Rodeada por cientos de kilómetros de palma africana de la empresa NaturAceites, a 320 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se encuentra Palestina Chinebal, en el municipio de El Estor, Izabal; una comunidad maya Q’eqchi’ que ha sido desplazada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) alrededor de siete veces con el fin de garantizar a la empresa la expansión del cultivo, pero esa tierra, asegura la comunidad, les pertenece y no a la empresa. 

En Palestina Chinebal, cerca del mediodía, el calor supera los 32 grados centígrados. En ese lugar se ven varias casas construidas con madera, bambú y con techos de lámina. Les rodean plantaciones de palma africana y un par de riachuelos que sirven para que alrededor de 80 familias bañen a sus cerdos, laven ropa y cocinen. No hay agua potable, esos riachuelos también sirven para beber y lavar las verduras que la comunidad consume. 

Gran parte de la comunidad es monolingüe, en su idioma materno maya Q’eqchi’. Los hombres, en su mayoría, son quienes hablan español. Ellos han comenzado a decidir que la niñez debe aprender español “para defenderse”  ante el conflicto de tierras que tienen, aseguraron los comunitarios.

La comunidad de Palestina Chinebal se encuentra retirada de los servicios básicos de salud y educación. A unos 45 minutos caminando, se puede encontrar un pequeño Centro de Salud, pero en él no hay medicamentos. “Como marranos amarrados en un corral nos tienen”, dijo un hombre de la comunidad al describir que sus hijos no pueden salir a recibir educación y ellos, como padres, tampoco pueden trabajar ante el temor a ser violentados por empleados de la empresa de palma.

En la comunidad solo unas cuantas personas saben leer y escribir y son las que apoyan para apuntar en un cuaderno todas las incursiones que ha hecho la PNC y la empresa aceitera, que han ocurrido cuando la comunidad se encuentra haciendo sus actividades diarias de siembra. Con este registro, buscan defenderse para describir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cómo han sido vulnerados sus derechos, a través de una carta que enviarán por medio del Comité de la Unidad Campesina (CUC). “Estamos pidiendo protección, para que no nos sigan sacando de nuestra querida madre tierra”, enfatizó con fuerza la comunidad mientras era entrevistada para esta nota. 

Dejar la casa

Los desalojos en Palestina Chinebal comenzaron en el 2020, desde que asumió el presidente Alejandro Giammattei. Según el informe anual de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos (Udefegua) del 2022, durante este Gobierno se ha registrado un incremento en la violencia y persecución en contra de defensoras y defensores, en comparación al gobierno de Otto Pérez Molina, sentenciado por casos de corrupción.

Uno de los desalojos más devastadores que vivió la comunidad de Palestina Chinebal, fue el 20 de noviembre del 2020, en donde 500 agentes de la PNC llegaron a ejecutar una orden de desalojo, porque la comunidad “estaba ocupando una tierra que no era “suya”, así lo indicaron los agentes de la PNC. 

Durante la guerra interna en Guatemala, en 1980, la comunidad Palestina Chinebal fue desplazada de sus tierras, pero tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, las familias regresaron. Estas tierras son propiedad comunal, pero no fueron aclaradas porque nunca llegó  la ahora clausurada Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia a realizar el proceso.

En el desalojo del 2020, la población reportó que los agentes de la  PNC incendiaron casas, quemaron las pertenencias de los comunitarios como ropa, comida, el poco dinero que tenían, además, el fuego destruyó documentos de identidad de niñas, niños, mujeres y ancianos. Los comunitarios indicaron que la mayoría de la niñez no tiene registros de identidad. La juventud de la comunidad que cumplió 18 años ha logrado hacer su trámite ante el Registro Nacional de las Personas (Renap), pero la mayoría de la población no tiene sus documentos de identificación.

Ante este desalojo, el miedo se apoderó de las familias. La PNC comenzó a frecuentar la comunidad, provocando zozobra entre las y los pobladores, que temen enfrentar de nuevo el fuego. A partir de ese desalojo, la mayor parte de las familias tomaron sus pocas pertenencias y decidieron desplazarse a las montañas para estar más seguras por tres días, hasta sentirse con la tranquilidad de regresar. “Fue algo muy difícil y doloroso. Ver a las criaturas llorar y no entendían por qué nos estábamos yendo”, compartieron algunas de las madres entrevistadas. 

Sin garantías para exigir sus derechos

El Estado de Guatemala, hasta la fecha, no reconoce el Desplazamiento Forzado Interno por hechos de violencia y desalojos, algo que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) cataloga desde el 2017 como una situación “que hace complejo el abordaje de esta problemática”, en el documento Diagnóstico sobre Desplazamiento Forzado Interno de Expedientes de la PDH. Además, esto deja sin mecanismos de protección garantizables a las y los afectados a través de una mirada integral. 

Según Alberto Mazariegos, técnico especializado de la PDH, indicó que al no reconocer estatalmente el desplazamiento forzado interno, desde la PDH utilizan dos instrumentos importantes: los lineamientos generales que tiene Naciones Unidas sobre el tema de desplazamiento y derechos humanos, y la definición que otorga la CIDH en términos de desplazamiento forzado interno. 

Un desplazamiento forzado interno se le define como “persona individual o grupos de personas que se ven obligadas a desplazarse de sus hogares o espacios seguros por hechos de violencia, catástrofes naturales, guerra o violaciones a sus derechos humanos, pero sin cruzar las fronteras”, según las Naciones Unidas. A esta definición, es importante categorizar las razones de los desplazamientos, para permitir un tratamiento adecuado a las personas sobrevivientes. 

Mientras no exista una política estatal de cómo abordar esta problemática en Guatemala, Mazariegos comentó que como PDH están trabajando en un protocolo interno. Por el momento, se rigen por algunas acciones inmediatas: primero es que el caso debe ser conocido por la auxiliar local, luego brindar un diagnóstico que debe ser trasladado a la central, y por último determinar qué defensorías serán involucradas para intentar brindar una atención integral a la comunidad, grupo de personas o persona afectada. 

En el caso del desplazamiento forzado por desalojos, tiene una característica única entre las otras categorías: contar con una orden judicial para efectuar el desalojo. El trabajo de la PDH es observar que se cumpla el debido proceso para no vulnerar los derechos de las personas, mientras se efectúa el desalojo. Dentro del proceso se debe asegurar, para esta categoría, que exista una explícita garantía de reubicación. 

En el caso de Palestina Chinebal, al preguntarles a los comunitarios si cuando llegó la PNC y la empresa aceitera les ofrecieron a dónde ir o les dieron información de dónde serían reubicados después del desalojo, indicaron que no. “Solo  vinieron y nos comenzaron a echar. Dijeron que teníamos que salir de nuestras casas o lo harían por la fuerza porque ya tenían un papel que lo hacía legal”, indicaron.  

Para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Guatemala, es una situación preocupante estos casos, porque agudizan la pobreza y desnutrición sobre todo en las poblaciones indígenas. En un estudio que realizaron en el 2013 sobre los desalojos en el Valle del Polochic, Alta Verapaz, en donde también es territorio Q’eqchi’, evidenciaron que estos desalojos forman parte de un fenómeno de reconcentración de tierras por parte de empresas de monocultivo, restringiendo a las comunidades la posibilidad de acceder a la tierra y vivir de ella.

El estudio también arrojó similitudes en cuanto a la forma de operar por parte del Estado: destrucción y quema de las viviendas y de las cosechas, falta de alternativas y soluciones de reubicación, falta de control de la PNC en el uso de la fuerza y la manera parcial de intervenir de las autoridades a nivel local.

“Nosotros no entendemos, las leyes se supone que existen para brindar justicia, pero nosotros solo vemos injusticia en contra de nosotros. Ya no tenemos confianza”, expresaron con pesar los comunitarios, al afirmar que lo único que les queda es continuar resistiendo, mientras no les brinden soluciones concretas para vivir con tranquilidad. 

Los comunitarios aseguraron que las tierras de Palestina Chinebal son de ellos, que ahí han vivido sus ancestras y ancestros por más de 137 años. Pero su resistencia los ha llevado a tener órdenes de captura, por esa misma razón, muchos de ellos no salen de la pequeña extensión de tierra que les queda. 

La resistencia

Aunque por el momento la comunidad no ha vuelto a ser desalojada por agentes de la PNC, la población ha tomado medidas de precaución sin dejar a un lado su objetivo: recuperar sus tierras. Hasta la fecha, como una forma de recuperar la tierra, han intentado sembrar milpa en los lugares donde la palma africana ya se ha secado. Sin embargo, ante tanto insecticida, pesticidas y abono químico la tierra se ha “desgastado”, señalaron y lamentaron que el maíz no se haya cultivado con facilidad. 

La comunidad intenta seguir unida a pesar del dolor y las pérdidas. Para cada actividad importante se reúnen en el salón comunal, también para continuar el diálogo sobre cómo resistir y para degustar de alguna rica comida en colectividad. 

Por el momento, esa es su tierra y ese es su hogar.