La violencia en el hogar, el machismo, la criminalidad e inseguridad, el abuso psicológico, verbal, físico, económico, y de otro tipo, son detonadores que convierten a las mujeres en migrantes. Ya sea emprendiendo viajes a departamentos aledaños para conseguir trabajos de temporada o bien, al aventurarse en un éxodo hacia otros países, las mujeres no están libres de sufrir violaciones en la búsqueda de una mejor vida. Al menos el 30% de ellas han sufrido de abuso sexual, según cálculos de Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante en Guatemala.

La cifra es una mera estimación, admite Verzeletti, pues, aunque su organización cuenta con expertos que acompañan a las mujeres migrantes, la mayoría de ellas no hablan de las violaciones que sufren durante el tránsito. Esto se debe a que las condiciones en las que llegan al albergue “no son propicias”.

De acuerdo al entrevistado, las mujeres “son forzadas a dar favores sexuales a autoridades migratorias, policías y miembros del Ejército que, se aprovechan de su situación de vulnerabilidad”, también están expuestas a sufrir malos tratos, violencia verbal, física y psicológica cuando son detenidas.

“Infligir sufrimiento sexual es una forma de atemorizar a las mujeres y humillar a los hombres que en pequeños grupos de migrantes se desplazan por las rutas migratorias. En muchas culturas y sociedades, las agresiones sexuales a las mujeres son interpretadas como ataques contra el honor masculino y de todo el grupo de la víctima” refiere Sandra Herrera Ruiz, antropóloga y miembro de la Organización de Mujeres en la Ciencia de Guatemala (OWSD, por sus siglas en inglés).

“El comercio sexual de la frontera es un problema de índole social, de salud y Derechos Humanos porque involucra tráfico de personas con fines sexuales. Involucra a mujeres principalmente Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. Todas ellas jóvenes, inclusive niñas explotadas desde los 11 años, que les caracteriza la escasa o inexistente escolaridad, sumidas en falta de estima, aislamiento, censura social, y deformación de su dignidad de seres humanas”, comparte la antropóloga.

Este tipo de violencia en contra de las migrantes en tránsito, “se ha convertido en una de las prácticas más agresivas y habituales en el marco del fenómeno migratorio en México… Sin embargo, una vez que han tomado la decisión de emprender el viaje, las mujeres asumen la violación sexual como parte del costo que tienen que cubrir para llegar a su destino, pues ellas piensan que la violencia es parte inherente de su condición, de acuerdo al Modelo de atención para mujeres migrantes víctimas de violencia sexual de México.

Denunciar a un agresor sexual no es sencillo y menos si la víctima es migrante. Danilo Rivera, integrante del grupo articulador sociedad civil en materia migratoria, explica que las mujeres que sí denuncian estas violaciones lo hacen al ser retornadas, pero tienen pocas o nulas probabilidades de obtener justicia. Principalmente, porque los abusos ocurren durante el tránsito entre departamentos o países, en lugares desconocidos. Y los crímenes son perpetrados por grupos del crimen organizado a los cuales desconocen y no pueden identificar.

“Ven a las mujeres – sobre todo las que no tienen documentos- como un objeto para satisfacción de necesidades, de sometimiento, de servidumbre. Hay tráfico organizado en colusión con las autoridades”, señala Rivera. “Se ha naturalizado la violencia a la mujer migrante. Tiende a ser tratado como un tema privado del que no se habla, pero requiere de acompañamiento. Hay que fomentar la denuncia”, agrega.

Dorotea Gómez, defensora de la mujer de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), afirma que el abuso sexual es expresión del poder patriarcal. “Las redes criminales conocen las rutas por las que las migrantes pasan y eso pone en riesgo su integridad. Si a las mujeres en su territorio, les cuesta identificar a su agresor, en otros lugares es todavía más difícil”, refiere.

Herrera Ruiz dice que “los perpetradores, a veces, son identificados porque -los hechos- suceden en las inmediaciones de los puestos de registro migratorio de las autoridades mexicanas”. Pero la realidad es que, se hacen pocas denuncias debido a las condiciones de clandestinidad en las que migran. “Esto es porque las leyes las criminalizan y la xenofobia las condena. A lo cual se suma la discrecionalidad del accionar de las autoridades y un accionar plagado de anomalías e inconsistencias”, señala.

Herrera Ruiz continúa diciendo que “una mujer migrante que ha sido violentada sexualmente cae en una espiral administrativa y de revictimización. En la que tiene que demostrar, ratificar, testimoniar y demandar. Cosas que la Policía, el Ministerio Público y los Juzgados no están preparados para gestionar”.

La población centroamericana es uno de los grupos más numerosos entre los migrantes asentados en los EE. UU. Al menos, 3.2 millones de residentes provienen en mayoría, de Guatemala, El Salvador, y Honduras. De este total, el 46% son mujeres, de acuerdo a datos del estudio Violencia de género y frontera: migrantes centroamericanas en México hacia los EE. UU.

En el país de destino las oportunidades laborales y la condición de irregularidad migratoria pueden dar lugar a una mayor subordinación, acoso y violencia sexual.

“Entre el ir y venir de las deportaciones… Muchas mujeres resultan varadas en las zonas fronterizas. Su estadía en la frontera depende de los recursos con que cuentan para continuar su viaje. Algunas de ellas cruzan y siguen su camino hacia Estados Unidos sin detenerse. Sin embargo, otras recurren a pequeños trabajos que les permiten obtener algunos recursos para continuar con la migración. Son ellas quienes enfrentan situaciones de muy alto riesgo y vulnerabilidad de caer en redes de esclavitud sexual por deudas. Las adolescentes trabajadoras agrícolas son violadas en los ranchos hacinados y -algunas sufren- las agresiones sexuales en su trabajo como empleadas domésticas”, cuenta Herrera Ruiz.

San Marcos, Huehuetenango y Quetzaltenango son los departamentos que más mujeres deportadas registran durante 2020, ya sea por tierra o por aire, según cifras del Instituto Guatemalteco del Migrante (IGM).

En Centroamérica, en los últimos 25 años, ha habido un incremento de mujeres en el flujo migrante. El involucramiento arreció en las caravanas de 2018 y, ahora, son el 50% de la población, estima Verzeletti. En la actualidad, una de las preocupaciones latentes es la presencia de bebés y niñas debido a la situación de violencia y pobreza extrema de los países.

De enero a mayo de 2020, las mujeres representaron el 40 por ciento de las personas migrantes que solicitaron asilo en México, según el Observatorio de Género y Covid.

El flujo migrante de otros países también se mantiene activo y en tránsito en Guatemala siendo El Salvador, Nicaragua, Haití y Cuba las nacionalidades más recurrentes. Es decir, el Caribe peninsular y continental. Solo algunos casos provienen de Bolivia, Ecuador, Colombia, señala Verzeletti.

Durante el primer año de la pandemia, Honduras, Cuba y El Salvador lideraron las listas de naciones con más mujeres expulsadas del territorio guatemalteco, según el IGM.

Así, las migrantes se enfrentan a una realidad de impotencia al ser sexualizadas y al encontrarse en territorios desconocidos en los que, en ocasiones, quedan atrapadas. Para algunas, la mejor apuesta para llegar a salvo a su destino es viajar en grupos grandes. Para otras, es asumir la violación sexual como parte costo y prevenir cualquier enfermedad o embarazo que pueda devenir de ello.