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Presentan iniciativa de ley contra la violencia digital

Crédito: Angie Ross

La diputada Ligia Hernandez de la bancada del Movimiento Semilla y diversas organizaciones de mujeres presentaron hoy ante el Congreso de la República la iniciativa de ley Contra la Violencia Digital, un paso que brindará protección a los derechos de las mujeres de diversas edades, para erradicar y sancionar la violencia en línea dirigida hacia ellas.

Según estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), un 65% de mujeres guatemaltecas ha experimentado algún tipo de violencia digital y el 70% de los perpetradores son identificados como hombres. Estos datos, para las organizaciones de mujeres subrayan la importancia de abordar la violencia digital sin generar más victimización.

Ximena Aguilar, de la organización Incide Joven, destaca la urgencia de tipificar la violencia sexual digital, ya que afecta a diversas poblaciones, incluyendo niñas, mujeres, adolescentes,  mujeres jóvenes, incluso la población LGTBIQ+, además de otras personas que también pueden ser víctimas. 



“Hay un factor de género que hace que la violencia sexual tenga un efecto diferente en nuestras vidas, porque se pierden trabajos, se afecta la reputación de las personas, se afectan su vida académica. Las mujeres vivimos de forma diferente estas violencias y por eso es urgente que la legislación responda”, expresó Ximena. Además, se enfatiza la importancia de la prevención y la necesidad de transformar la sociedad para eliminar la normalización de la violencia.

Ante esa situación, la diputada Ligia Hernandez, junto a organizaciones como Coincidir, Alas de Mariposa, Rise, OCAC gt, mujeres trabajadoras de casa particular y de maquila, entre otras trabajaron en la iniciativa de ley que busca erradicar la violencia digital.

La diputada explicó que esta iniciativa surge debido a que es necesario que el Ministerio de Gobernación, la PNC y el Ministerio Público puedan investigar de manera específica ciertos delitos que actualmente carecen de una tipificación adecuada en la ley. 

Uno de los ejemplos que la diputada mencionó es el grupo de Telegram llamado Talento Chapín, que involucró en actividades delictivas al divulgar de manera masiva imágenes íntimas de mujeres sin su consentimiento, pero que poco se pudo hacer más allá de la denuncia pública porque no se ajusta adecuadamente a las categorías legales existentes.

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¿Qué podría ser delito con la nueva ley?

Entre los delitos que se buscan tipificar se incluyen el ciberacoso, la violencia sexual digital, la extorsión sexual, la suplantación de identidad y el chantaje sexual. Estos delitos, relativamente nuevos por el creciente acceso a recursos digitales, presentan características específicas y agravantes cuando involucran a personas cercanas, como familiares, maestros o incluso en entornos laborales.

La iniciativa propuesta por la diputada y las mujeres organizadas, no solo se enfoca en tipificar adecuadamente los delitos relacionados con la violencia sexual digital, sino que también busca establecer penas significativas de tres a seis años de prisión para el que resulte culpable. El propósito principal de estas penas es prevenir y abordar de manera efectiva los diversos tipos de violencias en el entorno digital.

Además de las penas, la iniciativa busca garantizar la protección inmediata de las víctimas. Esto se lograría facilitando el informe a la PNC para que se puedan tomar medidas rápidas y efectivas contra los agresores. También se pretende que el material dañino o los datos relacionados sean retirados de las plataformas digitales de manera inmediata, lo que contribuiría a proteger la privacidad y la dignidad de las víctimas.

Un elemento importante de esta iniciativa es la oferta de una ruta de rehabilitación o reinserción para los agresores. Se reconoce que uno de los factores que han contribuido a estos delitos es la falta de educación sobre los riesgos del ciberespacio, el anonimato y la cultura machista. Por lo tanto, se busca abordar esta problemática no solo a través de sanciones penales, sino también ofreciendo la posibilidad de educar y reformar a los agresores para prevenir la reincidencia y promover un cambio en su comportamiento.