Familiares de las víctimas continúan esperando justicia a casi seis años de la tragedia. Esta es la cuarta vez, en lo que va del año, que se suspende el inicio del juicio contra ocho implicados.

Por Isela Espinoza

“Se están violentando los derechos de las víctimas y sus familiares”, dijo Brenda Maldonado, abogada de la Asociación Mujeres Transformando el Mundo, luego que se suspendiera de forma indefinida, por cuarta vez en lo que va del año, el inicio del juicio contra ocho implicado en la fase 1 y 2 del caso Hogar Seguro.

Esta mañana, el exsubcomisario de la Policía Nacional Civil (PNC), Luis Armando Pérez Borja, presentó una recusación contra la jueza Ingrid Vannesa Cifuentes, presidenta del Tribunal Séptimo Penal, para separarla del caso por declarar el abandono de su abogado defensor.

“Consideramos que no puede decretarse con lugar esa recusación ya que la jueza ha estado actuando apegada al derecho y no se ha violentado ningún derecho de los acusados”, señaló Maldonado cuya asociación representa a 11 querellantes.

Los familiares de las sobrevivientes y víctimas fallecidas han recorrido durante cuatro años un camino legal que ha retrasado el debate oral y público en contra de exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), instituciones de protección de menores y agentes de la PNC encargados de proteger las instalaciones del Hogar Seguro Virgen de la Asunción que se ubicada en el kilómetro 25 de la carretera a San José Pinula.

La recusación presentada por Pérez Borja fue calificada por abogadas de la Asociación Mujeres Transformando el Mundo como una “estrategia de la defensa”.

El 8 de marzo de 2017, 56 niñas se encontraban bajo llave en una pequeña aula cuando se produjo un incendio en el Hogar Seguro. La tragedia cobró la vida de 41 niñas y adolescentes. Mientras, 15 resultaron con heridas de gravedad y hoy figuran como querellantes adhesivos en el caso.