Las mujeres mayas Q’eqchi del Estor, Izabal, quieren encargarse de la preconsulta que se realizará para decidir si la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) debe seguir operando en la zona. Esta medida surgió porque las autoridades indígenas que les representan se aliaron a la mina.

De acuerdo a María Choc, traductora del castellano al Q’eqchi y defensora de los derechos de las mujeres en los municipios de El Estor y Livingston, “muchas mujeres están molestas porque las personas que están guiando la preconsulta, entre ellos el alcalde municipal y las nuevas autoridades ancestrales, que no son representantes del pueblo sino traidores. Son autoridades creadas por la misma empresa”, lo que ha generado desconfianza en el proceso que se está realizando para validar la continuidad de la mina.

“Las mujeres no solo defienden su territorio, defienden su hogar, los derechos de sus hijos, en cuanto alimentación, vestimenta y educación. Se sabe que el territorio es nuestro, pero se está volviendo desierto. Las mujeres han estado en concentraciones para formar ceremonias comunitarias para fortalecer la organización, para darnos energía. Las mujeres han dicho que seamos nosotras las que nos encarguemos de hacer la preconsulta y que no sea beneficiado por la muni, ni por autoridades traidoras. Por eso están en constantes asambleas”, agregó la traductora.

“El viceministro de energía y minas, el alcalde del Estor, el gobernador, los alcaldes comunitarios y los que están escogidos como consejo indígena, están llevando la información sobre esta preconsulta que se quiere hacer en el municipio, pero están a favor de la mina porque ya están comprados; están manipulando a la gente”, denunció Olga Che, representante de la Gremial de Pescadores.

Por eso, la gremial está solicitando que se les acredite para participar en la preconsulta, sin embargo, aún no reciben una respuesta. En tanto, las mujeres están participando en asambleas e impartiendo charlas sobre la importancia de la preconsulta.

Las comunidades del Estor han estado en desacuerdo con la llegada de la empresa ruso suiza Solway Group, dueña del proyecto minero “Fénix”, desde 2004. Que además de extraer níquel en grandes cantidades, ha provocado varias muertes, incluyendo la de un pescador en 2017, y ha acusado injustificadamente a nueve pescadores y dos periodistas. Seis de ellos fueron desligados de las acusaciones, dos fueron enviados a prisión preventiva y consiguieron medida sustitutiva junto a tres más. La razón de fondo es que habían denunciado que el lago podría estar contaminado, ya que se había teñido de rojo.

La situación se agudizó en junio de 2020, cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó que se realizará una consulta comunitaria, un requisito que el Código Municipal contempla para tomar en cuenta la opinión de las poblaciones. Por ello, la mina debía de suspender sus operaciones, pero en agosto se documentó que CGN seguía funcionando, pese a la resolución de la CC.

Tanto la Muni del Estor como las autoridades indígenas ancestrales buscarían realizar la consulta tomando en cuenta, únicamente, a 4 de las 12 micro regiones afectadas por la presencia de la mina, de acuerdo a Guadalupe Xol, ex integrante del Consejo de Autoridades Indígenas, ya que fue expulsada del mismo cuando se negó el año pasado a firmar un documento para respaldar la continuidad de la CGN.

Además del desacato de la empresa, existe la amenaza inminente de que la mina desaloje a la “Agua Caliente Lote 4”, donde habitan 56 familias que llevan más de 32 años de vivir ahí y trabajar con la tierra en una extensión de diez caballerías.

“Ha habido manipulaciones, compras de voluntades, inclusive, sin el consentimiento de algunas compañeras”, refirió Choc, quien afirmó que la empresa aprovechó el confinamiento por la pandemia.

A quienes no lograron convencer, identifican, persiguen y criminalizan. En este rincón de Guatemala, si no se es aliado de la mina solo hay uno de los caminos: ir a prisión o perder la vida, aseguró Choc, quien fue criminalizada por la supuesta ocupación forzosa de una finca ubicada en Livingston, Izabal.

“Vamos a realizar una acción para ser escuchados pacíficamente si no nos quieren oír, hasta que se haga la preconsulta como manda la CC”, afirmó la representante de los pescadores.

Xol, quien formaba parte del Consejo de Comunidades Indígenas maya qeqchi desde 2013 hasta 2020, reclamó que las regalías que la mina deja no son suficientes para compensar a las comunidades afectadas con proyectos de desarrollo, y que el 1 por ciento que los proyectos extractivos dejan al país se lo queda el Gobierno. Nada de ese dinero llega al Estor.

“Cómo vamos a apoyar a la empresa si no nos han dejado nada. Pagaron a los líderes que me quitaran del camino, no querían una piedra en el zapato, no les conviene. Ahora, es raro que exista una mujer en el consejo porque solo hay hombres”, indicó Xol, quien además contó que su firma fue falsificada por el consejo indígena en una carta amicus curie, que respalda la operación de la mina. Nunca lo denunció porque tenía miedo de que la mataran.

La situación de intimidación, persecución y discriminación a la que están expuestas las comunidades, específicamente las mujeres Q’eqchi, además del desacato de la mina, ya han sido planteados ante el Gobierno. Al Estor solo le queda esperar la respuesta del Congreso y del Ejecutivo. Hasta entonces, las comunidades harán un pronunciamiento y definirán sus estrategias para hacerse escuchar.