Tras anunciar que solicitaría la dimisión de la fiscal general Consuelo Porras, el mandatario Bernardo Arévalo envió una invitación formal a la funcionaria para que se reúnan el 24 de enero próximo en el Despacho Presidencial.

Por Prensa Comunitaria

Para esta junta, el gobernante le solicitó a la jefa del Ministerio Público (MP) un informe detallado, en el que se consigne los avances de los procesos penales iniciados para cumplir con los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El documento, además, deberá contener los criterios de persecución penal en los casos de libertad de expresión y prensa, debido a la criminalización a la que han estado sujetos reporteros y columnistas de elPeriódico.

El dignatario también pidió que se le proporcione información sobre la existencia de investigaciones en torno a la adquisición de vacunas contra el COVID-19, la falta de planificación para efectuar la inmunización y los retrasos en la entrega de las dosis.

Por último, Arévalo requirió que, en su informe, la fiscal general señale cuál es el protocolo de actuación del ente investigador al recibir notificaciones de medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La información proporcionada por la jefa del MP, según el presidente, se utilizará para girar instrucciones a los funcionarios del Organismo Ejecutivo que colaboran con el sector seguridad y justicia.

El mandatario ya había anticipado, hace tres días, que se le enviaría la carta a Porras para empezar el proceso sobre su posible salida de su cargo. Vale aclarar que el gobernante no puede destituir a la funcionaria, pero sí puede sugerirle que renuncie.

La dimisión de la fiscal general ha sido una de las exigencias de la población que, desde el 2 de octubre del año pasado, realizó un conjunto de plantones para defender la democracia ante las acciones del MP en contra de los resultados electorales.

De hecho, a raíz de la victoria del binomio presidencial del Movimiento Semilla en los comicios, el ente investigador emprendió un conjunto de acciones en contra de Arévalo, Karin Herrera y diputados de esa agrupación.

Si bien la mayoría de estas no han tenido éxito, la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Rafael Curruchiche, con el apoyo del juez Fredy Orellana, logró que el partido fuera suspendido. Eso imposibilita que el nuevo partido oficial dirija el Congreso de la República.

Otras acciones

Hoy se anunció que el presidente dejó sin efecto el acuerdo con el que múltiples trabajadores del gobierno de Alejandro Giammattei recibirían seguridad estatal tras dejar el cargo. “La seguridad debe estar al servicio de la ciudadanía, no de unos pocos”, aseguró el mandatario.