Son las 7 de la mañana del 26 de octubre. En “El Renacer”, un barrio de El Estor, Izabal, está la casa de Carlos Ernesto Choc, de 39 años, periodista de Prensa Comunitaria. Dos camiones del Ejército, cuatro patrullas y un picop particular se parquean en las proximidades. Un hombre con el rostro cubierto por un pasamontañas señala la casa de Choc.  La vivienda donde habita está sola en ese momento. Soldados la rodean mientras la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público registran el lugar. 

Los vecinos lo alertan de lo ocurrido y describen todo lo que vieron. Al entrar a su casa encuentra la cama volteada, el ropero abierto y su ropa en el suelo, entre las prendas está su chaleco de prensa. Sobre la mesa de madera encuentra alineados sus pases e identificaciones de prensa, como si les hubieran tomado foto. 

Exactamente al mismo tiempo, es allanada la casa de Juan Bautista Xol, de 28 años, que está en el Barrio San Jorge, quien también es corresponsal para Prensa Comunitaria en Izabal. Es retenido durante más de dos horas, que duró el allanamiento. Había sido difamado en redes sociales  de haber portado una escopeta de manera ilegal, el 22 de octubre pasado, cuando ambos se encontraban junto a otros tres periodistas, en la entrada de El Estor documentando la manifestación pacífica del Consejo Ancestral Q’eqchi’ en contra la minera “Fénix”, como parte de su labor informativa. 

Ambas acciones corresponden a actos de represión y censura por parte del Gobierno, que en los últimos días ha demostrado su apoyo al proyecto extractivo mediante el despliegue de fuerzas de seguridad y armadas, con el objetivo de desalojar la ruta y permitir que siga operando de manera ilegal.

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Todo inició el 4 de octubre, cuando el Consejo Ancestral Maya Q’eqchi’ empezó una manifestación pacífica que duró más de 20 días. Una manifestación que los llevó a ubicarse a un lado de la carretera principal de El Estor, para impedir exclusivamente el paso de vehículos de transporte de la minera, que ha estado operando de forma ilegal, pese a que en 2019 y 2020 la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó el cese de funciones por no haber violado el derecho a realizar una consulta comunitaria.

Las comunidades que se declararon en resistencia pacífica exigen una cosa: ser tomados en cuenta en el proceso de preconsulta a cargo del Ministerio de Energía y Minas (MEM) que se está llevando a cabo porque los representantes comunitarios que fueron elegidos han sido comprados por la mina.

Antecedentes 

El día 5 de octubre representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) que acuerpan a la mina, discutieron con el consejo ancestral para que desistiera de la manifestación. No llegaron a un acuerdo, así que se retiraron.

Ese mismo día, Choc fue citado en la escuela de la comunidad por los mismos líderes de los Cocodes. Expresaron su inconformidad porque el periodista cubrió la manifestación del consejo, cuestionaron su imparcialidad y lo amenazaron con expulsarlo de su casa. Él contestó a las preguntas y les respondió que: “cualquier decisión debía de ser tomada por la asamblea”. Aun así, le advirtieron que debía dejar de grabar y de dar cobertura a los manifestantes. 

El 15 de octubre, Choc y Xol dieron cobertura a una nueva jornada de la protesta y comenzaron a transmitir en vivo cuando llegaron los antimotines de la policía. Calcularon que había al menos cien policías en el lugar. El objetivo ese día era desalojar la carretera, pero no pudieron hacerlo por la transmisión en vivo que no se detuvo. La policía no quería dejar evidencia. 

El Consejo Ancestral mostró su molestia porque las autoridades apelaban al diálogo, pero seguían sin responderles cuál sería la postura del Ministerio de Energía y Minas ante la petición de ser tomados en cuenta en la preconsulta. 

Además, el despliegue de policía les enviaba otro mensaje: el del uso de la fuerza como alternativa a un impasse.

Las amenazas de los Cocodes 

Mientras estos eventos se desarrollaban, un camión entró al barrio El Renacer. Supuestamente, para arreglar la calle, pero derribaron el portón de la casa de Choc. Su hijo le dijo lo que había pasado y este buscó al responsable. Cuando encontró a quien manejaba la maquinaria, fue detenido por el alcalde auxiliar, Roberto Bo

Bo lo amenazó con sacarlo del barrio. Un grupo de vecinos se dieron cuenta de lo que ocurría y acudieron a apoyar al periodista.  También se presentó el Alcalde quien le ofreció pagar la mitad de los gastos para recolocar el portón y lo dejó ir no sin antes decirle: “En lo personal no me gusta cómo haces tu trabajo. Esa empresa no se va a ir”.

Para el 22, las fuerzas de seguridad aplicaron la misma estrategia, adhiriendo a un millar de soldados altamente armados. A lo largo de dos kilómetros había patrullas, policías y militares.

“Solo eso nos han dado de diálogo”, reclamaron los manifestantes quienes insistieron en que se firmara un documento con las demandas de los comunitarios para ser tomados en cuenta en el proceso de preconsulta. El Gobernador de Izabal, Héctor Alarcón, se negó diciendo que no le correspondía tomar esa decisión sino que únicamente al Ministerio de Energía y Minas. 

En ese momento, llegaron varios camiones cargados de carbón que intentaron ingresar a la mina. 

Alarcón les dio 15 minutos para desalojar o utilizaría la fuerza. Minutos después, la policía lanzó bombas lacrimógenas para dispersar la protesta. También las lanzó en contra de las viviendas que se encuentran en la orilla de la carretera y que nada tenían que ver con la manifestación.

En un diálogo que fue documentado a través de una transmisión en vivo, una mujer del Consejo Ancestral Q’eqchi’ colocó frente a los soldados, policías y Alarcón, los residuos de las bombas lacrimógenas que les lanzaron la jornada anterior.

Agresiones físicas y allanamientos

En medio del disturbio, un policía agredió físicamente a Choc quien dirigía un en vivo, le quitó el celular y el micrófono. Al saber que lo estaban grabando,  le devolvió el celular, pero no el micrófono y un casco que utilizaba para protegerse, contó el periodista. 

“Allí comenzaron a decir que éramos parte de los manifestantes, pero solo estábamos cubriendo lo que ocurría. A ellos -las autoridades y a la mina- les molesta nuestra narrativa. Les molesta que informemos lo que pasa. Hago mi trabajo conscientemente. Si no lo hago yo, entonces, ¿quién más lo hará?”, se preguntó Choc, quien tiene década y media de trabajar como reportero comunitario. 

Esta no es la primera vez que Choc es atacado. En mayo de 2017,  el reportero documentó que un agente de la policía asesinó al pescador Carlos Mas, quien formaba parte de la Gremial de Pescadores. La gremial había protestado porque el lago de Izabal se había teñido de rojo a causa de la contaminación provocada por la minera de níquel. Para agosto de ese mismo año, a Choc le habían puesto una orden de captura, fue acusado de detenciones ilegales y amenazas. A la fecha, el caso sigue abierto pese a la recomendación del Ministerio Público de desestimar por falta de pruebas. 

Un Estado de Sitio para reprimir las manifestaciones

Las jornadas de manifestación pacífica finalizaron cuando el Ejecutivo lanzó la declaratoria de Estado de Sitio el 24 de octubre, alegando que “grupos armados han alterado el orden” y los manifestantes se vieron obligados a desistir de la toma de la carretera para no ser detenidos. Momentos después, los camiones de la mina empezaron a transitar libremente por las calles custodiados por las fuerzas de seguridad. 

En los días siguientes, la casa de Choc y de Xol fueron allanadas y se tiene información de que el juzgado de Puerto Barrios ha girado entre 40 y 90 allanamientos a las viviendas de los integrantes del Consejo Ancestral Q’eqchi’ que organizaron y participaron en la resistencia pacífica por más de 20 días.