Este 8 de agosto en el Tribunal de Mayor Riesgo D se llevaron a cabo los últimos debates orales y públicos en el caso Rancho Bejuco. La defensa de los acusados finalizó la presentación de sus argumentos, mientras que los familiares de las víctimas también tendrán la oportunidad de presentar sus peticiones. El proceso legal continúa en búsqueda de justicia y claridad en este caso.

La masacre que tuvo lugar en el caserío Rancho Bejuco, en Baja Verapaz, se desarrolló en un escenario de violencia sistémica y generalizada. De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), este trágico episodio, que ocurrió durante la dictadura del general Efraín Ríos Montt, ejemplifica la "persecución sistemática del Estado" con el objetivo de eliminar a la población maya en la región.

La acusación es por la masacre de 25 personas del caserío Rancho Bejuco, municipio del Chol, Baja Verapaz, en julio de 1982. Los relatos recabados por el Ministerio Público (MP)  detallan cómo los expatrulleros cavaron una fosa y procedieron a asesinar uno por uno a mujeres y niños. Además, se informa sobre el arrojamiento de los cuerpos y la detonación de bombas para asegurarse de la aniquilación completa de los sobrevivientes.

Varios son los militares que se encuentran sometidos a juicio por cargos de delitos contra los deberes de humanidad. Entre ellos el excomandante Juan Ovalle Salazar, así como los comisionados militares Mario Córdova y Santiago Cojón.

Adicionalmente, figuran en proceso legal los expatrulleros de la Patrulla de Autodefensa Civil  (PAC) Juan López, Carlos Sesam, Lauro Garrido, Lázaro Alvarado, Mario Garrido y Santos Cojón Galeano. Estos individuos enfrentan las consecuencias legales de sus acciones en relación con los cargos presentados.

Argumentación de la Defensa 

El abogado César Obed Palacios, quien representa a Mario Córdova y a Lauro Garrido, presentó argumentos clave en el tribunal. Destacó que el MP no logró demostrar la presencia de sus clientes en los hechos de la Masacre de Rancho Bejuco. Además, cuestionó la validez de los peritajes presentados durante el debate al señalar que dos de ellos fueron financiados por la parte acusadora, lo que podría afectar su imparcialidad. 

Palacios también planteó que el peritaje genético únicamente pudo identificar a 15 de las 25 víctimas, lo que contradice la versión del MP. En cuanto a los testigos, argumentó que muchos de ellos son referenciales y expresó dudas sobre la credibilidad de algunos testimonios. Específicamente, puso en cuestión la validez del testimonio del Testigo B, quien no mencionó que los hechos ocurrieron en Rancho Bejuco y el testimonio de Felipe Ixpatán, familiar sobreviviente, quien no nombró a sus defendidos en relación con los hechos. 

Sobre el Testigo A, el abogado sugirió que sus respuestas parecían estar preparadas y que no proporcionó evidencia directa de la participación de sus clientes en los hechos. 

Exigen Justicia 

Paulina Ixpatán Alvarado, procedente de Rabinal, Baja Verapaz, se presentó en el Tribunal con un firme propósito. Ella alzó su voz para exigir justicia ante la masacre perpetrada por los patrulleros en 1982.

Con convicción Paulina subrayó la necesidad de responsabilizar a los culpables. Sostuvo que los hombres presentes en el tribunal son los autores de esos delitos. Su testimonio no es una mentira, está respaldado por la presencia tangible de su hermana y otros niños que también fueron víctimas. Paulina enfatizó que estos niños no sabían lo que ocurría y aún así fueron masacrados. 

“Hace más de 25 años (de lo ocurrido) y estamos aquí ahora. Todo lo que queremos es que no quede impune todo lo pasado. Que se nos haga justicia para que sí queden presos, que se den cuenta las personas que lo hicieron los militares y los patrulleros, porque no solo fue allí, también en otros municipios de Rabinal.", expresó Paulina.

Máxima Emiliana García, representante legal de la Asociación Bufete Jurídico Popular, con una determinación firme expuso su deseo de que la verdad llegue a nivel internacional sobre lo ocurrido en su querido pueblo y aldea. Su voz no se quedará silenciada como la de muchos otros indígenas. La búsqueda de justicia es su objetivo, trazando caminos y abriendo sendas en beneficio de ese anhelo.

La abogada Lucía Xiloc destacó que en tribunales tuvieron la oportunidad de escuchar los testimonios de tres figuras significativas: doña Máxima, representante legal de la Asociación Bufete Jurídico Popular; María Natividad, querellante adhesiva y doña Paulina Ixpatán Alvarado, familiar de las víctimas. “Ellas han dicho que no buscamos más que justicia, que se reconozca la responsabilidad de los perpetradores y que se reconozca que ocurrió esta masacre en este caso”, explicó la abogada.  

La abogada subrayó la importancia de que la sentencia, que se espera para el 17 de agosto, sea condenatoria. La expectativa es que el caso demuestre la comisión de delitos contra los deberes de humanidad hacia la población del caserío Rancho Bejuco, donde fueron masacradas 25 personas, en su mayoría niños, niñas y mujeres.