La periodista Anastasia Mejía y Petrona Siy, defensora de derechos humanos y presidenta de la Asociación de Comerciantes de Joyabaj, Quiché, deberán esperar y seguir en prisión hasta el 28 de octubre poder rendir su primera declaración ante un juez, luego de un incidente confuso que aún sigue sin esclarecerse de parte del Sistema Penitenciario.

De manera sorpresiva, la noche del 14 de octubre, familiares de Anastasia recibieron una llamada de ella informándoles que al siguiente día, el 15 de octubre, se llevaría a cabo la audiencia de primera declaración. La penitenciaria de mujeres en Quetzaltenango, recibió una notificación para trasladar a Anastasia y a Petrona a la granja Penal de Cantel para llevar a cabo la audiencia de primera declaración.

El jueves 15 de octubre, Anastasia y Petrona fueron trasladadas a la Granja Penal de Cantel para enlazarse a través de una videollamada con el juzgado en Quiché, pero en ese juzgado no tenían ninguna información de que se llevaría a cabo la audiencia ese día.

“No teníamos programada esa audiencia para hoy dentro de la presente carpeta judicial”, mencionó el secretario del Juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Cruz del Quiché, César Augusto Zacarías Garzona el 15 de octubre al ser entrevistado por Gilberto Escobar de Prensa Comunitaria, añadió que existen varias personas sindicadas en el caso e hizo énfasis en que las audiencias se han dividido en diferentes fechas.

Este lunes 19 de octubre, al consultar nuevamente al Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Medio Ambiente para buscar aclarar por qué no se notificó de la audiencia el pasado 14 de octubre, Zacarías Garzona informó que la razón por la que la audiencia de primera declaración de Anastasia y Petrona Siy se ha retrasado “es debido a la agenda que tiene el juzgado, pues tienen aplazadas audiencias desde hace meses por la pandemia covid-19”.

El entrevistado destacó que los casos que van llegando “deben esperar para poder programar audiencia de primera declaración” y que actualmente están realizando aproximadamente 10 audiencias por día, pero que en un caso tan complejo como este, se reprogramó y dividió en tres audiencias para poder dar el espacio necesario a todas las partes procesales.

“Para ver unos vídeos de prueba nos tomó aproximadamente tres horas. La sala de audiencias es muy pequeña también y al ingresar a tres detenidos, con sus abogados defensores que a veces son más de dos, más querellantes, querellantes adhesivos, Ministerio Público y demás, se ve abarrotada la sala”, comentó  Zacarías Garzona, quien además, hizo énfasis en que el problema no es la fecha en la que se programa una audiencia, sino “el espacio disponible para escuchar a todas las partes procesales y que coincida con la disponibilidad en Quetzaltenango”.

Zacarías Garzona, destacó que Anastasia y Petrona se encuentran recluidas en Quetzaltenango porque en Quiché no tienen una penitenciaria para mujeres.

No han sido escuchadas

Luego de ser detenidas el 22 de septiembre, Anastasia y Petrona esperaron 16 días encarceladas para que se realizara la audiencia de su primera declaración el 8 de octubre, pero la audiencia fue suspendida por la falta de disponibilidad para realizar una videollamada en la sala de audiencias de la Granja Penal Cantel, en Quetzaltenango, donde las sindicadas guardan prisión preventiva.

Esa conexión virtual que las enlazaría con el Juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Cruz del Quiché no pudo ser establecida y la audiencia fue suspendida y reprogramada para el 28 de octubre por la jueza Susy Elizabeth Pérez Cabrera, a pesar que las abogadas defensoras insistieron en que se llevara a cabo o se liberara a sus defendidas.

¿Quién notificó de la audiencia para el 15 de octubre?

Hasta el momento, no se sabe quién notificó a la penitenciaria en Quetzaltenango donde se encuentran recluidas Anastasia y Petrona desde el 22 de septiembre, para que las trasladaran a la Granja Penal Cantel para realizar la audiencia de primera declaración. Quedan varias dudas, pues Anastasia y Petrona fueron trasladadas oficialmente pero la audiencia de primera declaración no se notificó al juzgado de Quiché

Detención después de reportar información

Anastasia documentó el 24 de agosto la manifestación en la que varios ciudadanos de Joyabaj, en plena protesta, quemaron dos motocicletas e incendiaron la puerta de la municipalidad por las irregularidades que la población denunció en contra de la gestión del alcalde Florencio Carrascosa. Al ser directora de Xol Abaj Radio y Xol Abaj TV, la periodista documentó y transmitió en vivo estos acontecimientos.

Por su parte, Siy es la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Joyabaj y representa a más de 200 comerciantes que fueron retirados de sus puestos de venta en la plaza central de Joyabaj por la pandemia de coronavirus, que les impidió trabajar durante casi 5 meses, vender sus productos y generar ingresos. En esa ocasión, algunas de las y los comerciantes acudieron a una reunión para exigir respuestas al alcalde sobre su situación ese 24 de agosto, junto con Petrona, pero se sabe que fue otro grupo el que inició los disturbios de los que se les culpa.

Además, según una nota del periodista Nelton Rivera publicada en Prensa Comunitaria, Anastasia fue concejal séptima de la municipalidad de Joyabaj en la administración pública anterior, donde Carrascoza figuraba también como alcalde. En este período, Carrascoza evitaba que tuviera participación dentro del Concejo Municipal razón por la presento ante el Ministerio Público una denuncia contra él, pero no avanzó.

También en la nota de Rivera, se indicó que Anastasia afirmó desde la penitenciaria de mujeres de Quetzaltenango que la acusan porque ella transmitió durante tres horas continuas lo que sucedió el 24 de agosto.

Un alcalde con rechazo popular

Carrascoza lleva más de 15 años en el poder local de Joyabaj y en innumerables ocasiones la población ha denunciado irregularidades en las administraciones municipales que ha liderado. El 5 de diciembre de 2016, representantes de 20 comunidades y varias personas a título individual se plantaron frente a la sede del Ministerio Público (MP) local para denunciar actos de corrupción contra el alcalde, quien en ese entonces acumulaba al menos unas 14 denuncias en un año de gestión. En ese momento se le denunciaba por el desfalco de Q20 millones por la compra de 700 estufas y sobrevaloración de obras de infraestructura y programas sociales.

Carrascoza ha acumulado 24 denuncias en el MP, algunas de ellas por violencia contra la mujer, enriquecimiento ilícito, malversación y casos especiales de estafa; 7 delitos en el Organismo Judicial, por violencia intrafamiliar y tres antejuicios; y, en la Contraloría General de Cuentas –CGC- existen reparos por 17 hallazgos entre el 2013 al 2016, por varios incumplimientos a la ley de contrataciones del Estado, por los que el alcalde pagado Q123 mil 445.