En una audiencia temática sobre Periodismo en el exilio, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), varias organizaciones no gubernamentales y periodistas presentaron la situación de la prensa en la región. Lucía Escobar, periodista guatemalteca, habló y contó su situación personal en el contexto guatemalteco. A continuación su ponencia.

Buenas tardes. Mi nombre es Lucía Escobar, soy una periodista que vive en el exilio desde el 2023. Les compartiré el contexto en que trabajan mis colegas en Guatemala y que ha llevado a más de veinte periodistas a sufrir esta situación.

Durante la administración de Alejandro Giammattei, tanto instituciones del Ejecutivo como del Legislativo y el Judicial, específicamente el Ministerio Público, fueron cooptadas por poderes corruptos y antidemocráticos. 

Según un informe de 2023 elaborado por la Red Rompe el Miedo Guatemala y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el 72.2% de los periodistas exiliados entrevistados fueron criminalizados mientras realizaban coberturas sobre corrupción e impunidad. El 77.8%  recibió múltiples y reiterados ataques como amenazas e intimidaciones, señalando que trabajaron en contextos hostiles y de acoso, principalmente a través de redes sociales; además la gran mayoría de estos identificó a los actores políticos como sus agresores. 

Ninguna organización local de Guatemala se encontraba preparada para atender la urgencia de los casos de exilio, con excepción de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. 

La insuficiente atención al creciente número de exiliados impacta en las condiciones de vida de los periodistas, generando efectos negativos en la sociedad, profundizando el clima de autocensura y privando a las personas del derecho a ser informadas.

Los periodistas enfrentamos muchos retos en los países de acogida, como son la lentitud en las respuestas ante situaciones de alto riesgo; la burocracia en temas de migración, escasez de cartillas en los consulados para los pasaportes, falta de asesoría migratoria y de asistencia laboral, dificultad para renovar el Documento Personal de Identidad desde el extranjero, y discriminación y racismo, por mencionar solo algunos. 

El Estado guatemalteco ha reaccionado de forma diversa ante los exilados. Por un lado, la administración de Bernardo Arévalo compartió su disposición a brindar garantías de seguridad a los que deseen retornar al país. Pero por otro lado, esto no parece posible debido a la tendencia a criminalizar que tiene el Ministerio Público y los jueces en el Organismo Judicial y en la Corte de Constitucionalidad.

Estas condiciones que vulneran el ejercicio periodístico también se ven reflejadas en lo que provocó mi propio proceso de exilio, tan reciente que aún me cuesta nombrarlo como tal. 

Salí de Guatemala la madrugada del 15 de octubre del 2023 pensando que regresaría en 15 días, luego, quizá en 2 meses y aquí estoy 9 meses después, mudándome por quinta vez. 

Los 25 años de mi carrera periodística los hice en mi país, he sido testigo de eventos atroces, así como momentos de belleza y solidaridad únicos. Nunca pensé que documentar una manifestación y el rechazo del pueblo a Miguel Martínez, en La Antigua Guatemala, podría llevarme a enfrentar cárcel por “incitación al odio” o “crimen organizado”. 

Durante 24 horas recibí una serie de amenazas y “avisos” que convirtieron mi hogar en un montón de cajas, y mi vida en una hoja en blanco.

Lo que en el 2011 sufrí a lo largo de semanas, y que llevó a esta misma Corte a otorgarme medidas cautelares, ahora lo viví en el transcurso de horas. 

Este es mi segundo exilio, el primero fue al dejar el Lago de Atitlán por denunciar limpieza social. En aquella ocasión, me apoyé en el Ministerio Público y en La Fiscalía de Delitos contra la Prensa, quienes lograron su primera victoria judicial condenando a 3 años y 8 meses de prisión al líder de una banda ilegal de seguridad, por amenazas y discriminación en mi contra. La banda fue desmantelada ese mismo año y sus dirigentes apresados. 

Pero ahora son las fiscalías las que nos persiguen en lugar de protegernos. Y los mafiosos, aunque pertenezcan a la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, se mueven por el país a sus anchas y en total impunidad.  

Mientras tanto periodistas y comunicadoras valiosas como Michelle Mendoza, Melisa Rabanales, Julia Corado, Laura Rojas, Stef Arreaga, las hermanas Andrea y Lucía Ixchíu, se han visto forzadas al exilio. Estos casos deben ser atendidos con urgencia y visión de género.

Las mujeres periodistas vivimos con más frecuencia violencia sexual. Se nos cuestiona constantemente nuestra integridad moral y nuestro rol familiar.

Muchas periodistas también somos madres. Y cada decisión que tomamos es como una bomba en la familia, afecta directamente a todos los miembros, mi exilio es expansivo a mis hijos. La gente me dice: otra vez pusiste en riesgo a tus hijos.  Y esto nos da mucha culpa. Además que nos pueden amenazar a través de nuestros seres queridos.

Otras, aunque no maternan, están a cargo del cuidado de otros miembros de la familia, y al exiliarse, trastornan todo en su familia. 

El exilio me dio la oportunidad de resguardar mi integridad y de salvar mi voz, aunque ha implicado muchísimos retos personales y familiares. El más grande es no poder abrazar a mi madre ahora que tanto lo necesita. Y esto me duele.

Queremos que implementen todas las medidas necesarias para que podamos volver a incomodar con nuestro trabajo, y regresar sin miedo a represalias.