Madres y familiares de las niñas y jóvenes víctimas del Hogar Virgen de la Asunción presentaron un memorial ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y solicitaron que se tomen acciones disciplinarias en contra de las guardias de seguridad, que las maltrataron e hicieron que se quitaran las playeras simbólicas de «Nos Duele 56», el pasado 14 de junio cuando intentaban ingresar a la Torre de Tribunales, para una audiencia.

“En la entrada al complejo del OJ, al momento en que las guardias de seguridad realizaron la revisión rutinaria, se nos indicó que no podíamos entrar; luego de que nuestras abogadas intervinieran para que nos dejaran ingresar. Los guardias manifestaron que agradeciéramos la oportunidad que nos estaban dando de entrar a la audiencia, a la cual fuimos citadas. Se nos exigió que nos quitáramos las playeras que llevábamos puestas y que tienen la descripción #NosDuelen56, bajo el argumento que con las playeras estaríamos hiriendo susceptibilidades”, explicaron las madres en el memorial.

Para las mujeres, la playera de #NosDuelen56 es un símbolo para recordar la búsqueda de justicia por los hechos ocurridos entre el 7 y 8 de marzo de 2017, cuando el Estado les impidió ingresar al hogar para auxiliar a sus hijas y hermanas.

El acto cometido por las guardias de seguridad fue catalogado por las madres como una violación a la dignidad de las familias y como un trato desigual. “Representó también el despojo arbitrario de nuestra identidad como madres y familiares en la búsqueda de justicia, violentando nuestra memoria al no permitirnos llevar de una manera digna nuestra lucha con los símbolos que representan la memoria de nuestras hijas y hermanas”, señalaron en el documento.

“Para mí que les hagan saber -a las guardias- que estamos en derecho de usar la playera que queramos para una audiencia. Porque no afectamos a nadie. Que se pongan la mano en la conciencia y les hagan un llamado de atención de que necesitamos que se nos respeten nuestros derechos como madres que exigimos justicia”, dijo Vianney Hernández, madre de Angely y vocera de las familiares de las niñas.

Hernández aseguró que desde que inició el proceso para dar con los responsables del incendio, donde murió su hija y 40 niñas más, han sido limitadas y restringidas en sus derechos. El principal, vedarles el paso para participar en las audiencias en donde participan como querellantes. “A la mayoría le dejan pasar, pero a nosotros nos ponen peros”, señaló.

Por su lado, en la reunión la Magistrada Dávila dijo que le daría seguimiento a las peticiones. “Nos dijo que estaba dolida por el trato que nos dieron. Se disculpó con nosotras por la tragedia. Nos dio a entender que estaba dolida por lo que había hecho el Estado, y se disculpaba por eso”, contó Hernández.

El pasado 14 de junio, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) solicitó al Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente que se reabriera y derribara el área de pedagogía en donde está ubicado el salón en el que murieron las 41 niñas en 2017.

Las madres acudieron a la citación para exponer su rechazo a la solicitud pues actualmente, hay tres procesos abiertos y ninguno de ellos cuenta con sentencia, por lo que podría entorpecer la investigación.

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