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Procurador de los Derechos Humanos deroga la política de género

Foto: Juan Rosales

En julio pasado, el Procurador de los Derechos Humanos derogó la Política Institucional de Género de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), lo que evidencia su falta de apoyo y compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres.

Por Jasmin López

El 23 de julio, el Procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova, emitió un acuerdo en el que derogó la Política Institucional de Género, aduciendo que la PDH ya ha cumplido con los objetivos planteados en la normativa. 

La política institucional de género fue aprobada en el año 2016 con el objetivo de “institucionalizar la perspectiva de género en la estructura orgánica y funcional” de la PDH. Esta visión proponía tomar en cuenta las necesidades específicas de las trabajadoras y usuarias de la institución dentro de los manuales, procedimientos, resoluciones y comunicados, así como una revisión de los mismos con el fin de evitar el lenguaje sexista.

La política contemplaba acciones enfocadas en reducir la desigualdad de género dentro de la PDH, como brindar capacitaciones al personal, implementar el uso de lenguaje no discriminatorio, y promover campañas en favor de los derechos de las mujeres.

De acuerdo a la socióloga e investigadora feminista Ana Silvia Monzón, “no hay una base de evidencia que justifique que los fines de la política ya se cumplieron, al contrario, ha habido retrocesos en la garantía de los derechos de las mujeres.”

La experta indicó que esta acción es un reflejo de “la falta de acción y de contundencia” de Córdova en su trabajo dentro de la PDH, y se da dentro de un contexto sociopolítico en el que los discursos antiderechos humanos y, especialmente, en contra de los derechos de las mujeres, se están volviendo más comunes, incluso por parte de las instituciones estatales. 

“Es un mal mensaje, a nivel institucional”, señaló Monzón. La derogación de dicha política “debilita la defensoría de los derechos humanos de las mujeres, y debilita el posicionamiento estatal frente a los derechos de las mujeres”.