Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, volvió a la sala del Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango este jueves 6 de junio, con el objetivo de continuar con el debate oral y público iniciado el 27 de mayo.

Por Mirna Alvarado

La agenda incluía el testimonio de la jueza Betzy Alvarado, pero debido a que no contaba con el permiso de su máxima autoridad judicial, no se presentó. “Sugiero que se deje fuera el testimonio de la juez, toda vez que se cuenta con las grabaciones de la audiencia del 4 de junio de 2017 que tuvo a su cargo”, dijo el juez Moisés de León.

La audiencia a la que hizo referencia el juez de León, es en la que la exfiscal Laparra habría cometido presuntamente el delito de revelación de información reservada. La fiscal del Ministerio Público Mariela Guzmán, aceptó la sugerencia.

Entre los documentos presentados como medios de prueba, se contaron informes de investigadores, técnicos y especialistas del MP a cargo de las pesquisas contra la exfiscal Laparra. Después procedieron a la reproducción de la grabación de una audiencia en la que se conoció que René Villavicencio aceptaba un convenio de colaboración eficaz, esta estuvo a cargo del exjuez y ahora Relator contra la Tortura, Lesther Castellanos.

La audiencia finalizó a las 15:25 horas, no sin antes asentar que la continuación de este proceso sería el próximo 21 de junio.

Renuncia a restitución

El pasado 29 de enero, Laparra solicitó permiso para retomar sus labores, sin embargo, el departamento de acciones de personal del Ministerio Público respondió, basándose en el reglamento interno, que un fiscal no puede retomar su trabajo si tiene procesos judiciales abiertos, e hizo mención de los dos procesos penales pendientes en su contra.

Laparra fue sentenciada a cuatro años de prisión el 16 de diciembre de 2022. La sentencia se debió a la denuncia presentada contra el exjuez Lesther Castellanos. Por esa razón la exfiscal señaló que las acusaciones en su contra han sido infundadas, además de ser parte de una campaña para obstaculizar su labor en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.

Tras la negativa del MP, Laparra dio a conocer que decidió renunciar a la restitución de su cargo, mediante un comunicado en el que refiere ser víctima de persecución y criminalización.

“Después de 16 años de servicio, he decidido renunciar como fiscal del Ministerio Público (MP). Tomo esta difícil decisión pues el esfuerzo continuo de criminalizar mi labor ha tenido como una de sus consecuencias que, de forma arbitraria, se me niegue la posibilidad de reincorporarme a mis labores, como una especie de pena anticipada”, dijo en el comunicado.

“Me solidarizo con las decenas de colegas que han sido perseguidas por hacer su trabajo con igual dedicación y dignidad; y con los cientos de fiscales que han sufrido hostigamiento o han sido destituidas por mantenerse firmes en sus principios. La ciudadanía guatemalteca sufre hoy las consecuencias de una fiscal general que abandonó su deber de procurar justicia y ha convertido al MP en un instrumento de venganza al servicio de intereses corruptos y mezquinos”, se lee en el comunicado.

Tanto Laparra como sus abogados esperan que en la próxima audiencia se concluya con la fase de la presentación de pruebas, y en una próxima audiencia se puedan presentar los argumentos finales y dar lugar a la sentencia final.

El próximo 21 de junio se continuará con la presentación de pruebas documentales y reproducción de material audiovisual.