Las acciones del Ejecutivo y del Congreso para evitar recibir a los pueblos Poqomam, Kaqchikel, K’iche, Q’anjob’al, Sacapulteco y Achí’ y conocer sus demandas, en el día 51 del paro nacional, provocaron una respuesta distinta a la esperada: la instalación del segundo plantón indefinido y pacífico en la capital, contra el golpe de Estado.

Por Paolina Albani

Con información de Joel Solano y Mercedes Vaides

Este martes 21 de noviembre, pobladores y autoridades ancestrales de los pueblos Poqomam, Kaqchikel, K’iche’, Q’anjob’al, Sacapulteco y Achí’, llegaron a la capital y participaron en una caminata pacífica contra el actuar del gobierno que, tras 51 días del paro nacional, continua ignorando las demandas de la gente que quiere ver fuera de las instituciones a los operadores de justicia que están detrás del golpe de Estado.

Desde el inicio de la jornada, los pueblos denunciaron bloqueos de parte del Ministerio de Gobernación (Mingob) y de la Policía, a varios buses que viajaban hacia la ciudad para integrarse a la caminata, que fueron detenidos en puestos de registro instalados en la calzada Roosevelt.

Pese a esto, la caminata salió del Parque Morazán, en la zona 2, y se dirigió sobre la Sexta Avenida, hacia el Congreso de la República, en la zona 1. Ahí, entregarían un memorial con una serie de demandas, pero el organismo, les hizo un desplante.

Si bien al inicio se les dijo que la Junta Directiva del Legislativo aceptaría el ingreso de siete personas, incluido un medio de comunicación y un abogado representante de los pueblos, luego se les vedó el paso, alegando que los protocolos de seguridad se los impedían. Varios policías antimotines resguardaban el edificio.

Adentro, los diputados elegían a los magistrados de las Salas de Apelaciones del Organismo Judicial.

Después de un largo momento de espera, los pueblos se reunieron y decidieron que permanecerían lo más cerca del Congreso, se ubicaron en la esquina de la 7 avenida y 10 calle, hasta que fueran recibidos. Este fue el inicio del segundo plantón indefinido.

Rigoberto Juárez: negar la entrada a los pueblos es una forma de violencia estatal

Rigoberto Juárez, autoridad ancestral del Gobierno Plurinacional de Huehuetenango, indicó que la reunión sería corta y luego, se dirigirían a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para entregar otra copia del memorial, y ahí se integrarían a la manifestación frente a la Torre de Tribunales que exigía la liberación de los cinco profesionales, catedráticos y estudiantes que fueron detenidos por respaldar la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), en mayo de 2022.

El plan no se cumplió. Juárez dijo que no se moverían del Congreso hasta ser escuchados.

“Hay una total irresponsabilidad, una violación de los derechos de petición por Gobernación que ordenó a la policía, vedar el acceso al Congreso”, expresó la autoridad de Huehuetenango.

Agregó que con estas acciones, los diputados demostraron “su incapacidad para entender leyes que rigen el país” y también, como una forma de “violencia estatal contra los pueblos y la población para evitar que la gente llegue a la manifestación”.

En el tiempo que han permanecido fuera del organismo, la policía se excusó de no dejarles pasar por un amparo otorgado a favor del Congreso. La abogada Dora Alicia solicitó el amparo para saber si ya había sido resuelto, pero no lo mostraron.

Por su parte, Juárez se mostró resuelto y dijo que hasta no ser notificados, no se moverían.

Además, aseguró que detectaron a varios infiltrados en la manifestación que portaban armas, por lo que apuntó que “hay una actitud más allá de la violencia legal, que pasa a la violencia armada, y todo está organizado desde el Ejecutivo. Ellos serán los responsables si hay un acto de violencia en el lugar”, dijo.

Mientras se turnaban el micrófono, los manifestantes de los pueblos se organizaron para instalar toldos en medio de la calle. Rápidamente, armaron una cocina comunitaria con estufas de gas.

Más de cien policías de seguridad ciudadana, los observaron todo el tiempo, para impedirles el paso hasta la 8 avenida, donde se encuentra el ingreso al Legislativo.

Pascual Espinoza del pueblo maya Achí, de Baja Verapaz, señaló que debido a la obstrucción de la policía, los pueblos se han declarado en asamblea permanente para determinar nuevas medidas para conseguir ser escuchados.

“Lo que estamos viviendo… no se nos da el espacio para escuchar nuestras peticiones. Tantos diálogos que hemos tenido sin respuesta. Como autoridades indígenas hemos luchado por el diálogo, pero las autoridades del Estado no quieren acceder”, dijo Espinoza.