Más de cuarenta años pasaron para que el Estado de Guatemala sentenciara a cuatro militares por la desaparición de Marco Molina Theissen y la violación sexual de su hermana, Emma, en 1981. Desde entonces, los sentenciados han presentado diversas acciones legales con el objetivo de lograr su libertad. Ahora, la Corte de Constitucionalidad (CC) conoció la solicitud de Luis Gordillo Martínez.

Luis Gordillo Martínez fue sentenciado a treinta y tres años de prisión por delitos contra los deberes de humanidad y violación con agravación de la pena en el 2018. Cinco años más tarde, en 2023, presentó un recurso de inconstitucionalidad bajo el argumento de que uno de los delitos por el que fue sentenciado, violación con agravio, es inexistente. 

Esta solicitud “se suma a una serie de recursos interpuestos que pretenden tanto el cambio de medida de coerción como dejar sin efecto la sentencia, lo que evidencia, una vez más, el uso malicioso del derecho para favorecer a criminales convictos por crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles y sin derecho a medidas sustitutivas”, expresó la familia Molina Theissen y organizaciones de sociedad civil en un comunicado. 

El recurso fue conocido por la Corte de Constitucionalidad (CC) el 10 de agosto del 2023. Durante la audiencia, la abogada Jovita Tzul señaló que el recurso presentado por el exmilitar carece de fundamento legal, es decir, que no explica correctamente el fondo del asunto que busca dejar sin efecto. 

“Consideramos que este recurso es inviable y debe ser declarado sin lugar. Si en su momento la Corte Suprema de Justicia decidiera analizar la sentencia, se puede establecer que no hay ninguna resolución que se pueda establecer cómo se disminuye los derechos constitucionales, y eso es un requisito indispensable para esas acciones.  A lo largo de todas sus alocuciones no hay ninguna argumentación ni se hace ver de qué manera se restringen sus derechos”, indicó la abogada.

Ahora, la CC decidirá si el exmilitar continúa en prisión o si se anulará la condena. La resolución será comunicada posteriormente.

El caso 

El 27 de septiembre de 1981 y en pleno conflicto armado interno, el ejército detuvo a Emma Guadalupe Molina Theissen y la trasladó a la base militar de Quetzaltenango “Manuel Lisandro Barillas”. Allí, la mantuvo bajo custodia ilegal durante nueve días, tiempo en el que fue sometida a interrogaciones, golpes, tortura y violaciones sexuales. Emma logró escapar por una ventana. 

El 6 de octubre, días más tarde, individuos desconocidos entraron por la fuerza a la casa de la familia Molina Theissen. Allí, se encontraba Marco Antonio, el hermano de 14 años de Emma y su madre, Emma Theissen Álvarez. Los militares golpearon a la madre y le colocaron grilletes a Marco. Posteriormente, metieron al niño a un costal y lo arrojaron a la palangana de un pickup con placas oficiales. 

La familia Molina Theissen no volvió a ver a Marco. Según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), su desaparición forzada fue “una represalia por la huida de Emma y por la actividad política de la familia en general”, pues habían estado involucrados con grupos críticos al gobierno. 

En 2004, y como producto de la lucha de la familia Molina Theissen, el caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Esta entidad declaró al Estado como el responsable de las violaciones sufridas por la familia Molina Theissen. Y le ordenó investigar los hechos e identificar, juzgar y sancionar a los autores intelectuales y materiales de la desaparición forzada de Marco Antonio. 

El juicio por el caso Molina Theissen inició el 1 de marzo del 2018. Durante dos meses y medio, el tribunal del Juzgado de Mayor Riesgo C conoció múltiples evidencias documentales, testimoniales y periciales que le permitieron, en la madrugada del 23 de mayo, sentenciar a cincuenta y ocho años de prisión a altos rangos del Estado Mayor del Ejército: Manuel Benedicto Lucas García, el exjefe; Antonio Callejas y Callejas, quien dirigía la segunda sección y a Hugo Ramiro Zaldaña, oficial de la institución. Esto por delitos contra los deberes de la humanidad, violación con agravación de pena y desaparición forzada. 

A cinco años de la sentencia, los exmilitares han presentado diversos recursos por medio de los cuales buscan salir de prisión, lo cual lograron el 9 de junio por medio de una resolución de la CSJ. Ahora, la familia Molina Theissen continúa luchando porque la sentencia no sea revertida.