Llegó la etapa de conclusiones en el juicio contra la exfiscal quezalteca Virginia Laparra. El Ministerio Público (MP) pidió que se le condene a 8 años de prisión por “abuso de autoridad continuado” y los querellantes se adhirieron a la solicitud, añadiendo una disculpa pública. Ellos insisten en que la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) de Quetzaltenango “abusó de su poder” al denunciar administrativamente al entonces juez Lesther Castellanos. 

Barrios da su testimonio

Previo a iniciar las conclusiones del juicio, Omar Barrios dio su testimonio, quien había estado ausente durante el proceso por una actividad oficial en la que participó como representante del Ministerio de Finanzas (Minfin) ante la Comisión Portuaria. 

En su declaración, resaltó que se considera agraviado por las acciones de la fiscal Virginia Laparra, ya que ella hizo mención de su nombre en una de las denuncias administrativas que presentó contra el entonces juez Lesther Castellanos.

La denuncia en mención se trata de la segunda denuncia administrativa presentada por Virginia Laparra en el 2018, donde describe que Omar Barrios publicó información de un expediente de un caso que Castellanos había conocido, revelando información que ponía en riesgo el proceso penal donde Virginia era la fiscal encargada. Al cuestionarle, Barrios negó haber recibido esta información. 

Durante la etapa de presentación de pruebas, Omar Barrios propuso a la ex mandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), Flor Gálvez como testiga. Esto bajo el argumento de que había actuado junto a Laparra. No obstante, el querellante adhesivo cometió un error al escribir el segundo apellido, por lo que fue obligado a renunciar al testimonio. 

No permiten pruebas de la defensa

Las abogadas defensoras de Virginia Laparra expusieron que ella no es la primera fiscal en denunciar a un juez, pero sí la primera en ser criminalizada por hacerlo. Para respaldarse, buscaron incorporar documentos donde constan otras denuncias de este tipo desde el 2001.

La jueza no admitió estos documentos como pruebas, y los querellantes también pidieron que no se admitieran. No obstante, la abogada Claudia González pudo incorporarlas como argumentos de respaldo en sus conclusiones. En total, se registraron más de 200 denuncias administrativas contra jueces interpuestas por fiscales, auxiliares fiscales o agentes fiscales. 

Piden más prisión e inhabilitación para Virginia

El MP, Omar Barrios, Lesther Castellanos, La Fundación Contra el Terrorismo (FCT) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentaron, en ese orden, sus conclusiones. Sus exposiciones estuvieron cargadas de voces alzadas, golpes de mesa y descalificaciones hacia el trabajo de la Feci y la antigua Cicig.

El MP solicitó que se condene a Virginia Laparra a 8 años de prisión inconmutables, el pago de la publicación de la sentencia en los diarios de mayor circulación, y la inhabilitación de su ejercicio como abogada y funcionaria pública durante la condena. La pena original era de 6 años, pero pidieron sumar un tercio más (2 años) porque consideran que el abuso fue “continuado”. 

Barrios y Castellanos resaltaron que se han sentido agraviados en un plano personal, familiar y profesional. Además, su argumento se basa en que la Feci debía perseguir a los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciacs) y que ellos “no son ciacs ni crimen organizado”.

Castellanos además calificó de “descarriada en su función” a Virginia Laparra, enfatizando que fue un “emborrachamiento de poder” y una actuación “enferma” el hecho de que ella lo haya denunciado administrativamente. Afirmó que la exfiscal se aprovechaba de la sensación de “miedo” que la Feci generaba. 

Raúl Falla de la FCT se expresó en múltiples ocasiones en contra de la presencia de verificadoras de derechos humanos en las audiencias. Además, mencionó que la conducta de Virginia “fue sistemática y perversa” y una “extralimitación de funciones” junto con el actuar de la Cicig. Apeló a que la jueza condene a Virginia para sentar un precedente contra la Cicig y la Feci y sumó como petición que Virginia se disculpe públicamente con Barrios y Castellanos.

La PGN no ahondó en sus argumentaciones y se sumó a las peticiones anteriores, además hizo mención de tener vista una solicitud de reparación para el Estado.

“Esto es criminalización” 

Claudia González se puso de pie y tomó la palabra. Expuso sus conclusiones basadas en cuatro puntos: 1. Que Virginia tenía la legitimidad de presentar denuncias, 2. Que no actuó de forma arbitraria, 3. Que Virginia no abusó de su poder y 4. Que no se probó la existencia de un perjuicio o daño contra Castellanos y Barrios, quienes se consideran agraviados.

El primer argumento se basa en que no hay una normativa que establezca que una fiscal no puede denunciar administrativamente a un juez. La abogada agregó que, de hecho, era obligación de Virginia denunciar las actuaciones que pusieran en peligro la investigación de la que ella estaba a cargo. “Tenía la obligación de denunciar. De no hacerlo, debía ser denunciada por omisión”, explicó. 

Además, resaltó que Virginia no actuaba de manera arbitraria porque 1. Su jefe inmediato, Juan Francisco Sandoval, estaba enterado de sus denuncias y las había autorizado de manera oral, 2. Virginia tenía motivos razonables para considerar que Castellanos había filtrado información.

Asimismo, la defensa expuso que Virginia no pudo haber abusado de su poder porque ella no tenía la decisión final de sancionar a Lesther Castellanos, sino que simplemente presentó las denuncias. “No se utilizaron los recursos de la Feci ni se realizó ninguna investigación desde la fiscalía”, resaltó González.

La abogada explicó que, durante el juicio, no se había determinado la afectación (material, psicológica o de otro tipo) que Castellanos había sufrido como resultado de las denuncias presentadas por Laparra. Por este motivo, existía una ausencia de perjurio, lo cual significa que no existió abuso de autoridad. Según González, tampoco hay pruebas de que se haya perjudicado el bien jurídico titular que, en este caso, es la administración de justicia. 

La defensa de Virginia Laparra señaló también que existieron inconsistencias en el tiempo, modo y lugar de los hechos denunciados, por lo que calificó la investigación del MP como deficiente, aunque se realizara con suficiente tiempo (4 años).

Las denuncias que presentó el MP como pruebas, según González, no contaban con un sello de recibido que coincidiera con la fecha que fueron entregadas, por lo que no era posible establecer cuándo fueron presentadas. Las direcciones donde se presentaron también cambiaban, por lo que era imposible establecer dónde. “Tampoco hay causalidad”, señaló. 

“Lo que tenemos aquí es la criminalización de Virginia Laparra por presentar unas denuncias (…) Es odio hacia el trabajo de la Feci pues no existe una plataforma fáctica”, señaló González. Finalizó su presentación de conclusiones solicitando que Virginia Laparra sea absuelta de los cargos.