María Choc de origen Q’eqchi y defensora de territorios indígenas, lleva más de 3 años detenida bajo los señalamientos de usurpación, detenciones ilegales y amenazas a los propietarios de la Finca Santa Isabel, mientras se desenvolvía como traductora de comunidades indígenas Q’eqchi de Livingston, Izabal, que buscan recuperar tierras ancestrales que les habían sido arrebatadas hace más de un siglo. El juez Aníbal Arteaga decidió este 3 de agosto, que su caso fuera a juicio oral y público.

Todo habría empezado el pasado 30 de octubre de 2017, cuando una de las comunidades de Chab’il’ Choch fue desalojada por la policía de la finca Santa Isabel, ubicada en el municipio de Livingston, tras un año de asentarse en el lugar. La finca es propiedad de la sociedad anónima Lisbal.

Pero la historia de Chab’il’ Choch es más compleja que un lío de propiedad ocupada por terceros, porque los pobladores que llegaron a la finca lo hicieron para recuperar las tierras que aseguran les fueron arrebatadas.

En medio del proceso para aclarar la forma y motivos por los cuales los pobladores de Chab’il’ Choch ocuparon la finca, es que aparece María Choc en la escena. Choc, defensora de los derechos de las mujeres en los municipios de El Estor y Livingston, asistía a la comunidad como traductora q’eqchi’-castellano cuando fue detenida porque la empresa Lisbal, S.A. la denunció como una de las personas que ocupó a la fuerza sus tierras. Esto fue en noviembre de 2018.

“La comunidad no sabe hablar español. Si no conoce -sus derechos- se queda callada y no hace nada, pero si alguien conoce e interpreta y les dice que tienen derecho a las tierras, entonces es visto como el enemigo porque les abre los ojos a los demás”, explicó Wendy López, abogada de Choc de parte del Bufete de Pueblos Indígenas.

En septiembre de 2020, Lisbal fue excluida como querellante adhesiva del caso y esa movida fue la que permitió que el caso empezara avanzar. “Durante más de dos años, Lisbal estuvo retrasando y suspendiendo las audiencias”, contó la entrevistada.

Choc ha esperado a la justicia desde su casa gracias a que logró que un juez le otorgara una medida cautelar de arresto domiciliario.

Este 3 de agosto, se realizó la audiencia de aportación de pruebas. Aunque la citación inició tres horas después de la hora acordada, el juzgado admitió todos los medios presentados por la defensa y programó el inicio del debate oral para el 8 de noviembre en las instalaciones del Tribunal de Sentencia Penal de Puerto Barrios. Mes en el que Choc cumplirá cuatro años detenida.

El juez Arteaga que lleva el caso, quien actualmente preside el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Puerto Barrios, Izabal; es conocido por haber obstaculizado la investigación contra la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) en 2014 y tres años más tarde, se negó a dar libertad a Abelino Chub tras clausurar provisionalmente el caso penal en su contra.

Lisbal, S.A. y un pleito ancestral por las tierras

Lisbal, S.A. es una empresa dedicada a “actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados”, creada en 2006, de acuerdo a la descripción comercial que el portal de Guatecompras.gt brinda.

La empresa es propietaria de una gran porción de las tierras en disputa. De acuerdo a la última actualización de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (DICABI), Lisbal sí es dueña de dos propiedades en Livingston desde 2009. Una de ellas es la Finca Santa Isabel.

La abogada de María Choc dice que este pleito de tierras ha llevado a la comunidad a abrir un proceso penal contra la empresa con el fin de recuperarlas. “Ellos están luchando para que se les reconozca su derecho de la tierra. De acuerdo a la CIDH, les pertenece tengan título o no”, refirió.

Algunos estudios antropológicos, históricos y registrales podrían ser la forma en la que el bufete demuestre que la finca era habitada por la comunidad Q’eqchi antes de 1808 hasta 1902, cuando fueron desplazados y la tierra fue adjudicada a la familia Rosales, sin motivo aparente.

“Hay un antecedente histórico de que había personas -de Chab’il’ Choch- viviendo allí. El Código Penal de esos años -1902- dice que no se podían tomar las tierras ocupadas por los indios -así los describe el documento-. Un argumento que se presentó en amparo”, dijo López, quien también señaló que Lisbal es una empresa de cartón.

Rodrigo Lainfiesta, dueño y director ejecutivo de Lisbal, falleció hace un año a causa de la enfermedad de Lyme. Fue operador político del exdiputado de FCN, Javier Hernández y enfrentaba una investigación por el desvío 17.4 millones de quetzales del presupuesto para construir la cárcel de Fraijanes II. Su hermano es el exdiputado de la UCN, Julio Lainfiesta.

Lainfiesta fue propietario de la Finca Santa Isabel, pero esto todavía no se esclarece. Algunos medios de comunicación señalaron que cedió la propiedad a Otto Pérez Molina como parte de un aporte a la campaña política del Partido Patriota.

En medio de todo, María Choc no se siente derrotada. Sabe bien que la suya, es una lucha para “desenmascarar a las empresas fantasmas creadas durante el Gobierno de Otto Pérez Molina”.