Lo que originalmente parecía ser una sentencia firme se ha convertido en una experiencia agridulce para las familias y víctimas en el caso Rancho Bejuco, en Baja Verapaz. El excomandante Juan Ovalle Salazar fue condenado a 20 años de prisión, pero los otros ocho acusados fueron absueltos por la masacre de 25 personas en esa comunidad, incluidos 17 niñas y niños. La justicia nuevamente se pone cuesta arriba para las víctimas que buscaban se reconociera el horror que les tocó vivir.

En horas de la mañana del 24 de agosto, la familias y víctimas se reunieron frente a la Corte Suprema de Justicia para realizar una conmemoración con una ceremonia maya en memoria de sus familias. 

Paulina Ixpatán Alvarado, junto con otros afectados, han estado en búsqueda de justicia desde 1997, cuando presentaron la denuncia ante el Ministerio Público. En 1999, se llevó a cabo la exhumación de sus seres queridos, víctimas de una masacre que tuvo lugar el 29 de julio de 1982 en el caserío de Rancho Bejuco. Han transcurrido más de 25 años en esta lucha incansable por la justicia.

“Queremos justicia, porque los niños no deben nada y ellos no saben por qué lo mataron entonces eso es lo que exigimos”, expresó Paulina.

Pedrina Alvarado, una de las personas involucradas en este proceso, compartió sus pensamientos en relación con la búsqueda de justicia.   “Aquí no hay un juez, todo esto lo que pasaba nunca hay juez que da su valor, como quien dice, no lo hacen por la ley. Pero nosotros, hoy estamos aquí y queremos la justicia porque los niños no deben nada, los mataron, eran niñas que tenían hambre y sed. Estamos aquí. Nosotros queremos la justicia”.

 Un sentenciado y ocho en libertad

El Tribunal de Mayor Riesgo D emitió su veredicto, condenando al coronel retirado Juan Ovalle Salazar por delitos relacionados con violaciones de derechos humanos, específicamente, por su conexión con la masacre ocurrida en julio de 1982 en la comunidad indígena de Rancho Bejuco, ubicada en la aldea Pacoj, en el municipio de Santa Cruz El Chol, Baja Verapaz.

Sin embargo, los jueces resolvieron absolver a los otros ocho acusados que estaban siendo señalados por su presunta participación en estos trágicos eventos. En su fallo, los jueces determinaron que no se había presentado suficiente evidencia para sostener la responsabilidad penal de los excomisionados militares y expatrulleros Mario Elfidio Córdova, Santiago Cojón Galeano, Lázaro Alvarado De Paz, Carlos Sesán Cajbón, Lauro Garrido Córdova, Mario Garrido Córdova, Juan López Sic y Santos Cojón Galeano. Como resultado de esta decisión, se ordenó su inmediata liberación.

El juez Walter Mazariegos argumentó que el MP no pudo establecer de manera convincente que los ocho ex comisionados y exmiembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) fueran culpables de participar en la masacre.

En el caso de Juan Ovalle Salazar, se llegó a la conclusión de su culpabilidad en los eventos ocurridos, a pesar de su ausencia física en el lugar de los hechos. Esta decisión se basa en la evidencia presentada, que estableció que debido a su alto cargo, Ovalle Salazar tenía la responsabilidad de estar al tanto de los operativos que su personal ejecutaba. 

Como resultado de su participación en estos actos, se le declaró culpable del delito de Deberes Contra la Humanidad en perjuicio de las víctimas y del pueblo Maya Achí, y se le impuso una pena mínima de 20 años de prisión.

Una sentencia no sustentada

La abogada de las víctimas, Lucía Xiloj expresó su preocupación en relación con la sentencia emitida por el Tribunal de Mayor Riesgo D. En su opinión, es cuestionable la afirmación que hicieron sobre la población del caserío de Rancho Bejuco que no se retiró voluntariamente antes de la masacre, porque se debió a la falta de información por parte de los patrulleros de El Chol sobre la operación que llevaban en curso contra la comunidad.

Además, la absolución de los expatrulleros y excomisionados militares, a pesar que el tribunal estableció su participación en el operativo, plantea preocupaciones. "La Comisión de esclarecimiento histórico justamente ha documentado que en Baja Verapaz fue uno de los municipios en donde más graves violaciones a los derechos humanos cometieron tanto los militares y las Patrullas de Autodefensa Civil como los comisionados militares", explicó la abogada.

Xiloj considera que la sentencia debería haber condenado a todas las partes involucradas. Tanto la defensa de Juan Ovalle Salazar como los representantes de las víctimas, incluyendo a la abogada, planean apelar esta decisión, ya que creen que existían elementos suficientes para emitir una sentencia condenatoria para todas las personas juzgadas en este proceso.

Según Xiloj, este veredicto representa un retroceso en la búsqueda de justicia en casos de justicia transicional. Durante muchos años, las víctimas han trabajado incansablemente para buscar justicia y verdad en sus casos. Sin embargo, en este caso en particular, parece que no se ha seguido este camino. 

A pesar de los esfuerzos incansables de las víctimas por encontrar la verdad y la rendición de cuentas, esta sentencia parece no reflejar adecuadamente los hechos y las responsabilidades. La crítica de Xiloj y otros defensores de los derechos humanos subraya la importancia que el sistema de justicia siga investigando y responsabilizando a quienes cometieron atrocidades en el pasado.