Más de 30 organizaciones de personas con discapacidad, sus familias y profesionales, respaldan la  iniciativa de ley 5125, Ley de Personas con Discapacidad, que busca garantizar el respeto a los derechos humanos de estas personas. 

Por Violeta Cetino

En el año 2008 Guatemala firmó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a los Estados a garantizar los derechos de estas personas de forma inclusiva y actualizar las leyes para lograrlo. Sin embargo, Guatemala es el único país de América Latina que aún no lo lleva a cabo.

Ante esta situación, organizaciones de personas con discapacidad y sus familias explican que la iniciativa 5125 ingresó a Dirección Legislativa del Congreso de la República el 2 de agosto de 2016 y después de que fuera conocida en mesas de trabajo, conformadas por organizaciones de personas con discapacidad, fue firmada por las exdiputadas Sandra Morán y Flor de María Chajón, y por los exdiputados Ronald Arango y Paul Briere. Fue aprobada en tercera lectura en el año 2017, pero no siguió su curso y a la fecha está engavetada. 

Las limitaciones para mujeres son mayores

La psicóloga Carolina Guzmán, directora ejecutiva de la Asociación Comprometida con la Atención y el Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad (COADI), explicó que para todas las personas con discapacidad el acceso a la educación, trabajo, salud, tecnología y otros servicios que garantizan el cumplimiento de los derechos humanos, es limitado. Sin embargo, consideró que para las mujeres con discapacidad, las limitaciones son mayores.  

Guzmán argumentó que muchas de las mujeres con discapacidad no tienen acceso a servicios básicos, sobre todo en el área rural porque muchas de ellas permanecen en casa y no salen, pues no tienen accesibilidad. Además, indicó que ellas no van a estudiar porque las escuelas no son inclusivas y la atención médica es limitada, pues los centros de salud no están capacitados para atender a una persona con discapacidad.  

A decir de Guzmán, las mujeres con discapacidad se enfrentan a relaciones desiguales, sobre todo en la provincia. “Por lo regular en el área rural todavía se tiene la mentalidad de que vaya a estudiar el hombre, la mujer no, y si tiene discapacidad, menos posibilidad va a tener ella de validar sus derechos por sus propios medios”, dijo Guzmán.

Los desafíos de una madre

Ingrid Lee Villela es madre de Meiling Tzoc Lee, una joven de 18 años diagnosticada con síndrome de Down, y que pertenece al Movimiento de Madres de Claveles Blancos, una colectiva de madres de personas que viven con algún tipo de discapacidad. Lee Leiva indicó que en países como Guatemala las mujeres con discapacidad sufren violencia y discriminación, e identificó que esa vulnerabilidad se da por los roles de género, las barreras actitudinales y creencias erróneas que existen sobre las mujeres con discapacidad.  “Se cree que una mujer con discapacidad no tiene derecho a ser mamá, que cómo va a cuidar a un hijo o hija, cuando ellas tienen derecho a elegir ser madre”. 

Sumado a esto existen estereotipos y, como madre de una joven con síndrome de Down, Lee Leiva contó que ha escuchado expresiones sobre que su hija no puede mantener una relación de noviazgo debido a su condición, “situaciones que también violentan la vida de las mujeres con discapacidad”.

Según Lee, las mujeres con discapacidad también sufren abusos físicos y sexuales, y su condición empeora su acceso a la justicia. “Una mujer que tenga discapacidad auditiva, para poder hacer una denuncia o declaración en los juzgados, no siempre las entidades tienen intérpretes”, denunció.

Solo es un registro, no existe beneficio 

En abril de este año fue aprobada la Ley de Certificación Biopsicosocial de las Personas con Discapacidad. Según el Congreso de la República, con esta ley “el Estado ahora podrá contar con un registro de las personas con discapacidad en Guatemala, para incluirlos dentro de las políticas públicas, programas, planes y proyectos de Gobierno”. 

Con la nueva ley se creará el Sistema Nacional de Certificación Biopsicosocial de las Personas con Discapacidad, para que estas personas sean certificadas y tengan acceso a las políticas y programas del Estado.

Para que una persona pueda obtener dicho certificado, la Junta Evaluadora le realizará los estudios, exámenes y análisis necesarios, y una vez sea determinada la discapacidad, será el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) el que procederá a su registro y a extender la certificación correspondiente donde se acredite la discapacidad.

Si la persona evaluada lo permite, la información se remitirá al Registro Nacional de las Personas (RENAP), para que se registre la información biopsicosocial que acredite la discapacidad en su Documento Personal de Identificación (DPI) o en la inscripción de nacimiento. 

Lee manifestó que la Ley de certificación Biopsicosocial de las Personas con Discapacidad, no tiene un beneficio concreto. “Es una ley que de aquí hasta que se apruebe la Iniciativa de ley 5125, no va a tener ningún beneficio para las personas con discapacidad, pues lo único que marca esa ley es que haya un registro de personas y que en el DPI mencione que cuenta con alguna discapacidad, pero no hay ningún beneficio”.

Actualmente, el Movimiento Nacional de Organizaciones para Personas con Discapacidad, que aglutina a más de 30 organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, promueve en redes sociales la campaña #YoMeSumoPorLa5125, para motivar la aprobación de esta  Iniciativa de Ley.

Este movimiento asegura que la Iniciativa de Ley 5125 busca orientar acciones concretas para asegurar la inclusión del sector en las actividades de desarrollo humano, prevenir y combatir todas las formas de violencia que vive esta población. Además, busca proteger a las mujeres con discapacidad de la violencia y la discriminación.