Esta propuesta busca crear un registro de los pagos, moras, solvencias y plazos del cumplimiento de las sentencias de pensiones alimenticias. Si se aprueba, quienes incumplan no podrán tramitar ni renovar licencias de conducir.          

Por Mirna Alvarado

Diputadas y diputados del Movimiento Semilla presentaron la iniciativa de Ley de Responsabilidad Alimenticia Familiar, misma que pretende la creación de un registro que contenga datos específicos, una vez se haya emitido una sentencia en el Juzgado de Familia.

“El registro debe contener monto de pagos, moras, solvencias y plazos del cumplimiento de las sentencias de pensiones alimenticias, además proponemos que se emita un certificado de solvencia alimenticia de parte del Organismo Judicial”, explicó la diputada Andrea Villagrán.

El certificado será necesario para solicitar y renovar licencias de conducir de todo tipo, con ello se busca incentivar el cumplimiento de las obligaciones alimenticias, refirió la parlamentaria.

De acuerdo con las y los ponentes de la iniciativa de ley, entre 2015 y 2022 el Organismo Judicial dictaminó 17, 155 sentencias de pensión alimenticia en todo el territorio nacional por medio de los juzgados de familia; de esta cifra se desconoce cuántas se han cumplido debido a la falta de un registro adecuado.

Villagrán recalcó que para asegurar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes es crucial que los progenitores cumplan con sus obligaciones alimenticias, “no solo alimentos, es decir comida, sino también educación, vivienda y asistencia médica”.

La diputada Andrea Reyes comentó que el proceso judicial para que los menores de edad tengan derecho a la pensión alimenticia tarda hasta tres o cuatro años. “No solo es el tiempo que se debe esperar para una resolución positiva de parte del juez, sino que en ocasiones hay padres que no cumplen y los niños llegan a la mayoría de edad sin recibir lo que por derecho les corresponde”.

Reyes añadió que esta propuesta también generaría celeridad en el proceso de pago de pensión alimenticia, además de fomentar conciencia en los padres o responsables de los menores de edad.

“A mí me parece bien porque en mi caso, mi esposo no quería reconocer al bebé. Empecé el proceso con una prueba de paternidad, de ADN, en el INACIF, después se inició el proceso de fijación de pensión, pasaron varios años. Un juez de familia sentenció que debía pagar una mensualidad por manutención, pero no cumplió. Al final nos fuimos a lo penal, fue detenido, pagó alrededor de Q8 mil para recuperar su libertad, nuestro hijo cumplirá 14 años en agosto y nunca le dio un centavo”, comentó Inés Ramírez.

Para la abogada Sara Trocoli, esta es una buena propuesta, aunque considera que la certificación debería ser un requisito para acceder a un empleo. Pero desde el punto de vista penal, podría implicar una doble persecución, debido a que ya tendrían una condena vigente de parte de un Juzgado de Familia y al negarles la licencia de conducir, serían doblemente castigados.

“En todo caso considero que sería mejor aumentar la pena para que sea un delito grave, prohibir cualquier salida judicial y la conmuta, habilitar una Fiscalía especializada para perseguir el delito de negación de asistencia económica, que estuviera vinculada directamente al Juzgado de Familia para actuar de oficio y agilizar los procesos civiles creando un proceso civil único y simple”, mencionó la profesional del derecho.