El pasado 9 de febrero, 222 presos políticos fueron liberados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Luego fueron deportados de manera inmediata rumbo a Washington D.C, Estados Unidos. Pero, aunque recuperaron su libertad, el régimen nicaragüense decidió arrebatarles su nacionalidad, convirtiéndolos así en apátridas. 

El régimen de Ortega y Murillo ha encarcelado a periodistas, feministas, activistas y otras personas que consideraban disidentes del gobierno. Algunas, como Dora Téllez, conocida como la Comandante Dos de la revolución nicaragüense, permanecieron en prisión por más de un año en la cárcel El Chipote en total aislamiento. Su crimen: “traición a la patria”, según el sector justicia.

El 9 de febrero, el gobierno nicaragüense anunció la liberación de 222 de las 245 personas que guardan prisión por motivos políticos en el país. Una noche antes, según el diario El País, las autoridades de la cárcel los cambiaron de celda y luego les ordenaron que abordaran 3 autobuses. Desconocían su destino hasta que llegaron al aeropuerto. Allí, abordaron un vuelo que los llevaría a Washington D.C, Estados Unidos.

De inmediato, la Asamblea Nacional decidió reformar el artículo  21 de la Constitución Política. En ella, se regula la nacionalidad nicaragüense. Esto permitió que el gobierno despojara a las y los liberados de su nacionalidad, acusándoles de “menoscabar la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo, por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica”. 

94 personas más pierden su nacionalidad 

El 15 de febrero, el gobierno nicaragüense despojó a otras 94 personas de su nacionalidad. Entre los afectados se encuentran escritoras, periodistas y activistas, quienes viven en el exilio. Se les acusa de “traicionar a la patria” y se les considera “prófugas de la justicia”. Las ahora apátridas son mujeres que, a través de sus disciplinas, han resistido y se han opuesto al régimen de Ortega y Murillo. 

Una de ellas es Gioconda Belli. Es una premiada escritora, poeta y activista política nacida en Nicaragua. Estuvo involucrada en la Revolución Nicaragüense y ocupó posiciones importantes en el partido sandinista y el gobierno revolucionario. Al enterarse de la decisión del gobierno, compartió un extracto uno de sus poemas en twitter: 

El gobierno también arrebató la nacionalidad a otras activistas de los derechos humanos, como la abogada Vilma Núñez, quien dirigió el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). La decisión fue rechazada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).  Lo mismo sucedió con Azahela Solís, abogada feminista que, desde 2020, había sido víctima de falsos señalamientos y difamación por parte del gobierno. 

Entre las periodistas que perdieron su nacionalidad se encuentran la feminista Sofia Montenegro y Jennifer Ortíz. Ante esta decisión, Ortíz escribió en su cuenta de twitter: “... ¡Por Nicaragua y por su libertad: el periodismo no parará!”