Los periodistas Marvin Del Cid y Sonny Figueroa no incurrieron en el delito de violencia contra la mujer, según resolvió la jueza Michelle Dardón Aguilera, del Juzgado de Femicidio, este 3 de agosto durante una audiencia de oposición de medidas de seguridad en la sede del Ministerio Público; la juzgadora también revocó las medidas de restricción que habían sido impuestas en contra de los comunicadores.

La jueza Dardón, argumentó que María Luisa Morales Gatica de Martínez y Claudia Ivón Martínez de Girón, madre y hermana de Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno, no utilizaron la vía adecuada para solicitar una aclaración o rectificación de la nota periodística publicada en los medios de comunicación digitales Artículo 35 y Vox Populi. Por ello, era innecesario vedarles a Del Cid y Figueroa los derechos a la libertad de prensa, de expresión y de acceso a las fuentes de información pública.

Pese a la decisión de la jueza, Lesbia Castillo Medrano, fiscal del Ministerio Público (MP), solicitó que las medidas de seguridad decretadas a favor de las agraviadas continúen vigentes, sin considerar la vulneración del ejercicio periodístico que la ley les faculta a ambos periodistas. La solicitud de la fiscal fue rechazada por la juzgadora al considerar que no existieron elementos de prueba y únicamente admitió el incidente de oposición planteado por la parte opositora.

Investigar posible acto de corrupción motivó la denuncia contra los periodistas

Del Cid y Figueroa fueron denunciados por los delitos de coacción y violencia contra la mujer, en su manifestación psicológica, el 21 de mayo, por la madre y hermana del exdirector del desaparecido Centro de Gobierno, creado por el presidente Alejandro Giammattei.

La denuncia se debe a un artículo publicado el pasado 4 de febrero en los medios Artículo 35 y Vox Populi, en el cual se detalla que la madre y hermana de Miguel Martínez dejaron su casa en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, y se mudaron a vivir a un lujoso condominio en Sacatepéquez. Un inmueble valorado en US$200 mil y que fue adquirido por Demci Aroldo López Villatoro, uno de los mejores amigos de Martínez, quien vive en España tras ser juramentado como diplomático durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei.

La jueza Dardón Aguilera otorgó el mismo día de la denuncia (21 de mayo) las medidas de seguridad a favor de las agraviadas por considerar que había “una presunta violencia en contra de la mujer”, por lo que se dictaron prohibiciones a los periodistas de no publicar información sobre ellas y Miguel Martínez.

La jueza Dardón es la misma que concedió medidas de protección a la excanciller Sandra Jovel contra un medio de comunicación escrita.

El contexto y las formas en que se presentan las denuncias ilustran que al final lo que se busca es atacar a periodistas que investigan actos de corrupción en las instituciones públicas, a activistas que denuncian la criminalización y represión estatal y a quienes insisten en el respeto a la democracia y el estado de derecho en el país.

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https://rudagt.org/mujeres-periodistas-contra-el-uso-de-la-ley-de-femicidio-para-criminalizar-a-la-prensa/

La Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer en Guatemala fue aprobada para prevenir y juzgar la violencia real contra las mujeres en un país en el que diariamente se presentan 235 denuncias de delitos en contra de la niñez y las mujeres y de las cuales solo el 21% se “solucionan en el sistema de justicia”. En lo que va del año, 87 mujeres han denunciado diariamente violencia psicológica, pero solamente 92 agresores han sido condenados, el resto queda en impunidad, por lo que resulta interesante cómo funcionarias públicas y familiares de funcionarios se amparan en esta Ley para restringir la labor periodística y bajo las influencias de altos mandos del gobierno reciben medidas inmediatas.