Emma Theissen Álvarez ha buscado justicia por la desaparición de su hijo, Marco Antonio Molina Theissen y la violación de su hija, Emma Guadalupe, a manos del ejército de Guatemala por más de cuarenta años. 

En el 2018, el tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo C, sentenció a Luis Gordillo Martínez por la violación con agravación de Emma y a otros 3 militares por la desaparición de Marco. Ahora, aunque los sentenciados insisten en presentar apelaciones y otros recursos que buscan revertir la condena, el dictamen permanece firme. 

La Sala Primera de la Corte de Apelaciones conoció un recurso de inconstitucional presentado por Gordillo Martínez el 20 de abril. Sin embargo, resolvió cumplir con la resolución dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en marzo y negó las medidas sustitutivas a los sentenciados, por lo que deberán seguir en la cárcel.

El caso 

El 27 de septiembre de 1981, el ejército detuvo a Emma Guadalupe Molina Theissen y la mantuvo en custodia ilegal por nueve días en la base militar de Quetzaltenango “Manuel Lisandro Barillas”. Durante este tiempo, Emma fue sometida a golpes, tortura, interrogaciones y violaciones sexuales, pero logró escapar por una ventana. 

Días más tarde, el 6 de octubre, sujetos desconocidos ingresaron a la casa de la familia Molina Theissen por la fuerza, donde se encontraba Marco Antonio, el hermano de 14 años de Emma y su madre, Emma Theissen Álvarez. Golpearon a la madre y le colocaron grilletes a Marco. Luego, metieron al niño a un costal y lo arrojaron a la palangana de un pickup con placas oficiales. 

Esa fue la última vez que la familia Molina Theissen vio a Marco Antonio. Según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), su desaparición forzada fue “una represalia por la huida de Emma y por la actividad política de la familia en general”, pues habían estado involucrados con grupos críticos al gobierno. 

La búsqueda de la familia Molina Theissen 

Las dos Emmas, junto a su familia, no han dejado de buscar. Desde el momento de la desaparición de Marco, su madre interpuso múltiples recursos de exhibición personal ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). También solicitó un Procedimiento Especial de Averiguación. En 1998, el CEJIL y el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) presentaron una denuncia en contra del Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. 

Años más tarde, en 2004, el caso fue llevado ante la Corte IDH, quien declaró al Estado como el responsable de las violaciones sufridas por la familia Molina Theissen. Esta entidad, además, ordenó al Estado de Guatemala investigar los hechos e identificar, juzgar y sancionar a los autores intelectuales y materiales de la desaparición forzada de Marco Antonio. 

La Corte IDH también ordenó que el Estado de Guatemala investigue y localice el paradero de Marco. Sin embargo, casi veinte años después, esto no ha sucedido y los esfuerzos realizados para lograrlo han sido limitados. 

Treinta y siete años después de los hechos, el juicio por la desaparición de Marco Antonio, inició el 1 de marzo del 2018. Durante dos meses y medio, el tribunal del Juzgado de Mayor Riesgo C conoció múltiples evidencias documentales, testimoniales y periciales que le permitieron, en la madrugada del 23 de mayo, sentenciar a cincuenta y ocho años de prisión a altos rangos del Estado Mayor del Ejército: Manuel Benedicto Lucas García, el exjefe; Antonio Callejas y Callejas, quien dirigía la segunda sección y a Hugo Ramiro Zaldaña, oficial de la institución. Esto por delitos contra los deberes de la humanidad, violación con agravación de pena y desaparición forzada. 

El tribunal también condenó a Francisco Luis Gordillo Martínez, quien fue el comandante de la zona militar donde Emma Molina fue torturada, a treinta y tres años de prisión por delitos contra los deberes de la humanidad y violación con agravación de la pena. 

Durante el período del conflicto armado interno, más de 45 mil personas fueron víctimas de desaparición forzada, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). De ellas, un aproximado de 5 mil eran niños y niñas. El caso de Marco Antonio fue el primero de un niño desaparecido de manera forzada durante la guerra llevado ante la justicia guatemalteca. 

Militares buscan salir de prisión

Desde la emisión de la sentencia, los condenados por el caso Molina Theissen han presentado múltiples recursos para que se les permita salir de prisión. En 2020, tres de ellos, Gordillo Martínez, Callejas y Callejas y Lucas García, solicitaron la revisión de sus medidas sustitutivas. Es decir, que se les permitiera cumplir su condena bajo arresto domiciliario por motivo de la pandemia de la COVID-19. 

La solicitud fue conocida por la Sala Primera de Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo. Dicho tribunal señaló que no podía conocer esa solicitud debido a que los crímenes de lesa humanidad no contemplan medidas sustitutivas. Ante ello, en 2023, los sentenciados presentaron una apelación en la Corte Constitucional (CC), la cual declaró con lugar la solicitud el 6 de marzo.

La Corte IDH realizó una revisión de las medidas de protección que fueron otorgadas a las víctimas y resolvió requerir al Estado de Guatemala abstenerse de ejecutar la decisión emitida por la CC. Esto, “para prevenir un daño irreparable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas del caso Molina Theissen Vs. Guatemala”, señaló.

Mientras tanto, Luis Gordillo Martínez, presentó un recurso de inconstitucionalidad donde alega la inexistencia del delito de violación con agravio por el que fue sentenciado. Esta solicitud “se suma a una serie de recursos interpuestos que pretenden tanto el cambio de medida de coerción como dejar sin efecto la sentencia, lo que evidencia, una vez más, el uso malicioso del derecho para favorecer a criminales convictos por crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles y sin derecho a medidas sustitutivas”, expresó la familia Molina Theissen y organizaciones de sociedad civil en un comunicado. 

El 20 de abril, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones conoció el caso. El tribunal resolvió cumplir la resolución de la Corte IDH y negar las medidas sustitutivas que la CC había ordenado para los sentenciados. 

Más de cuarenta años han pasado desde la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen. Pese a los retrasos y obstáculos, su familia continúa su búsqueda  y exige justicia.