5 de febrero de 2016. Es ampliamente conocido por la sociedad guatemalteca los históricos privilegios que el Estado guatemalteco ha otorgado a miembros del Ejército. Gasolina, exención de impuestos; vehículos, alimentos, bebidas alcohólicas y otros formaban parte del entramado de privilegios que les eran conferidos. Sin embargo, estas prerrogativas no eran para todos los miembros de la institución armada, siempre existió un grupo que los gozaba en detrimento de la mayoría de miembros que formaba el Ejército.

A estas dispensas legalizadas por una serie de dictaduras militares, hay que sumar la totalidad de actos fuera de la ley que muchos miembros de la cúpula militar cometieron y que forman parte del enriquecimiento ilícito de muchos de ellos. Sin embargo, este hecho notorio, se puede seguir evidenciando a partir de las marcadas y notorias diferencias existentes entre las y los abogados que defienden a quienes de a poco han sido capturados por actos de corrupción o delitos de lesa humanidad y graves violaciones a derechos humanos.

Prácticamente desde la captura de Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez por los delitos de Genocidio y contra los Deberes de Humanidad, hemos visto desfilar abogados y abogadas de bufetes privados quienes cobrando cifras exorbitantes no pueden más que replicar el litigio malicioso, privilegiando por encima de una defensa técnica y profesional, las prácticas de los excesivos amparos y acciones mediáticas que pretenden debilitar, impedir y hasta obstaculizar el acceso a la justicia de las víctimas.

Luego en las capturas de otros miembros de esa oficialidad por casos de corrupción, tales como Otto Pérez Molina, Juan de Dios Rodríguez, Gustavo Martínez y otros son defendidos prácticamente por los mismos abogados, que según sus propias declaraciones en medios de comunicación han descrito el cobro de honorarios mayores a los US $75 por hora. Actualmente en el caso de los 18 altos mandos militares capturados por los casos conocidos como CREOMPAZ y la desaparición forzada del menor de edad Marco Antonio Molina Theissen vemos nuevamente a quienes hacen del litigio malicioso su práctica de enriquecimiento a costas de los propios defendidos y del deterioro del sistema de justicia.

Sin embargo, el inicio del Juicio Oral y Debate Público del caso por violencia, violación y esclavitud sexual y laboral conocido como Sepur Zarco, se evidencia aún más esta desigualdad formada al amparo de una institución que ha hecho de las castas su práctica común. Mientras el teniente Esteelmer Reyes goza de dos abogados privados que, según sus propias declaraciones cobran onerosos honorarios, el comisionado militar Heriberto Valdez Asij le fue asignada una abogada del Instituto de la Defensa Pública Penal. Cabe señalar que la profesional y seria labor de la funcionaria del Instituto de la Defensa Pública Penal es por mucho, superior a la antitécnica y poco ética defensa de quienes creen que la impunidad, la desigualdad y los privilegios son ganadas a través del litigio malicioso.

Fuente: La Hora