Este miércoles 4 de septiembre, durante la mañana, se llevó a cabo la vista pública ante la jueza Anabella Esmeralda Cardona Cambara, magistrada presidente de Sala de Apelaciones del Juzgado de Mayor Riesgo que conocería la petición para apartar a la jueza de Mayor Riesgo A, Marta Claudette Domínguez Guerrero, del caso de violencia sexual que ejercieron seis Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC) en contra 36 mujeres mayas achi´ de Rabinal entre 1981 y 1985.

La suspensión de la vista pública se dio a las 2 de la tarde y se dará lectura a la resolución de los magistrados el próximo lunes 9 de septiembre a partir de las 11 de mañana. Las abogadas que representan a las mujeres Achi’ afirmaron que recurrirán a las herramientas legales para revertir la decisión de la jueza y añadieron que apelarán para seguir exigiendo justicia.

En este caso en el que resultaron absueltos Pedro Sánchez y Félix Tum, tres ex Patrulleros de Autodefensa Civil (Ex PAC) el 21 Junio de este año el Ministerio Público (MP), el 21 de junio de este año, señaló que la jueza Domínguez vulneró a las víctimas al dejar en libertad a los ex PAC acusados de violencia sexual.

Para las abogadas Lucía Xiloj, Gloria Valles y Haydeé Valey representantes de las mujeres Achi’, la jueza en su resolución actuó de forma parcializada a favor de los abogados de la parte defensora, violentando los derechos de las 36 víctimas de violación sexual durante el conflicto armado interno.

La abogada Gloria Valles, del Bufete Jurídico Popular, dio a conocer que esta vista pública se llevó a cabo porque la jueza Claudette Domínguez habría cometido los delitos de prevaricato y denegación de justicia al momento de resolver en el juicio donde las 36 mujeres Achi’ buscaban justicia.

La decisión de la jueza Claudette Domínguez, al desestimar los cargos a los ex patrulleros Simeón Gómez, Pedro Sánchez y Félix Tum, es para las comunidades afectadas, un grave revés en la búsqueda de la justicia.

Las víctimas y familiares esperan que los magistrados resuelvan apartar del caso a la jueza Domínguez  y  tener otro juez que con imparcialidad conozca el proceso de las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual entre los años 1981 a 1985.