Cuando Virginia Laparra fue detenida, su cuerpo reaccionó con el desmayo. Más de 10 años de carrera en el Ministerio Público con una trayectoria intachable le fueron correspondidos con cárcel. Con una presencia policial desmedida, se materializó la voluntad de tres hombres, que desde hace 4 años han buscado callarla por realizar su trabajo. En un proceso que, según opiniones expertas, se califica como tortura psicológica, Virginia Laparra se encuentra privada delibertad en el Centro de Detención Mariscal Zavala desde hace más de un mes. Como ella afirma en una carta, la han apresado por ser mujer, por haber liderado en Quetzaltenango la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI-, por tener un grado académico de doctorado y por ejercer su derecho de defensa.

¿Quién es Virginia Laparra?

Virginia Laparra Rivas es una abogada de 42 años nacida en Quetzaltenango. Trabajó para el Ministerio Público -MP- por 16 años, desempeñando en los últimos seis años la jefatura de la Fiscalía Especial Contra La Corrupción -FECI- de Noroccidente, convirtiéndola en la segunda persona al mando, luego de Juan Franscisco Sandoval quien actualmente se encuentra exiliado.

Ella es la hermana mayor de cuatro hermanos y madre de dos niñas. Su hermano Luis Carlos Laparra la describe como una mujer fuerte y comprometida con su trabajo y dedicada como madre “en sus tiempos libres la pasaba con sus hijas. Pasaba todas las vacaciones con sus hijas” expresa.

Una de las razones por las que Laparra se dedicó a la carrera del derecho es su madre, quién se graduó a los 50 años de edad. “Cuando éramos chiquitos la veíamos sacarnos adelante, entre familia, trabajo y estudio” comenta Luis, quien asegura que esa determinación de su madre influyó en que varios de ellos ahora sean abogados.

Virginia durante su infancia y juventud hizo sus estudios principalmente en el Liceo Evangélico La Patria; la carrera de derecho en el Centro Universitario de Occidente -CUNOC- de la Universidad de San Carlos. También tiene una maestría y un doctorado en derecho procesal. “Ella lo que buscaba era no conformarse con las investigaciones que se hacían, sino hacer una investigación más profunda y presentar un caso justo y objetivo ante el juez” indica su hermano, admirando la determinación de ella como exfiscal.

Además debía someterse a evaluaciones de desempeño anuales. La última realizada en 2021, Rafael Curruchiche, actual jefe de la FECI, la calificó con 100 puntos. “Ella tiene una carencia de sanciones, significa que en 16 años nunca ha tenido una queja” afirma su hermano.

Queda claro que el trabajo de Virginia Laparra estaba determinado por su compromiso con la verdad y la justicia; como funcionaria pública y como persona, ya que fue demostrando sus valores y principios por hacer de Guatemala un país más justo.

“Creo que me van a aprehender”

Era jueves 23 de febrero, Virginia estaba a punto de salir de su oficina en Quetzaltenango, esa tarde viajaría a la Ciudad de Guatemala junto a su abogado para estar al día siguiente en una audiencia con el juez Sergio René Mena. Cuando vio que aproximadamente 20 agentes de la DEIC y tres patrullas se encontraban afuera de su oficina, llamó a su abogado.

Era un escenario que, aunque posible, veían muy lejano porque los delitos con los que el juez Lesther Castellanos señaló a Virginia, no son graves ni merecedores de orden de aprehensión. Sin embargo, todo ese despliegue de fuerza policial se utilizó para detenerla. Llamó la atención que el mismo día que se giró la aprehensión se ejecutó, como no sucede en otros casos, afirma el abogado de Virginia.

A Virginia se le acusa de no tener las facultades para denunciar administrativamente al juez de mayor riesgo de Quetzaltenango Lesther Castellanos, a quien se le habían presentado 4 denuncias administrativas, una de las cuales le implicó una sanción disciplinaria. La presentación de una denuncia de este tipo es un derecho de toda persona.

Cuando preguntaron el motivo de la detención, la fiscal del MP se mostró nerviosa y se limitó a decir “porque son órdenes de mi agente fiscal”. Además, aseguró que de no ser así había peligro de fuga, cosa desmentida por el abogado de Virginia ya que era un hecho que asistirían voluntariamente a la primera audiencia.

Al momento de ser detenida se desmayó, era muy profundo el impacto y el sentimiento de agravio e injusticia, además de sus padecimientos médicos con la presión arterial. Fue trasladada al IGSS y horas después solicitó salir voluntariamente, ya que era fundamental resolver su situación legal lo antes posible.

“En ese momento comenzó el calvario. Se coordinó que el juzgado la trasladara a Guatemala de forma urgente. Yo iba en un vehículo atrás de ella hasta que llegamos a Torre de Tribunales y es allí donde comienza toda la situación realmente mala” narra el abogado de Virginia.

Llegó a la Ciudad de Guatemala de madrugada. El mismo juez que debía escuchar a Virginia fue quien giró la orden de detención contra ella por un nuevo caso iniciado en la ciudad, pero se negó a celebrar la audiencia bajo el argumento de que le correspondía a un juez de turno. El juez de turno también se negó, y en esa incertidumbre transcurrieron 4 días sin que Virginia fuera escuchada por un juez. Permaneció 2 días en una carceleta de 1.5 x 2 m en el sótano de Torre de Tribunales, hasta que fue trasladada a Mariscal Zavala.

Es hasta el 3 de marzo que Virginia fue escuchada en su primera declaración. El juez Mena ordenó que fuera encarcelada en el Centro de Matamoros, por lo que la defensa de Virginia se opuso, además el Sistema Penitenciario anunció que no había espacio. Finalmente se determinó que el lugar “más seguro” sería Mariscal Zavala, en donde se encuentra actualmente.

Un estado que tortura psicológicamente

En una bartolina con una puerta de metal y una pequeña ventana, Virginia permanece encerrada todo el día. Solamente puede salir una vez a recibir el sol por una hora. Pese a que argumentó que ella padece de claustrofobia, la única salida que el juez Mena dio fue que la trasladaran al Hospital Psiquiátrico Federico Mora. Un miembro del equipo Disability Rights International que ha visitado este lugar para verificar las condiciones de derechos humanos dijo que son terribles y, en su opinión, “están en un algún lugar entre Willowbrook y un campo de concentración”.

La psicóloga clínica y especializada en género, Vania Morales, afirma que hay una responsabilidad estructural en la tortura psicológica contra Virginia Laparra. Esta involucra al Estado de Guatemala y especialmente al Organismo Judicial y al MP, ya que conociendo las condiciones médicas y psicológicas de ella, insisten en tenerla encarcelada.

“Lo que ellos están haciendo es una tortura psicológica, porque ella tiene predisponentes, es decir, condiciones previas y traumas como la claustrofobia. Al tenerla encerrada lo que están haciendo es re-traumatizarla y eso es una tortura psicológica, además con conocimiento”, explica.

La retraumatización, explica Vania, es una forma de tortura porque genera reacciones en el cerebro que hacen que Virginia esté en un estado de estrés, miedo y alerta permanente. El trauma es una experiencia dolorosa no resuelta, se graba a nivel biológico, a nivel celular y puede causar enfermedades psicosomáticas.

“Hay que tener claro que ella es la víctima y no tiene por qué entender la situación como algo lógico, porque ellos están abusando de su poder y este es un abuso estructural, viniendo desde el Estado mismo, y eso genera trauma, en ella y en cualquier mujer que se pueda identificar con ella”, añade la psicóloga.

Virginia ha estado privada de su libertad desde el 24 de febrero de 2022. En el Mariscal Zavala está rodeada de personas procesadas por casos de corrupción, como los que ella investigaba siendo jefa de la FECI.

Mediante una carta abierta, Virginia Laparra se expresó con la ciudadanía y habló sobre el desarraigo que representa estar lejos de su familia, de su casa y de su departamento, Quetzaltenango. “Es una discriminación y criminalización selectiva y malévola que tiene como fin erradicar cualquier posibilidad de que en el futuro un fiscal, se atreva a denunciar a un juez, eso es una venganza”, menciona.

El hecho de castigar a las mujeres por hacer su trabajo es una estrategia pensada, de acuerdo con la psicóloga Vania Morales, es muy parecida a las formas de inquisición históricas. “El encarcelamiento de Virginia es una estrategia planificada para fomentar el temor y mandar un mensaje de abuso de autoridad y de poder en contra de una mujer que está ejerciendo un puesto de liderazgo que comúnmente ha sido utilizado por hombres. ​​Hoy no estamos quemando a las mujeres, las estamos encerrando en las cárceles a la par de depredadores y delincuentes que sí merecen estar allí”.

Mientras tanto, el juez que denunció a Virginia Laparra y por el cuál ella se encuentra privada de libertad en condiciones que afectan su integridad, Lesther Castellanos, fue nombrado por 111 diputados como relator de la Oficina de Prevención Contra la Tortura.

La violencia de género contínua y sus perpetradores

En la denuncia por abuso de autoridad y usurpación de funciones contra Virginia Laparra aprecen tres querellantes: Lesther Castellanos, Omar Barrios y la Fundación Contra el Terrorismo de Ricardo Méndez Ruíz. Desde hace 4 años los dos primeros buscaban criminalizarla desde Quetzaltenango, el tercero se sumó a la denuncia con el argumento de que los hechos ocurrieron en la Ciudad de Guatemala.

Hasta el momento ​se desconoce cuáles son los argumentos de Omar Barrios para estar como querellante. Además, el acoso de Castellanos y Barrios se expresa en descalificaciones hacia su trabajo y su título, diciendo que ella “nunca tuvo un éxito importante” como fiscal de la FECI, en contraste con lo que consta en sus evaluaciones de excelente desempeño.

Vania Morales analiza que la detención de Virginia es resultado del continuum de violencia a la qué ha estado sometida por la labor que realizaba como fiscal, una labor ejemplar. “Es un continuum, se empezó con acoso, burlas, que van en el marco de la violencia de género. Está siendo descalificada profesionalmente desde su condición de mujer por hombres que usan formas infantiles para burlarse. Los hombres han aprendido a manifestar sus inseguridades y temores a través de la violencia”, explica.

La violencia de género también es estructural y política cuando las instituciones del Estado son usadas para privar de libertad a una mujer por ejercer sus derechos y realizar sus funciones, en este caso, como fiscal.

La audiencia de etapa intermedia estaba programada para el 18 de abril, sin embargo, tras la publicación de la carta abierta de Virginia, el juez Mena solicitó dejar de conocer el caso, lo que retrasa que su situación jurídica se resuelva.