar a la parte formal en los próximos meses para que se construya el plan. Este plan sería el primero que toma en cuenta las necesidades específicas de las sobrevivientes de violencia sexual”.

Las mujeres sobrevivientes que participaron en el estudio consideran que el hecho de contar sus historias ya es un paso adelante en la búsqueda de justicia. Romper el silencio al que los victimarios creyeron condenarlas es una declaración de que, como lo expresó Rosalina Tuyuc, “la violencia sexual no es la vergüenza de las mujeres, es la vergüenza del Estado”.