Beatriz era una mujer joven que vivía con lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoide. En el 2013, el Estado salvadoreño le negó la posibilidad de interrumpir un embarazo que arriesgó su vida. Beatriz murió en 2017, sin embargo, este 22 y 23 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) conoció su caso en dos audiencias que podrían sentar un precedente sobre el acceso a un aborto para las mujeres en Latinoamérica. 

Cuando las autoridades salvadoreñas le negaron el aborto a Beatriz, una coalición de colectivas feministas y organizaciones presentó el proceso de demanda contra el Estado de El Salvador  ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) el 29 de noviembre de 2013. Cuatro años después, el 7 de septiembre de 2017, el caso fue admitido, pero un mes antes Beatriz había fallecido en un accidente automovilístico. El 22 y 23 de marzo de este año, las representantes de Beatriz y su familia, las abogadas del Estado Salvadoreño y la CIDH presentaron testimonios y expedientes médicos frente a la Corte IDH en el caso Beatriz y otros vrs. El Salvador. 

Beatriz pidió  interrumpir su embarazo 

Beatriz era una mujer que vivía en condiciones de pobreza en Jiquilisco, municipio ubicado a 97 kilómetros de la capital de El Salvador. Fue diagnosticada con lupus eritematoso sistémico, nefropatía lúpica y artritis reumatoidea, enfermedades que no tienen cura. En julio de 2011, quedó embarazada por primera vez. Fue un embarazo de alto riesgo y tuvo que ser hospitalizada en dos ocasiones por anemia y exacerbación de su cuadro lúpico. 

En 2013, Beatriz descubrió que estaba embarazada por segunda vez, mientras su cuerpo se cubría de llagas como resultado de la enfermedad con la que vivía. Su embarazo era de alto riesgo y, si continuaba con él, podría morir. Los médicos, además, diagnosticaron al feto con una malformación congénita: carecía de cráneo y encéfalo, lo que no le permitiría vivir después del parto.“ Beatriz me dijo: si mi hijo no va a vivir, yo no me quiero morir” señaló Guillermo Ortiz, uno de los médicos tratantes de Beatriz.

Beatriz pidió  interrumpir su embarazo para salvar su vida, después de que el Comité de Médicos del Hospital Nacional de Rosales, integrado por 15 médicos lo recomendara. Al no existir protocolos que lo permitieran, presentó un amparo en abril del 2013 ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, el cual funcionaría como un respaldo para los médicos que realizarían el procedimiento, según las representantes de Beatriz y su familia. Sin embargo, la resolución de este organismo no les brindó la seguridad que necesitaban. “Decía: hagan lo que tengan que hacer, pero no nos daban seguridad para actuar”, explicó el médico Ortiz. 

La Sala dictó una medida cautelar para garantizar su vida, salud física y mental en abril. Pero, en mayo rechazó el amparo bajo el argumento de que no hubo conducta omisiva por parte de las autoridades. Según la CIDH, “el Estado ocurrió por omisión porque no existían protocolos o reglas claras”. La única respuesta fue la judicial y el trámite fue demorado”. 

Las representantes legales de Beatriz afirmaron que ella sufrió tortura debido al sufrimiento causado al negarle la interrupción del embarazo. También le afectaba  el saber que su voluntad no estaba siendo escuchada, a pesar de haberla expresado en múltiples ocasiones y que podría morir si no se le practicaba el aborto.  “Lo más afectado fue su salud mental, ella vivía un duelo y quería finalizarlo”, indicó Guillermo Ortiz. 

Beatriz comenzó el trabajo de parto el 3 de junio de 2013. Fue sometida a una cesárea y a la extirpación de su útero. El feto anencefálico nació y murió cinco horas después. “El feto estaba destinado a fallecer. No nos quedaba nada más que cuidar de la salud de ella, pero no lo pudimos hacer”, explicó el médico Ortiz. La madre de Beatriz se presentó a declarar ante la Corte IDH, explicó que después de la cesárea estuvo en cuidados intensivos y estuvo en el hospital durante 81 días. Durante la audiencia realizada el 22 de marzo los jueces explicaron que el nombre de la madre no se mencionaba por seguridad. 

Cuatro años después, Beatriz fue víctima de un accidente de tránsito. Falleció el 8 de octubre de 2017 debido a que contrajo neumonía en el Hospital. Su hijo ahora tiene 11 años, “extraña a su mamá y pregunta cuándo volverá”, narró la mamá de Beatriz. 

La realidad de El Salvador 

“Hoy las mujeres como Beatriz solo tienen dos alternativas en El Salvador: la cárcel o el cementerio”, explicaron las representantes de Beatriz y de su familia. Según el estudio Del Hospital a la Cárcel de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, 181 mujeres fueron procesadas por aborto o emergencias obstétricas durante el período 2000-2019. Durante la audiencia, la CIDH afirmó haber registrado numerosos casos de mujeres encarceladas por la actual penalización en El Salvador. Según esta entidad, la criminalización a las mujeres que interrumpen su embarazo incidió en el caso y en el sentir de Beatriz. 

El 45 % de los abortos se practican en concidiones de peligro, según la CIDH. La mayoría de ellos ocurre en países en vías de desarrollo, como El Salvador. Por este motivo, la interrupción voluntaria del embarazo “es un problema crítico de salud y de los derechos humanos”, explicó una de las representantes de dicha institución. 

Beatriz sufrió discriminación al momento en el que se le negó el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, señaló su defensa. “El elemento de discriminación surge de la aplicación de la ley. La penalización se aplica solo a las mujeres, son ellas las únicas que ponen en peligro su vida y son criminalizadas en estas situaciones”, señaló la CIDH.

Según las representantes de Beatriz, las mujeres abortan en El Salvador sin importar que sea penado por la ley. Quienes se encuentran en un nivel socioeconómico alto lo hacen en clínicas privadas con condiciones seguras. Entonces, la legislación restrictiva en materia de aborto afecta principalmente “a las mujeres pobres, rurales y jóvenes”, señalaron. 

Son las mujeres como Beatriz, que vivía en situación de pobreza, sin agua potable ni luz eléctrica, las principales afectadas por la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo en El Salvador.  

¿Transformar la ley o elaborar protocolos? 

Durante el segundo día de audiencia, las representantes de Beatriz emitieron sus solicitudes ante la Corte IDH. Pidieron reparación integral para la familia de Beatriz por los daños incurridos. Solicitaron, además, que se ordene al Estado de El Salvador generar condiciones jurídicas que permitan el aborto en casos como el de Beatriz siguiendo las directrices establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Para que esta solicitud sea posible, también se pidió a la corte que ordené a El Salvador crear leyes y políticas públicas integrales que garanticen el acceso efectivo al aborto, sin autorización previa y con atención psicológica inmediata. Según las representantes de Beatriz, también es necesario que se elaboren guías prácticas clínicas para los médicos que aseguren el acceso a los métodos de diagnóstico y tratamiento en los casos que se requiera practicar un aborto. 

Uno de los modelos de legislación de la interrupción voluntaria del embarazo es el conocido como “de causales”. En él, deben existir condiciones específicas para que las mujeres puedan acceder al aborto. En el caso Beatriz y otros vrs. El Salvador, las representantes de Beatriz buscan que las mujeres cuyas vidas se encuentran en peligro por un embarazo puedan terminarlo. 

El Estado Salvadoreño aceptó que no existían protocolos que determinaran la manera de actuar de los médicos en casos como el de Beatriz cuando ella lo necesitó. “La incertidumbre no derivó del diseño legal del delito, sino de lo excepcional del caso”, señaló una de las abogadas. Solicitaron a la Corte IDH que únicamente se les ordene crear lineamientos y protocolos para atender emergencias como la de Beatriz. 

Las abogadas representantes de El Salvador manifestaron su preocupación por el establecimiento del modelo de causales en el país, especialmente por la causal de salud mental. Señalaron que, con él, cualquier afectación podría ser argumentada a través de este causal. “¿Pero qué significa esto? ¿Que si se puede abusar de un derecho, entonces se debe evitar que este exista?” cuestionó el tribunal. 

Ahora, las partes deben entregar sus argumentaciones por escrito antes del 24 de abril del 2023. Después de esto, el tribunal de la Corte IDH deliberará y posteriormente, emitirá una sentencia que el Estado Salvadoreño estará obligado a cumplir. El caso de Beatriz sentará un precedente para las mujeres latinoamericanas, la autonomía de sus cuerpos y su derecho a decidir.