Las expectativas estaban puestas en el Juzgado Duodécimo especializado en Delitos contra el Ambiente y el Patrimonio Cultural. Este viernes 10 de junio, se decidiría cómo quedaría en la historia el momento en que el Estado denunció a una mujer joven, maya kaqchikel y activista por los derechos humanos, por expresar su descontento en una manifestación. Una joven que, además, había sido agredida reiteradamente por agentes antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC).

Ella es Nanci Sinto, quien ingresó junto a Isabel su madre a la Torre de Tribunales para la audiencia de etapa intermedia programada a las 8:30 am, en la que se resolvería si se abriría un juicio en su contra, por el delito de depredación de bienes culturales. La decisión de la jueza Wendy Coloma fue cerrar el caso, ya que los medios presentados por el Ministerio Público (MP) no daban fundamento de lo que se le acusaba, de “haber dañado la esencia del Congreso de la República” con una supuesta pinta que no se determinó fuera hecha por ella. Por esta razón Nanci queda libre del proceso penal, luego de haber sido detenida por un día en un proceso injusto que duró seis meses.

La denuncia, iniciada por el MP el 29 de noviembre de 2020 cuando investigó de oficio los hechos del 21 de noviembre, luego la denuncia presentada por el Ministerio de Cultura y el Congreso de la República, dio inicio a un proceso penal en contra de Nanci Sinto, Dulce Archila y Juan Francisco Monroy. Nanci es la primera en resolver su situación penal por estos hechos.

El caso había pasado por varias irregularidades, desde la negativa del MP para brindar la información de su investigación a la defensa, hasta la intención del Congreso y MP de que el caso fuera declarado bajo reserva, para que no pudiera ser documentado por medios de comunicación.

Cuatro horas duró la audiencia para escuchar a las partes. Primero hablaron los querellantes: de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, el agente fiscal Hipólito Archila, de la Fiscalía de delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, el auxiliar fiscal Jorge Alberto De León Maldonado; la representante de la Procuraduría General de la Nación Andrea Abdala; el representante del Congreso de la República Lugui Orozco Sánchez y como abogadas del Congreso Jessica Martínez y Keyla Méndez.

En su exposición, respaldada por la PGN y el Congreso, el MP solicitó que se iniciara un juicio contra Nanci Sinto por el delito de depredación de bienes culturales, ya que consideraban que “Las pintas y grafitis en el Congreso ocasionan deterioro de un bien integrante del patrimonio cultural causando pérdida de esencia de su conservación”.

Además, el MP señaló que los peritajes presentados por la defensa de Nanci no eran pertinentes ya que explicaban las razones “subjetivas” para cometer el delito del cual se le señalaba. En su intervención, el MP también calificó la agresión que sufrió Nanci por parte de la PNC como una “caída”.

“Se puede apreciar una persona se sexo femenino realizando pintas, se queda en el lugar de los hechos, lamentablemente en un incidente cae al suelo cuando un grupo de antimotines se acerca a un grupo de manifestantes para detener la manifestación.” dijo el fiscal De León Maldonado.

Señalan vulneración a la privacidad y represión

En su exposición, el abogado defensor Esteban Celada destacó las arbitrariedades e ilegalidades cometidas por el MP en su investigación preliminar. Mencionó que se actuó de manera indebida al utilizar como medios de prueba, fotos y videos que habían sido proporcionados por periodistas para denunciar las agresiones de las que fueron víctimas el 21 de noviembre en la manifestación de 2020.

Además, explicaron cómo el MP vulneró el derecho a la intimidad y privacidad de Nanci al haber tomado su teléfono celular y revisar su contenido. “¿Por qué obtener información privada de personas cuando se está persiguiendo la depredación de bienes culturales? Si le sucedió a Nanci ¿a qué otra persona puede sucederle?” cuestionó Celada.

Finalmente, la defensa de Nanci proyectó dos videos donde se podía visualizar cómo las cámaras del Congreso captaron el momento en que Nanci fue agredida por antimotines. El abogado cuestionó por qué se perseguía a Nanci por un delito no demostrable y en cambio no se había investigado la agresión contra ella si estaba documentada por las propias cámaras del Congreso.

“La única manifestación violenta fue la represión de las fuerzas del Estado hacia mi representada”, mencionó el abogado.

No se puede dañar la identidad nacional porque no existe

Al concluir su intervención, el abogado Celada hizo mención del Amicus Curiae presentado por la antropóloga Aura Cumes el 7 de junio de 2022. En este, destacó, se cuestiona cómo se puede dañar la identidad nacional si esta no ha sido consensuada por la población.

“No se puede dañar lo que no existe, la identidad nacional no existe porque no ha habido consensos. Lo que se llama identidad nacional es una ficción porque no se ha construido. Lo que se llama identidad nacional es la identidad no indígena”, mencionó Celada.

Además, se puntualizó sobre la falta de consenso sobre los valores que representa el Congreso de la República, lo cual se demostró en las manifestaciones del 21N donde la ciudadanía se opuso al actuar de este organismo. “Acusarla es tratar de culparla por una inestabilidad política, se la escoge para ser criminalizada”, dijo el abogado.

Nanci no irá a juicio

Luego de un receso de 15 minutos, la audiencia se retomó a las 12:20. La jueza Wendy Coloma daría su resolución. Hizo una síntesis de lo expuesto por las partes en la audiencia. Durante una hora, la jueza valoró las exposiciones del MP y de la defensa.

La jueza argumentó que, de acuerdo a los peritajes presentados por el MP, las pintas en el edificio del Congreso fueron lavadas y borradas, por lo cual el daño que alguna vez pudo existir había sido reversible.

“No hay documento que indique la pérdida de la esencia del Congreso, el Congreso sufrió daños por varias causas, como el fuego y otros. Pero la pérdida de esencia y estado de conservación por la pinta no se encuentra formalmente documentada” dijo la jueza.

Por lo tanto, dio lugar a la solicitud de la defensa de Nanci de cerrar el caso y que no se abre un juicio contra ella.

Asimismo, la jueza ordenó que se le devuelva la indumentaria maya que fue sustraída de Nanci cuando se allanó su casa, y que se investigue por los delitos de abuso de autoridad a los agentes que la agredieron el 21 de noviembre de 2020.

Terminan seis meses de proceso penal

A la salida, Nanci fue recibida con música, abrazos y flores de sus seres queridos y ciudadanía que se solidarizó con ella. La joven defensora expresó su agradecimiento por el acompañamiento a su caso y recordó que se debe seguir exigiendo la libertad para todas las personas presas políticas.