En la sesión 188 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tres exoperadores de justicia y una defensora de derechos humanos se sentaron frente a un grupo de comisionados para exponer el impacto del uso del sistema penal para perseguir opositores. Blanca Stalling, en representación del Estado, argumentó que no existe criminalización por parte del Estado y justificó la persecución a operadores de justicia, además, defendió la prisión preventiva de exoperadores de justicia, pese a que hace años fue denunciada por presionar a un juez para intentar que su hijo saliera de prisión.

Por Prensa Comunitaria

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó este 8 de noviembre a exoperadores de justicia en el exilio y a una delegación del Estado de Guatemala sobre la criminalización de opositores políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y funcionarios de justicia.

Cuatro personas desde el exilio hablaron ante el Estado de Guatemala el cual estuvo en forma virtual desde Guatemala. La exfiscal general Claudia Paz y Paz, el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, la exmagistrada Claudia Escobar, la exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Flor de María Gálvez y la defensora de Derechos Humanos Edda Gaviola.

En representación del Estado estuvo presente la magistrada Blanca Stalling, quien recientemente estuvo procesada por el delito de tráfico de influencias. Mientras ella permanece en el puesto, el juez que conoció el caso salió al exilio y enfrenta una orden de captura. Stalling en 2021 fue incluida dentro de la Lista Engel, de actores corruptos y antidemocráticos.

Un grupo de 44 personas exfuncionarias de justicia en el exilio; 9 organizaciones nacionales de derechos humanos que integran la Convergencia por los Derechos Humanos y 16 organizaciones internacionales, quienes fueron las peticionarias agradecieron a la Comisión que haya otorgado la audiencia para analizar el deterioro del sistema de justicia de Guatemala y la persecución contra operadores de justicia y personas que defienden derechos humanos.

Los comisionados que celebraron la audiencia fueron Esmeralda Arozamena, Jose Luis Caballeros comisionado y relator para temas de independencia judicial, el colombiano Carlos Bernal Pulido, el relator de libertad de expresión Pedro Vaca, la secretaria Tania Reneaum y la secretaria adjunta Diana Pulido.

Los presentes en la audiencia

Entre los que estuvieron presentes en la reunión figuran Jordán Rodas, Eva Siomara Sosa, Thelma Aldana, los ex fiscales Edgar Cabrera, Wendy Ordoñez, Carlos Videz, Lorenzo Bolaños, Pablo Barrios, Rudy Herrera, Luis Omar Mejía, Alfredo Tejeda, Erika Aifán, Carlos Ruano, Gloria Porras, los abogados Alejandro Rodríguez, los periodistas Michelle Mendoza, Nery Rodenas, Ana Elisa Samayoa y Alexander Valdez.

En la audiencia los exoperadores de justicia expusieron una serie de acciones que se repiten en los casos de criminalización, en donde se les presenta una denuncia espuria y a partir de ahí los jueces adoptan acciones en su contra.

A partir de las denuncias, según los disertantes, se inician supuestas investigaciones bajo reserva, en donde ellos no pueden tener acceso a los expedientes y defenderse, pero que, además, se les vulnera el derecho de defensa criminalizando a sus abogados.

Claudia González, abogada de exoperadores de justicia criminalizados, también fue detenida desde hace meses. Algo similar ocurrió en contra de los abogados que defendieron al periodista Jose Rubén Zamora en el juicio en su contra, en donde llegó a cambiar hasta en ocho ocasiones de defensor; al menos cinco de los juristas fueron procesados penalmente por acciones relacionadas a la defensa del fundador de elPeriódico

Miguel Estuardo Ávila, secretario Contra la Corrupción del Ministerio Público, señaló que no existía criminalización porque las persecuciones en contra de los exoperadores y periodistas se dio por actos ajenos a su cargo, pero el relator Vaca refutó el argumento indicando que hay un grupo de ocho periodistas que son perseguidos por la cobertura judicial que dieron a otro de los casos de criminalización.

Arozamena señaló que como exjueza de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, sabe de la existencia de la reserva en los procesos judiciales, pero que las mismas incluyen apartados para garantizar la correcta defensa de los sindicados.

Además, la comisionada volvió a pedir al Estado de Guatemala las autorizaciones para visitar las cárceles del país, hablar con los jueces, “pero no solo los que ustedes quieren si no todos los jueces con los que quisiéramos conversar”, expresó.

Los argumentos de los exoperadores

Escobar se refirió principalmente a los vicios que influenciaron la elección de los magistrados para integrar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2014 y las irregularidades que impidieron que se cambiara la magistratura en 2019.

La exmagistrada ahondó respecto a la prolongación ilegal de funciones de los magistrados por la intervención externa en la elaboración de las nóminas de postulación.

Gálvez, por su parte, explicó que existen 45 exoperadores de justicia en el exilio y 10 más que afrontan procesos penales en Guatemala por delitos que no cometieron y como parte de una venganza por desafiar a las élites corruptas del país.

La exmandataria de CICIG también expuso una serie de presiones para que los exfuncionarios acepten cargos, principalmente en contra de las mujeres que son atormentadas con la separación de sus familias. Además, Gálvez habló sobre las acciones en contra de los abogados encargados de defenderlos.

Gaviola indicó a la Comisión que existe una serie de dilaciones en los procesos penales para prolongar la prisión preventiva en los casos contra defensores de derechos humanos, periodistas y exoperadores.

La defensora explicó que elPeriódico tuvo que cerrar por la detención de su fundador y la persecución en contra de otros ocho periodistas, varios de ellos en el exilio. En total tiene el recuento de 23 periodistas en el exilio y muchos de los casos se mantienen en reserva para obstaculizar su defensa.

Paz y Paz evidenció la persecución sistemática en contra de las autoridades electorales, del partido Movimiento Semilla y del binomio presidencial electo conformado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera.

La exfiscal argumentó que estas acciones buscan limitar la alternancia del poder a través de la limitación para que asuman la presidencia y vicepresidencia.

Además, explicó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha sido allanado 4 veces, secuestraron actas originales, citaron a digitadores y a integrantes de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), por lo cual pidió que se conocieran con celeridad las solicitudes de medidas cautelares porque el exdirigente indígena Noé Gómez ya no pudo ser beneficiado porque lo asesinaron antes de que se resolviera.

Por último, Sandoval expuso las peticiones que se centraban en que la CIDH emitiera un pronunciamiento para instar al Estado de Guatemala cesar la persecución y acoso judicial en contra de sus opositores o de la prensa incómoda.

Asimismo, el exfiscal pidió que se otorguen medidas de protección a los dirigentes indígenas que encabezaron las protestas, que se estructuralice el caso por los vicios en el proceso de postulación de la CSJ de 2014 y que se mantenga a Guatemala en el Capítulo 4 del informe de países con corrupción sistemática.

El Estado intentó minimizar los señalamientos

Ramiro Contreras director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) dijo que las personas que se habían ido del país lo habían hecho de forma voluntaria y que no era responsabilidad del Estado.

También señaló a los operadores de no utilizar argumentos verificables y verídicos en su intervención, defendió el actuar del Ministerio Público y del presidente Alejandro Giammattei, aduciendo que por la implementación de fiscalías y comisiones presidenciales se estaba combatiendo la corrupción.

Los comisionados recriminaron a Contreras su poca disposición para el diálogo porque consideraron que la negativa rotunda a los hechos denunciados imposibilitaba una comunicación fructífera.

“Es un diálogo que no tiene una respuesta. ¿Cuáles son los puntos que vamos a dialogar si hay una negación de los planteamientos que se han hecho?”, cuestionó la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño.

Otros comisionados también manifestaron su preocupación por una postura alejada por parte de Contreras, quien, además, no se refirió a los casos concretos expuestos por los exoperadores.

Paz y Paz le pidió a Contreras leer los informes de la propia CIDH porque muchos de los datos expuestos ahí habían sido obtenidos de esos informes, que fueron constatados por la Comisión e incluidos en su informe anual.

Asimismo, la exfiscal general explicó que su salida del país no fue acto voluntario, ya que fueron obligados por un Estado que los persiguió y que eso queda evidenciado a través de las decisiones de los Estados que les han otorgado el estatus de asilados o refugiados.

Blanca Stalling representando al Estado

La exmagistrada, Blanca Stalling, señalada de traficar influencias para que su hijo obtuviera medidas sustitutivas participó como parte de la delegación guatemalteca y aseguró que no existía criminalización contra los exoperadores de justicia.

“El problema que tienen nuestros jueces es que no se puede dar medida sustitutiva porque existe peligro de fuga, obstaculización de la investigación u obstrucción la justicia”, dijo Stalling para justificar la prisión preventiva de los exoperadores de justicia, pese a que hace unos años ella intentó presionar al juez Carlos Ruano para que su hijo saliera de prisión.

La magistrada incluso resaltó que Mariscal Zavala era una prisión que les preveía protección para que no fueran expuestos contra los sindicados de corrupción, pese a que muchos de los procesados por la antigua FECI están recluidos en ese lugar.

Pese a que Stalling quería continuar justificando la persecución contra exoperadores, la comisionada Arozamena interrumpió los alegatos de la magistrada para explicarle que había sobrepasado ampliamente el tiempo permitido y recordarle que la Comisión lleva dos años solicitando al Estado de Guatemala la posibilidad para visitar presencialmente el país y no se ha autorizado.