Periodistas feministas nicas

En Nicaragua, cuando una mujer decide romper el silencio del terror machista y accede a  denunciar, la primera y única institución a la que tiene que acudir por mandato legal, es  la Policía Nacional. La misma Policía Nacional que desde el levantamiento contra del Gobierno sandinista (2007-2023) de abril 2018, se ha constituido en la institución ejecutora de la represión gubernamental. Esta situación, sumada al cierre de organizaciones de mujeres y persecución a defensoras y promotoras comunitarias;  ha limitado el acceso de las mujeres a la ruta de la justicia.

“Se supone que el cuerpo policial destina a oficiales preparados, sean hombres o mujeres, para tomar la denuncia personal con el debido respeto, claridad y confianza, sobre todo porque es lo más urgente para las mujeres que viven violencia machista y si esta confianza se pierde, es nulo lo que se puede lograr para salvarla de la violencia que vive”, explica Savia, una defensora de derechos de las mujeres de un colectivo rural de la zona norte de país, que se omite su nombre así como al de las otras entrevistadas por razones de seguridad.

El espíritu de la Ley 779, Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, aprobada en 2013 era institucionalizar un modelo de atención, precisamente integral: en el que las mujeres sobrevivientes de violencia encontrarán profesionalismo y humanismo en la ruta de acceso a la justicia. Por años, las mismas organizaciones de mujeres destinan tiempo y recursos para capacitar a personal policial, de medicina legal y del sistema judicial; apostando por instituciones con sensibilidad de género.  Pero este modelo ha sido reemplazado por un discurso que prioriza la “unidad familiar” e insta a las mujeres a reconciliarse con los agresores, sufriendo la Ley 779 múltiples reformas para responder a los intereses políticos del Gobierno. 

Actualmente, el Gobierno se encuentra en un proceso de reapertura de las Comisarías de la Mujer y la Niñez; una acción considerada como farsa por organizaciones feministas, al conocerse que no hay personal capacitado en estos espacios. Al denunciar, las mujeres tienen que presentarse a la comisaría y no pueden ser acompañadas por una defensora. “Él o la agente determina si la víctima experimentó violencia psicológica o física u otros signos de  violencia. Si la víctima es remitida a medicina legal, esta instancia se tendría que poner en contacto nuevamente con la policía para ver qué pruebas se han encontrado y luego pasa al Ministerio Público”, explica Savia.

En la mayoría de los casos, la recolección de las pruebas depende de las mismas mujeres; sobre todo en casos catalogados por la misma institución como “leves”. Luego del Ministerio público, la acusación pasa a los juzgados. Según la experiencia de Savia: “inicia el martirio de una mujer que vive violencia, pues tiene que exponerse a varias audiencias para la determinación de culpabilidad del agresor denunciado. Es una especie de triangulación: Policía Nacional, Ministerio Público y juzgados”. El modelo ha dejado de priorizar las estrategias para evitar la revictimización de las mujeres. 

La causa histórica de la lucha contra la violencia hacia las mujeres ha evidenciado la importancia de la profesionalidad, la empatía y la humanidad desde las instituciones policiales y judiciales. “Se han dado casos en los que agentes juzgan a las mujeres y esto provoca que ellas se bloqueen y desistan de continuar, es por eso que muchas mujeres se retiran a mitad de los procesos porque no hay confianza y no hay respeto. Otro problema que las bloquea es que las denuncias se hacen delante de mucha gente que está en las delegaciones policiales. No hay privacidad, con todo este ambiente una mujer no se va a sentir segura”, comenta Eucalipto Cerna, una abogada nicaragüense que trabaja en una de las 145 organizaciones de mujeres a quienes se les quitó su personería jurídica en el 2022 y cuyas instalaciones fueron confiscadas.

Savia y Eucalipto coinciden en que los feminicidios no han bajado su número en los últimos años en parte por la desconfianza en los órganos estatales. “Las mujeres no quieren denunciar  porque hay preferencias, o sea, si es alguien conocido del Gobierno, no se toca. Sabemos que una mujer no quiere denunciar, porque o está bajo amenaza o es un personaje de confianza para el régimen, hay mucha impunidad”, concluye Eucalipto.

Impunidad institucionalizada

“Hay casos de impunidad por coimas económicas... hay miedo, desconfianza y no hay prioridad, no se le da la debida importancia, el debido seguimiento del proceso a la mayoría de las denuncias y muchas veces terminan en estas tragedias de femicidios porque tenemos conocimiento y sabemos que muchos femicidas están afuera y otros condenados han sido liberados de las cárceles”, denuncia Rosa, una activista feminista integrante de uno de los colectivos de mujeres defenestrado por el Gobierno. 

La cancelación de las personerías jurídicas de estas organizaciones, la persecución y criminalización a la defensa de los derechos humanos se suma a la tragedia de las mujeres que viven violencia por su condición de género. “Las organizaciones que daban apoyo a las mujeres se ven limitadas de acompañarlas, pues son perseguidas por el Estado. Da tristeza porque esto vino a aumentar más la violencia, pues nos quitaron los espacios, que eran los espacios donde muchas mujeres acudían para desahogarse si no querían ir a poner la denuncia. Podían pasar con la psicóloga. Únicamente el hecho de hablar sobre la  violencia que vivían y entender que no se debe normalizar les aliviaba”, comenta Violeta, una  defensora que acompañaba a las mujeres sobrevivientes de violencia y quien actualmente está siendo asediada por este trabajo.

Clavel es una psicióloga feminista que también trabajaba desde una organizaión de mujeres y ahora se encuentra desempleada. “El acompañamiento ha desaparecido de manera abierta, pero todavía hay compañeras que de manera clandestina acompañan a mujeres víctimas de violencia, pues todavía no estamos muertas o desaparecidas, se sigue trabajando”, explica.

El acompañamiento resultaba de gran ayuda para que las mujeres se atrevieran a denunciar y seguir los procesos judiciales, pues las defensoras se encargaban de dar apoyo emocional, se les instruía en cómo salir de violencia. Desde la experiencia de Clavel, las organizaciones de mujeres “hacían este gran trabajo, orientarlas de manera legal a muchas mujeres sobre cuál era la ruta de la denuncia, dónde ir, qué hay que hacer, cómo hacerlo, en no desistir. Varios grupos  de mujeres contaban con un segmento legal, que incluía atención emocional”.

El Gobierno  presenta la ruta de justicia que deben seguir las mujeres que viven violencia como una acción que el Estado cumple de acuerdo al marco legal y se hace responsable de garantizar la justicia para los casos denunciados, pero Violeta enfatiza que en la práctica “no se da ese cumplimiento, pues con la desaparición de las organizaciones de mujeres, las víctimas no confían en la justicia estatal porque no se les permite el  acompañamiento de nosotras, ni de sus familiares. Las mujeres en condición de violencia necesitan una mano amiga que le escuche, que no la cuestione, que no la critique como muchas veces sucede con las autoridades”.

Clavel, Savia y Eucalipto, coinciden que hay una impunidad institucionalizada desde la complicidad policial con las estructuras de represión paramilitares. “Son los mismos hombres que viven en la comunidad, que viven en el barrio y que son los mismos hombres que son violentos, que tienen casos de denuncias o cuando las mujeres han intentado defenderse y decir -te voy a denunciar-, una de las respuestas constantes es: no me importa, a mí no me van a hacer nada porque yo soy amigo de alguien del Gobierno”, expresó la psicóloga. 

Ante este panorama, se hace evidente que en Nicaragua la ruta de acceso a la justicia se vuelve cada vez más violenta contra las mujeres. “Las mujeres van de una agresión a otra agresión que proviene de su supuesto salvador. Ante esta situación, la violencia sigue aumentando cada vez más, la injusticia se sigue incrementando y la impunidad también”, concluye Violeta.