¿Cuántas veces se ha vivido ese sentimiento de justicia cuando un tribunal lee una sentencia? En casos emblemáticos, ya sea en cortes nacionales o internacionales, distintas mujeres de Mesoamérica han logrado que se reconozcan las violaciones hacia sus derechos humanos, pero especialmente, que se nombre y condene a los responsables, así sea al mismo Estado. Y es que si bien, el pronunciamiento de una sentencia es un logro fundamental, el camino de la batalla legal usualmente no termina allí. Este es el caso de las mujeres guatemaltecas y mexicanas que confiaron sus historias al sistema de justicia y, aún con una sentencia, no han tenido la reparación digna esperada.

Mujeres que alzaron la voz

Cuando escuchó a las abuelas de Sepur Zarco, Emma Molina Theissen se motivó a hablar. Denunciar a altos funcionarios del ejército como responsables por la violencia sexual ejercida contra ellas y cientos de mujeres, fue un acto de valentía y esperanza en la justicia.

La justicia, una meta a la que se suele identificar con el hecho de lograr una sentencia condenatoria, pero va más allá de eso. Para Emma, “La justicia significa que las personas gocen de sus derechos y que toda esta lucha fructifique, que las niñas y las mujeres vivamos tranquilas, de que no vamos a sufrir violencia sexual y que ninguna persona va a ser nunca más desaparecida en nuestro país”. 

Así como ellas, diversas mujeres de la región mesoamericana han denunciado al Estado por delitos de violencia sexual. En los municipios de Texococo y San Salvador Atenco, en México, en 2006, 11 mujeres que participaron en una manifestación fueron detenidas arbitrariamente y torturadas sexual y psicológicamente por la policía de ese municipio. 

El caso conocido como Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México fue llevado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos obteniendo sentencia en noviembre del 2018. Una de las sobrevivientes, Norma Jiménez, menciona cómo romper el silencio y compartir voces entre mujeres ha sido sanador: “encontrarnos y compartir con otras mujeres que han pasado por la misma experiencia, el poder acompañarnos y compartir herramientas ,creo que es muy sanador porque te encuentras en la otra persona y creo que al ser mujeres podemos compartirnos de esa fuerza y nos encontramos en la historia de la otra indudablemente, pero no solo compartimos el dolor sino también esas fortalezas”.

El camino penal y sus retos

Durante el encuentro de mujeres sobrevivientes de violencia sexual organizado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), sobrevivientes de México y Guatemala acompañadas por sus abogadas compartieron experiencias acerca del camino hasta conseguir la sentencia condenatoria contra sus estados.

Ya fuera en el sistema de justicia nacional o interamericano, las abogadas compartieron los retos de afrontar un sistema patriarcal y racista desde el derecho. 

Sofía de Robina, abogada en el área internacional del Centro Prodh, ha acompañado a las 11 mujeres denunciantes de tortura sexual en Atenco. 

“Creo que en un país como México denunciar al estado es un acto de tremenda valentía, no solamente porque implica salir del miedo, sino también porque te vas a enfrentar a todas las instituciones que lejos de estar hechas para dar justicia, te revictimiza, busca silenciarte y no procesar a los responsables”, reconoció la abogada sobre el caso llevado ante la Corte Interamericana. 

Además, de acuerdo con las experiencias compartidas por la abogada Jovita Tzul, el mismo sistema de justicia está construido para generar revictimización hacia las sobrevivientes: “Lamentablemente la revictimización es inevitable, pero pensar cómo minimizarla es parte de las aspiraciones de las personas a las que estamos acompañando y sin duda es más sencillo cuando tenemos de cerca la realidad que la compañera y la comunidad está viviendo”.

La revictimización se entiende como el proceso donde a una víctima se le violenta reiteradamente de diversas formas. En los procesos penales la revictimización se manifiesta en interrogatorios innecesarios y en alusiones a que la víctima tiene un grado de responsabilidad en la violencia que vivieron. 

Un sistema que no habla para las mujeres

Entre los retos más relevantes de atravesar un proceso penal, está algo tan fundamental como la comunicación. Para las mujeres indígenas, el no poder comunicar lo que vivieron en su idioma es una de las barreras más grandes. En ello radica la importancia de las intérpretes.

En el caso de las abuelas de Sepur Zarco, Vilma Chub del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) fue la intérprete del idioma q’eqchi’. En el caso del genocidio ixil, una intérprete fue Isabel Ceto, quien ha acompañado a María Cedillo, sobreviviente del genocidio.

Noemi Priciliano Fernández fue la intérprete de su madre, Inés Fernández Ortega. “Mi vida cotidiana como intérprete se ha vuelto en apoyar a mi mamá, de interpretar lo que ella quiere transmitir, quiere que su voz sea escuchada y yo he tratado de dar esa información lo más clara posible, lo que ella intenta transmitir en su propio idioma” manifiesta.

Inés es una mujer indígena Me’phaa de la comunidad Barranca Teocalli, Guerrero. En 2004 denunció al estado mexicano ante la Cidh por la violación sexual de la que fue víctima en el año 2002, por parte de militares. Su proceso dentro de México no tuvo éxito.

“Durante el proceso penal fue un poco complicado eso de transmitir su propio dolor, incluye el mío. Traté de comunicar con más claridad y sensibilidad, llevando ese mismo dolor que ella lleva, se volvió más como una fortaleza, viendo su valentía. Se une con el lazo que mantenemos como madre e hija”, cuenta Nohemí.

La corte resolvió que el estado mexicano era responsable de violar ocho derechos humanos de Inés y su familia: la obligación de respetar los derechos, la honra y dignidad, el deber de adoptar disposiciones del derecho internos, la igualdad ante la ley, la protección judicial, el derecho a la integridad personal y las garntías judiciales.

Estos casos dan cuenta de la necesidad de intérpretes, no solo traductoras, que puedan transmitir las historias de las mujeres sobrevivientes con respeto y pertinencia cultural.  

La vida después de la sentencia

Cuando los estados son condenados y reconocidos como responsables de graves violaciones a los derechos humanos, como la violencia sexual, las sentencias establecen una serie de medias de reparación digna. Sin embargo, el cumplimiento de estas es otra lucha que las mujeres enfrentan luego de sobrellevar procesos penales.

Para Emma Molina Theissen, la sentencia significó el reconocimiento de la verdad: “finalmente después de décadas se nos escuchó, se nos creyó, y eso se convirtió en acciones o en decisiones del Estado encaminadas a que nunca más se repita esta historia. Nos falta mucho que cumplir de esa sentencia, prácticamente todo, y hasta no ver que esta sentencia y que todas estén ejecutadas, nuestra lucha no va a terminar”, menciona sobre su caso donde el estado de Guatemala fue condenado por la desaparición forzada de su hermano, Marco Antonio, y la violencia sexual contra ella. 

Para Claudia Paz y Paz, exfiscal general del Ministerio Público (MP) de Guatemala y actual directora de Cejil, las sentencias condenatorias más que un punto de llegada, son un punto de partida porque a partir de ellas se debe trabajar para que, la verdad escuchada por un tribunal, sea además reconocida por la sociedad.

“Y también es un punto de partida porque una vez que ha reconocido que eso sí ocurrió realmente, hay muchos factores estructurales que se tienen que modificar, que se tienen que cambiar justamente para que esos hechos nunca vuelvan a ocurrir”, explica la jurista.

Por otra parte, cuando se reconoce la violencia sexual como un crimen de guerra, de lesa humanidad, como en el caso de las abuelas de Sepur Zarco, no se puede olvidar que estas violencias se enmarcan en estructuras patriarcales. Como menciona Paz y Paz. 

“También hay un trabajo muy fuerte que hacer en la sociedad para que esos debalances de poder, sesgos de género y de raza, que permiten y naturalizan, invisibilizan la violencia contra las mujeres en general y la violencia sexual particularmente, pues se reviertan” indica. 

Si bien la justicia es un tema complejo que trasciende a los tribunales, los procesos institucionales siguen siendo una de las vías que las sobrevivientes encuentran para sumar en el proceso de sanación. 

En palabras de María Cedillo. “La justicia es cuando, si hacen cosas que no son buenas, hay consecuencias. En el pueblo de Nebaj, el genocidio fue en el año 82 y 83, y prácticamente no hay justicia porque el culpable no está en cárcel, nosotras gritamos, hablamos, pero a veces no nos toman en cuenta. Entonces por eso es una injusticia. Para que haya justicia las leyes deben amparar, esa es la justicia, puntualizó.”

Entonces, el camino de justicia continúa para cada una de ellas.