Autoridades ancestrales e indígenas de los diversos pueblos originarios del país, mantienen la digna resistencia y la manifestación pacífica e indefinida, en medio de la persistencia para exigir la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras; el Fiscal Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana. Además, han reiterado que debe acabar el llamado pacto de corruptos, que mantiene capturado al Estado.

Por Ruda

En una conferencia de prensa realizada la noche del jueves 5 de octubre, Luis Pacheco, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, expresó que mantendrán las acciones de resistencia pacífica de forma indefinida y lo harán en forma colectiva. Este viernes se cumplen cinco días de jornadas de protestas a nivel nacional, encabezadas por las organizaciones y autoridades indígenas de los diversos pueblos originarios que conforman el país.

“Somos representantes de un pueblo que nos ha exigido luchar por la democracia.  Ninguno de los aquí presentes estamos a título personal.  Queremos dejar claro que la organización ancestral de los pueblos indígenas es colectiva, el liderazgo es colectivo, no individual”, reiteró.

Por otro lado, Pacheco lamentó que el amparo ante la Corte de Constitucionalidad que interpusieron los 48 Cantones no fue resuelto, contrario al promovido por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), en el cual se ordena a las autoridades de la fuerza pública a liberar los bloqueos en carretera.

De acuerdo con los representantes de los pueblos originarios, diferentes organizaciones siguen uniéndose al paro y nadie los ha obligado.  En tanto, esperan una respuesta a las demandas planteadas.

Solicitan invocar la Carta Democrática

En una carta difundida en la página de Facebook, 48 Cantones Oficial, las organizaciones, autoridades ancestrales y organizaciones, valoraron el seguimiento sobre la situación de Guatemala, realizado por las Misiones de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea. 

Además, manifestaron su preocupación por la criminalización por parte del Ministerio Público a las autoridades electas y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Estas acciones ponen en riesgo el proceso electoral, pilar fundamental de la democracia.  La Carta Democrática Interamericana establece que la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.  Tanto la Carta como múltiples instrumentos internacionales aseguran que la democracia representativa es la base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales, por lo que nos hemos organizado para resistir frente al intento de los actores corruptos de romper el orden constitucional”, refieren.

Los 48 Cantones pidieron invocar la Carta Democrática en Guatemala para reestablecer el orden democrático e imponer sanciones a los actores corruptos, que integran la estructura antidemocrática y que pretenden arrebatar la “poca democracia”.

La Carta Democrática otorga a los gobiernos del hemisferio una brújula para guiar su acción colectiva cuando la democracia enfrenta peligros, dice la OEA. Es una resolución de 28 artículos en donde se declara que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.

En la resolución se definen los procedimientos esenciales de la democracia, establece procedimientos para seguir no solamente cuando la democracia se interrumpe totalmente, como en un golpe de Estado, sino cuando el orden democrático ha sido seriamente alterado y la democracia está en riesgo. Los elementos esenciales democráticos acordados por los 34 Estados miembros sirven de base para evaluar las desviaciones.