El artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos  establece el derecho a la libre circulación y a la libertad de movimiento al proclamar que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado” y que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.”

En Nicaragua, desde la crisis sociopolítica iniciada en abril del 2018, la actual dictadura, a través de  la Dirección General de Migración y Extranjería, retiene pasaportes, hace largos interrogatorios en los puestos fronterizos y prohíbe la entrada y salida de personas vinculadas a organizaciones de Derechos Humanos, en general, y de las mujeres y niñas en particular.

Para comprender la violencia migratoria como una expresión de la violencia política estatal, este artículo reúne los testimonios de Guardabarranco y  Emma, activistas feministas con trayectorias diferentes en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y niñas en Nicaragua. Ellas están utilizando seudónimos como una medida de protección frente a las condiciones de represión en Nicaragua y porque, desde el 2021, son sobrevivientes de experiencias de restricción y hostigamiento migratorio. 

Violencia política en contexto de dictadura

La Organización de Naciones Unidas para las  Mujeres describe a la violencia política contra las mujeres, como “una de las principales barreras para el acceso y permanencia de las mujeres en espacios de liderazgo, representación y toma de decisiones”. Guardabarranco y Emma ya habían vivido situaciones de violencia y acoso, antes y después del levantamiento cívico del 2018. 

“No es reciente. Desde el 2005, había muy poco presupuesto para todo lo que tenía que ver con derechos humanos y eso no era casual. Se hacían formaciones con personas de ambientes rurales, pero había desde ya una participación de personas fiscalizando de qué temas hablar y cómo hablar” reflexiona Emma, desde su experiencia de trabajo en comunidades rurales para la formación de derechos humanos y ciudadanos. Destaca que la hipervigilancia y la fiscalización de las defensoras ha sido una constante de todos los gobiernos. 

Guardabarranco también reconoce que antes de abril 2018, había experimentado represión por su activismo, principalmente,en el espacio público. En el contexto de las protestas ciudadanas, mientras trataba de documentar una marcha, fue violentada por un grupo de paramilitares. “Me golpearon, me trataban de quitar la camisa y un pañuelo feminista que traía puesto., Me quitaron los zapatos, el celular y cuatro hombres me agarraron por cada extremidad porque intentaron subirme a la fuerza a una moto. También había una camioneta con las puertas abiertas”, recuerda Guardabarranco, quién logró librarse gracias a la intervención de otras mujeres. 

La libre movilidad, un derecho violentado

Según la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres (IM-Defensoras: 2022), en su reporte titulado Represión migratoria y destierro por defender derechos en Nicaragua, la dictadura orteguista ha impuesto restricciones migratorias como destierros, retenciones y hostigamiento en contra de, al menos, unas 140 personas nicaragüenses. El 68.5% de estas agresiones migratorias ocurrieron entre 2021 y 2022. Entre los afectados “hay al menos 16 defensoras feministas que fueron desterradas en ese período”.

El Centro Nicaragüense  de Derechos Humanos (CENIDH: 2022) advirtió que el régimen estaba convirtiendo dichas prácticas en rutinas cada vez más frecuentes. Estas no solo violentan los derechos humanos, sino que imponen un estado de inseguridad y terror violentando leyes nacionales e internacionales que garantizan el derecho a la movilidad y libre circulación, lo que incluye el derecho a entrar y salir de su país, y en el caso de los periodistas, el derecho a la libertad de información.

La IM-Defensoras define como retención migratoria a los casos en donde arbitrariamente el Estado despoja a un ciudadano o ciudadana de manera permanente o temporal de su pasaporte o lo anula. Por su parte, el hostigamiento migratorio se refiere a los casos en donde el Estado actúa a través de interrogatorios o retenciones temporales en puestos fronterizos, no renueva el documento de identificación y/o impone medidas para que la persona tenga que presentarse múltiples veces a migración, así como dilaciones injustificadas, entre otros.Guardabarranco y Emma son víctimas de estas restricciones estatales. Sus perfiles como feministas, activistas y defensoras están siendo perseguidos y  criminalizados en Nicaragua. 

A inicios de 2021, Guardabarranco había renovado su pasaporte y se disponía a salir del país para visitar a una amiga. “Yo le había dado mi pasaporte a la oficial de migración, quien llamó a otra persona que se lo llevó.  Yo pregunté qué pasaba y me dijeron que nada, que todo estaba normal y que me tranquilizara. Otras personas pasaban y solo yo me quedé como dos horas esperando, hasta que llegó el oficial encargado para decirme que había un problema, que mi pasaporte aparecía como inválido en el sistema y que debía ir a Managua a las oficinas de migración central” recuerda.  

Al estar de regreso en Managua, Guardabarranco fue interrogada por oficiales de  la policía, quienes  fotografiaron su cédula y automóvil. Días después, ella se presentó a las oficinas centrales de la Dirección de Migración y Extranjería, donde no recibió una explicación o respuesta concreta sobre su caso. Desde ese momento, no tiene pasaporte y no puede salir del país. 

Emma reconoce que la intimidación y hostigamiento migratorio se expresa también de manera simbólica con la cantidad de militares, policías y oficiales de migración que están desplegados en los puntos fronterizos, así como con la retención de los documentos, interrogatorios y revisión extrema a las maletas personales. Considera que, en su caso, el hostigamiento es por su trayectoria profesional y postura política.

“Al principio no entendía por qué me retenían el pasaporte o por qué era la única persona que nombraban de todo el bus para que entregara mi pasaporte al oficial de migración, cosa que empezó a ser recurrente desde finales de 2021. La última vez que me lo quitaron, éramos 5 personas, aproximadamente y esperamos mucho tiempo para que nos devolvieran  nuestro documento. A cada persona nos hicieron también entrevista personal con una agente migración de mayor nivel. A mí me hicieron preguntas sobre quién soy, mi trayectoria como defensora y si estaba conectada con la sociedad civil o a un organismo no gubernamental”, narra Emma.

Los efectos psicosociales en las vidas de las defensoras y activistas

La represión migratoria, como mecanismo utilizado en Nicaragua desde 2018, impacta en la salud mental y física de las activistas y defensoras. Puede detonar cuadros de ansiedad, depresión, pánico y enfermedades derivadas del aumento de estrés.

“Yo trato de no pensar mucho y ejercitar la paciencia porque me da tristeza.  En una ocasión, me invitaron a un viaje y mi amigo me dijo que me pagaba todo, que yo solo consiguiera el pasaporte. Pero allí está el detalle: no lo tengo y no sé cuando lo tendré tener porque no es solo un trámite y es frustrante, me he sentido deprimida muchas veces”, comparte Guardabarranco.

A Emma los aeropuertos o puntos fronterizos siempre la han estresado, pero con las experiencias de hostigamiento migratorio, sus niveles de molestia e incomodidad han aumentado. Para autocuidarse busca cómo llevar todos sus documentos, maletas y celular en orden para así evitar alguna asociación negativa o ser encarcelada.

“En las fronteras, los oficiales de migración pueden actuar más allá de como una se lo imagine y con el hostigamiento, esta situación se agrava más. Entonces generan  miedo y temor. Pensar que voy a viajar es estresante y cada vez que se acerca la fecha en que voy a salir o entrar a Nicaragua, empieza fuerte el temor y una suerte de angustia e incertidumbre sobre el viaje” enfatiza Emma.

Ambas activistas desean desplazarse con libertad, comunicar sus puntos de vista sin miedo a la censura o la cárcel y decir en voz alta que son feministas y defensoras sin temor a represalias. Para ellas es un anhelo constante habitar en un país democrático que reconoce a las mujeres y niñas como sujetas de derecho.

“Yo sueño con viajar, sueño todo el tiempo con eso. No es como que yo me quiera ir de Nicaragua porque este es mi país, me gusta vivir aquí y es donde yo quiero seguir creciendo. Pero quiero tener la posibilidad de entrar y salir, de ver a mi hermana y mejor amiga que viven en otro país. Tengo derecho a ser feliz, a la libertad a escoger donde quiero estar, y elegir sobre mi propia vida. Tengo derecho a viajar” concluye Guardabarranco.