En la mañana del 19 de agosto, un grupo de más de cien personas de colectivos estudiantiles y sociales, y autoridades de los pueblos indígenas, se manifiestan pacíficamente sobre la calle Martí en la zona 6 y su objetivo es llegar al Congreso. Están allí para expresar su rechazo al Gobierno y para exigir la renuncia de Alejandro Giammattei y la fiscal general, Consuelo Porras, a quienes han identificado como “los rostros de la corrupción”.

Durante el recorrido, en una de las pasarelas de la Martí cuelga un mensaje firmado por los vendedores del Mercado La Terminal: “los bloqueos y la pandemia matan gente”. Un grupo de estudiantes de la Usac se sube a quitarlo.

A las 10:20 horas, a la altura de la 10 avenida y 5 calle de la zona 2, una valla de policías les obstruye el camino. Del otro lado, se escuchan las voces de una segunda manifestación que lleva palos y amenaza con disolver, de manera violenta, al primer grupo. Se trata de los vendedores del mercado La Terminal y el mercado Central. La policía desvía a los manifestantes por una ruta alterna.

En cuanto llegan al destino final, el Legislativo, entre los participantes surge cierta intranquilidad porque hay información que apunta a que los vendedores se han subido a buses extraurbanos para alcanzarlos y boicotear la protesta. No pasa mucho tiempo antes de que, por su cuenta, decidan retirarse para evitar cualquier confrontación.

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En la tarde del 20 de agosto, el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa acompañado de autoridades indígenas, colectivos estudiantiles y sociales se presentaron ante el Ministerio Público para plantear una denuncia y que se investigue a las personas que planearon el boicot de la manifestación. Ya que un día antes el había logrado individualizar a algunas personas involucradas:

Los denunciantes adujeron que el Gobierno Central y la Municipalidad de Guatemala están en contubernio y que habrían sido ellos quienes manipularon y coaccionaron a los vendedores del mercado para detener las jornadas de protesta que iniciaron en julio pasado a raíz de la destitución de Juan Francisco Sandoval, fiscal contra la impunidad.

“Los hemos visto con machetes y con palos. Es una situación que es un delito. Estamos presentando una denuncia penal por portación ilegal de armas”, indicó Solórzano Foppa.

El día de la protesta un grupo de líderes de los mercados ingresó a las oficinas municipales de la Dirección de Mercados, donde estuvieron reunidos por más de dos horas.

Los vendedores del Mercado Central desmintieron su participación en esta acción intimidatoria, pero en esta publicación hay fotografías de mantas contrarios a la manifestación que podrían vincularlos con el boicot:

En la tarde del 20 de agosto, representantes de La Terminal señalaron que sufrieron un atentado por parte de un hombre de nacionalidad hondureña. En conferencia de prensa aceptaron que no están a favor de los bloqueos y que sí se reunieron en las instalación es de la Dirección de Mercados para discutir temas de señalización, pero se desvincularon del Gobierno.

Allan Rodríguez, presidente del Congreso, también fue señalado de haberse reunido con la gente de La Terminal el pasado 27 de julio. Este aceptó haber acudido a una misa de acción de gracias, pero negó que dicha actividad tuviese que ver con organizar el boicot del paro.

Un par de días antes del Paro Plurinacional, los vendedores del mercado expresaron su rechazo a los bloqueos para exigir la renuncia de Giammattei, y criticaron a Martín Toc, presidente de los 48 cantones de Totonicapán.