El Ministerio Público atraviesa una crisis sin precedentes desde su creación. A criterio de organizaciones que trabajan en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas en Guatemala,  esa institución se ha convertido en una máquina de impunidad para las mujeres, adolescente y niñas víctimas de violencia sexual, ya que se prioriza la persecución de “enemigos políticos” y no se resuelven los casos de cientos de víctimas.

Por: Eslly Melgarejo

El Grupo Multidisciplinario para la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y el Mirador de los Derechos Sexuales y Reproductivos, presentaron el pasado jueves 9 de noviembre, un informe sobre el monitoreo de la situación de violencia sexual, derechos humanos, embarazos forzados en niñas y adolescentes de enero a junio de 2023. 

El informe muestra datos estadísticos de la situación que viven las niñas y adolescentes en Guatemala, como una estrategia y herramienta de incidencia, que desde las organizaciones que lo presentaron también fiscaliza la implementación del presupuesto en relación al cumplimiento de la salud sexual y reproductiva de las adolescentes jóvenes y mujeres, con el objetivo de  vigilar la forma en que  el Estado de Guatemala garantiza el avance progresivo de los derechos. 

Esmeralda Alfaro, coordinadora del Grupo Multidisciplinario para la Defensa de Derechos Sexuales y Reproductivos, asegura que los datos van en aumento: “Estamos representando datos de embarazos en niñas donde el Mirador tiene un registro del 2022 que  de enero a septiembre según datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se reportaron mil 786 embarazos en niñas menores de edad. En este nuevo informe estamos revisando y presentando que de enero a junio de 2023, un total de 1 mil 222 embarazos en niñas menores, lo que implica que existen aumento de casos y aumento de violencia sexual contra la niñas”.

Añadió que, estos datos son preocupantes  “porque el Estado está desatendiendo la situación, esto se observa no sólo en el índice de los casos, sino también de las noticias que recibimos, que un hombre violó a una niña de 11 años y el abuso venía desde hace años y así miles de casos que estamos reportando en este informe”, expresó Alfaro.

Lo embarazos en niñas menores de 14 años

Según los datos, sólo en los primeros meses de este año, de enero a junio, se registraron 1 mil 220 embarazos y 572 partos; en el 2022 fueron 1 mil 786 embarazos y 1 mil 105 partos y en el 2021  2 mil 124 embarazos y 971 partos.

Alfaro añadió que: “En Guatemala existe el Decreto 13-2017 en donde se dice claramente que las niñas que están siendo violadas y sufren de violencia sexual, están sufriendo un delito  y se debe denunciar para que el Estado de Guatemala responda ante este delito. Por un lado, debe atender la situación y por el otro hacer programas preventivos, esto no se está realizando actualmente, lo que provoca mayores brechas de desigualdad y ausencia en la educación”.

Ese marco legal es desconocido o poco conocido para la mayoría de la población guatemalteca e incluso, para un gran conglomerado de técnicos y profesionales que participan en diferentes ámbitos de salud y educación, a criterio de Alfaro, por lo que existe una debilidad con ese tema y la brecha en cuanto a derechos sexuales y reproductivos sigue siendo una deuda del Estado.

Violencia Sexual

Según el Mirador de los Derechos Sexuales y Reproductivos, el Ministerio Público atendió 3 mil 857 casos de violencia sexual durante el 2022, obtuvo 262 sentencias condenatorias, esto significa menos del 15% de casos atendidos, lo que se transforma en impunidad y violación de derechos humanos.

Para Alfaro, el Ministerio Público atraviesa una crisis sin precedentes desde su creación. La impunidad y el descaro con el que actúa la Fiscal General, Consuelo Porras Argueta, es impresionante. La fiscalía se ha convertido en un brazo del terrorismo judicial, en donde se persigue a los “enemigos” del statu quo, periodistas, defensores de derechos humanos, jueces y fiscales que durante los últimos años investigaron y conocieron casos de gran corrupción e impunidad. La creación de fiscalías municipales, como una forma de acercar la justicia a toda la población es un fracaso, ya que carecen de competencia para conocer varios delitos.

Específicamente en el tema de violencia contra la mujer y específicamente de violencia sexual, sigue sin que las instituciones estatales tengan planes o políticas de prevención efectivos. Las instituciones de justicia, como el Ministerio Público, tampoco cuentan con una respuesta efectiva para estos casos, expresó Alfaro.

“Es preocupante porque el Estado y entidades públicas que deben de prestar esta cobertura, no lo están haciendo de forma continua. La cobertura implica ampliar presupuestos, tener programas especializados, tener funcionarias y funcionarios públicos capacitados para atender la situación, pero también tener medicamentos e insumos. Estamos evidenciando la complejidad del problema, y consideramos sumamente importante que el Estado de Guatemala y el próximo Gobierno asuman esta problemática”, puntualizó la  entrevistada.

Las conclusiones del informe 

• La justicia del Ministerio Público se convirtió en una máquina de impunidad para las mujeres, adolescente y niñas víctimas de violencia sexual. La impunidad alcanza hasta el 95% de los casos.

• El presupuesto que está por aprobarse en el Congreso de la República debe ser fortalecido y aumentado en el Ministerio de Salud y Asistencia Social, con la finalidad de garantizar atención oportuna a las mujeres, niñas y adolescentes. 

• A nivel  de Latinoamerica, Guatemala ocupa el segundo lugar en muerte materna, violencia contra las mujeres y desnutrición, son casos relevantes porque el país genera bastantes recursos con lo que podría  atender estas situaciones. 

• En relación a Centroamérica, Guatemala es el único país que asigna el 2% en general para la salud, en relación a otros países centroamericanos que regularmente asignan el 5% o 6% de su presupuesto general. Que Guatemala designe sólo el 2% para salud es una grave crisis, y es una grave crisis que no evidencia la grandes necesidades en salud sexual y reproductiva de toda la población.