Abogadas defensoras de la exfiscal Virginia Laparra solicitaron una audiencia en la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que ella pueda salir de la cárcel y enfrentar el proceso penal con arresto domiciliario. Ella ya fue beneficiada con esa medida en Quetzaltenango, por otro caso en su contra, pero no puede salir de prisión porque no se le ha otorgado la medida en la ciudad capital.

Por Andina Ayala

 Este jueves 3 de agosto, en la plaza de los derechos humanos, a un costado de la Torre de Tribunales en la ciudad capital, las abogadas de Virginia Laparra, exfiscal de la La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dieron una conferencia de prensa donde presentaron un segundo memorial de revisión de medidas, sobre la sentencia contra Virginia que hizo la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal, el pasado 9 de mayo del 2023.

 La exfiscal enfrenta dos procesos penales, uno en Quetzaltenango, en donde fue beneficiada con prisión domiciliaria y el segundo, en la ciudad de Guatemala, que obtuvo una sentencia de cuatro años conmutables y es la razón por la cual las abogadas presentaron el segundo memorial de revisión de medidas. “De esa condena, ya ha purgado en prisión dieciocho meses, es casi la mitad”, acotó su abogada Claudia González.

 Ese proceso penal que Virginia tiene abierto en la capital, es el que le impide salir de la cárcel y ser beneficiada según lo que se resolvió en Quetzaltenango. Además, según su equipo legal, al tratarse de una sentencia “conmutable” dictada en la capital, se puede pagar económicamente, algo que tampoco se les ha permitido hacer y les causa indignación. 

 Las abogadas explicaron que otro elemento es que la Corte Suprema de Justicia  tiene la facultad de otorgar la libertad anticipada, porque así lo contempla el Código Procesal Penal, para no violentar la libertad de una persona. 

 Gonzáles, compartió que prepararon un listado de argumentos legales que la Sala de Apelaciones tenía que revisar, pero la sala confirmó la sentencia sin fundamento. “Como no estamos de acuerdo con esa decisión, venimos a la Cámara Penal, por segunda vez, para que analice esa sentencia”, explicó.

Las abogadas resaltaron que los argumentos que exponen, ahora a la Cámara Penal, “siempre han sido de motivos de fondo”, según Claudia, y añadió que espera que  la Cámara Penal rectifique la sentencia contra Virginia, porque tiene un cúmulo de “horrores” legales cometidos.

 Geraldina López, otra de las abogadas de Virginia, añadió que  los principios ante los cuales se debe regir el proceso penal no se respetaron en el caso de Virginia.

  La respuesta que espera el equipo legal por parte de la Cámara Penal, podría tomar entre quince a veinte días. Mientras esto sucede, las abogadas compartieron que Virginia sigue defendiendo su inocencia, entre altibajos e incluso violencia a su derecho a la salud, su convicción y honestidad la mantienen en pie. 

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 Casos contra Virginia

 El primer caso en contra de Virginia se generó porque ella presentó en octubre del 2018 cuatro denuncias contra el exjuez de Mayor Riesgo en Quetzaltenango y ahora Relator contra la Tortura, Lesther Castellanos Rodas, ante la Junta de Disciplina Judicial, debido a que consideró que él colocó en riesgo una investigación que en ese entonces tenía a cargo, al dar declaraciones en medios de comunicación.  

 El 16 de diciembre del 2022, Virginia fue condenada por abuso de autoridad a cuatro años de cárcel por la jueza del Tribunal Octavo del Ramo Penal, Oly González, que la culpó de no tener autorización del jefe de la FECI en el 2018, Juan Francisco Sandoval, para presentar las denuncias contra Castellanos. La jueza ignoró diferentes medios de prueba como los correos que Virginia envió a Sandoval y que fueron presentados por su defensa en el juicio. 

 La defensa de Virginia también argumentó que presentar denuncias administrativas contra Castellanos no podía considerarse delito. 

 El segundo caso contra Virginia se inició porque supuestamente reveló secretos al solicitar la suspensión de una audiencia pública realizada el 4 de julio del 2017, debido a que mencionó que estaba en análisis la participación del exfutbolista René Villavicencio, quien trabajó en el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) y fue colaborador eficaz, pero era acusado por vender información de la CICIG sobre las investigaciones en contra de funcionarios de Xela.

 En ambos casos contra Virginia, Lesther Castellanos es denunciante y se hace acompañar de la Fundación Contra el Terrorismo.

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El 26 de julio del 2023, en Quetzaltenango, el juez Moisés de León otorgó arresto domiciliario a Virginia por el segundo caso, no obstante, esta decisión no es aplicable para el juicio que ya tuvo una condena de cuatro años de prisión conmutables en la ciudad de Guatemala. 

 El caso que ella afronta en la ciudad Altense culminó la fase de investigación, la fecha para comenzar la fase de juicio estaba programada para el 17 de agosto, sin embargo, el Ministerio Público recusó al juez, porque no estuvo de acuerdo en otorgar la prisión domiciliar a Virginia. Para las abogadas esto retrasará el proceso y llena de incertidumbre al equipo y a la acusada. 

Criminalización a operadores de justicia

 Organizaciones internacionales y de la sociedad civil en Guatemala, que han acompañado el caso, continúan exigiendo su libertad y señalan que la detención de Virginia es una medida arbitraria vinculada a los casos que ella trabajó cuando era fiscal de la FECI durante el tiempo que la Comisión Intencional Contra la Impunidad (CICIG) funcionó en el país.

 “Virginia representa la criminalización que están viviendo operadores de justicia, jueces, periodistas y demás personas que han denunciado casos de corrupción. Valoramos que se envié un mensaje fuerte de libertad para ella”, dijo Mayra Rodríguez de la organización Centinelas.