Cuando Paola Vicente fue diagnosticada con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) le dijeron que iba a morir, que le quedaban pocos días de vida, que nunca podría tener hijos. Casi veinte años después, Paola ha formado una familia y lleva una vida normal con el tratamiento antirretroviral que recibe en un hospital público, pero no todas las mujeres que viven con la enfermedad cuentan con atención médica oportuna. 

Por Jasmin López

Para llegar al hospital, Paola debe salir de madrugada de su pueblo y pagar el transporte en un carro particular hasta el lugar donde tomará el bus rumbo a la ciudad. El viaje le toma cuatro horas de camino, de ida y vuelta. Un día antes, tiene que pedir permiso en el trabajo para faltar y dejar a su hijo bajo el cuidado de otras integrantes de su familia. Paola tenía que hacer esta travesía cada quince días. Ahora, afortunadamente, las citas son cada tres meses, pero cuando no hay suficientes medicamentos para completar su dosis debe regresar dentro de un mes a traer el resto. Aunque en el sistema de salud público las dosis son gratis, en cada viaje Paola gasta aproximadamente Q200, entre pasajes y comida.

Estos gastos representan un enorme sacrificio económico para las personas que viven con VIH en Guatemala, y que solo pueden acceder al tratamiento por medio de la red hospitalaria pública. Dicha situación afecta aún más a las mujeres, pues son ellas quienes se encargan de la mayor parte de los cuidados infantiles y domésticos, tareas que tienen que delegar o posponer para poder viajar. Muchas no pueden permitírselo y no hay hasta ahora instalaciones de salud más accesibles para las y los habitantes de las áreas rurales.

Mientras tanto, los contagios siguen en aumento. Hasta el año 2023, el  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) registró 43 mil 782 infecciones, de las cuales mil 800 se dieron en niñas y niños. Sin embargo, la Coordinadora Nacional de Respuesta al VIH/ITS advierte que la cantidad real podría ser hasta tres veces mayor. Ante esta situación, surge la pregunta, ¿qué hace el Gobierno y el Ministerio de Salud por las personas diagnosticadas con VIH? No lo suficiente, denuncian las y los activistas de la Coordinadora.

Con más de 43 mil infectados del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) registradas en el 2023 y 4 nuevas infecciones cada día, Guatemala aún carece de medidas efectivas para afrontar este problema de salud pública y garantizar una atención digna a las personas que viven con esta enfermedad. Activistas por los derechos humanos advierten que la negligencia del Gobierno ante esta situación constituye una grave violación a los derechos de las y los guatemaltecos.

Solo el 44% de las mujeres embarazadas seropositivas tienen acceso a medicamentos antirretrovirales, tratamiento que permitiría evitar que se transmita el virus a sus hijos. Las juventudes son el sector más afectado por esta epidemia, de acuerdo a datos proporcionados por la Coordinadora. A diario, una persona entre 15 y 25 años contrae el VIH, pero, de acuerdo a lo establecido en la ley vigente sobre el VIH, los y las menores de 18 años únicamente pueden acceder a pruebas de detección con el consentimiento expreso de sus padres, lo que vulnera el acceso a la salud de las juventudes que viven en contextos familiares disfuncionales.

Las políticas actuales para el combate del VIH “no responden a las necesidades de la población”, señalan lxs integrantes de la Coordinadora. Entre sus mayores deficiencias están la falta de estrategias para que las pruebas de detección y el tratamiento antirretroviral sean más accesibles para personas como Paola, quienes deben viajar grandes distancias y gastar importantes sumas de dinero para obtenerlos. La atención a grupos específicos, desatendiendo otros que también están en riesgo, es otra de las barreras que obstaculizan la disminución de nuevas infecciones.

“Las pruebas no son accesibles para todas y todos”, explicó Ana Rocío Samayoa, coordinadora técnica de la Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos. “En los centros de salud están accesibles para las poblaciones claves y para mujeres embarazadas, pero a una mujer ama de casa no se le oferta la prueba. Y muchas veces ellas ni siquiera saben de la existencia de las pruebas de VIH”.

La ausencia de estrategias de prevención, detección y tratamiento efectivos y accesibles constituyen una grave violación a los derechos humanos de de las y los ciudadanos que viven con VIH, así como de toda la población, a quienes no se les está proporcionando las herramientas para protegerse de un posible contagio.

Sin embargo, la instalación de clínicas en comunidades más pequeñas supone otros problemas: muchas personas no asisten a los servicios de tratamiento para el VIH cercanos debido al estigma que la sociedad proyecta sobre las y los enfermos con VIH. Este rechazo genera violencias reales e inmediatas hacia ellxs, afectándoles en los ámbitos académicos, laborales, familiares y comunitarios. A causa del impacto social que tiene el VIH -y las infecciones de transmisión sexual en general- las activistas por los derechos humanos abogan para que se combata la desinformación y se sancionen los actos de discriminación contra las personas que viven con la infección, como parte de las estrategias de atención.

Las propuestas

Garantizar el acceso gratuito y universal a la prueba de VIH y al tratamiento antirretroviral, difundir campañas para informar y sensibilizar a la población, y capacitar a los funcionarios del sistema de salud público son algunas de las acciones que la Coordinadora solicita al Estado implementar de manera urgente, atendiendo las recomendaciones brindadas por organismos internacionales.

La Coordinadora presentó a la Comisión de Salud del Congreso, en mayo del 2024, la Iniciativa 6396, Ley integral del Virus de Inmunodeficiencia Humana -VIH-. Este proyecto es un esfuerzo de las más de 20 organizaciones civiles que conforman la Coordinadora para crear un marco legal que proteja los derechos de las y los guatemaltecos con este virus. La 6396 contempla el derecho de lxs sobrevivientes de violencia sexual a recibir tratamiento profiláctico, impone normas de bioseguridad en las labores donde existe riesgo de contagio, y prohíbe que se soliciten pruebas de detección de VIH como condicionante para acceder a empleos, bienes, deporte, servicios de salud, entre otros. 

Hasta ahora, el Congreso, la Procuraduría de los Derechos Humanos y las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se muestran indiferentes ante la emergencia de salud que constituye el aumento de infecciones de VIH -especialmente en poblaciones vulnerables- y la iniciativa sigue sin ser aprobada.

Lxs integrantes de la Coordinadora urgen a los diputados y diputadas apoyar esta propuesta que podría salvar las vidas de miles de personas.