Ante la violencia estructural y cotidiana contra las mujeres, muchas se enfrentan a una preguntan fundamental: ¿qué hacer? Las miradas sobre la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia machista tienen distintos enfoques para conformar rutas integrales que prioricen la vida, salud emocional y física de las mujeres sobrevivientes de violencia. A pesar la existencia de instrumentos legales y rutas establecidas en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, como la CEDAW y Belém do Para, y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- las instituciones estatales siguen careciendo de medios y voluntad política para atender esta urgencia que solo en 2020 cobró la vida de 455 mujeres, con un promedio de 209 denuncias diarias de violencia contra las mujeres.

En este contexto, las conversaciones sobre qué significa la justicia para las mujeres se retoman cuando los casos de violencia y femicidio cobran mayor visibilidad. Como el 22 de enero, cuando se conoció la noticia de 5 mujeres víctimas de femicido y otras forma de violencia. En los primeros 23 días del mes de enero, 38 mujeres y Hillary Arredondo de 3 años fueron víctimas de femicidio.

Los femicidios son registrados como fallecimientos de mujeres por muerte violenta. De acuerdo con el reportaje de Regina Pérez, en el mes de enero se ha registrado más de un femicidio al día, y los departamentos con los mayores casos son Guatemala y Escuintla. Asimismo, durante la pandemia se redujeron los casos de femicidio pero aumentaron las denuncias por otras formas de violencia contra las mujeres.

Las calles del país fueron escenario de distintas movilizaciones demandando justicia. El 19 de febrero en Tiquisate, Escuintla, se realizó una manifestación en repudio al femicidio de Hillary Arredondo. El domingo 24 de enero en la Plaza de las niñas a las 10 am se realizó una acción de calle demandando justicia por las mujeres víctimas de femicidio y desaparición. Posteriormente las mujeres se dirigieron a la Avenida Simeón Cañas, en el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Luz María del Rocío.

Algunos de los discursos de funcionarios públicos se enfocaron en promover métodos como la castración química y la pena de muerte como respuesta a la violencia contra las mujeres y los femicidios. Estas medidas se han analizado internacionalmente como acciones de demagogia, que no solucionan la violencia contra las mujeres y más bien ocultan la necesidad de políticas integrales para la prevención y sanción de la violencia.

Diputados del partido VIVA propusieron la castración química para los hombres condenados por delitos de violencia sexual, aduciendo la aplicación de medicamentos para suprimir el deseo sexual. Esta medida presupone que la violencia sexual es producto de los impulsos o instintos sexuales de los hombres, naturalizándola y asilándola de las estructuras patriarcales que el feminismo ha analizado como marcos de enseñanza y legitimación de la violencia sexual contra las mujeres.

Estas bancadas se conforman por los mismos diputados que han promovido iniciativas como la de la ley 5272 denominada “Protección a la Vida y a la Familia”, proyecto que pretende penalizar a las mujeres que abortan por cualquier motivo, prohíbe la educación sexual integral en establecimientos educativos públicos y privados, así como la unión de hecho y el matrimonio para personas del mismo sexo.

A la vez no aprueban leyes como la Ley de Creación del Procedimiento para Delitos de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas o la Ley contra el acoso callejero y otras formas de violencia contra la mujer, por mencionar algunas.

En este contexto ¿qué pueden hacer las mujeres? ¿Qué caminos existen y cuáles se busca alcanzar? Desde las experiencias de mujeres que trabajan el tema de la violencia en el ámbito institucional, las propuestas de las jóvenes y la sanación como acto político se pueden encontrar nuevas alternativas, conocer los caminos existentes y crear nuevos.

La ruta institucional

Una respuesta casi automática cuando se conoce sobre un caso de violencia contra las mujeres es “denuncia”. Efectivamente, en Guatemala desde el año 2008 existe la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres que establece estos delitos como acciones públicas, reconociendo la violencia física, sexual, económica y psicológica. También existe el delito de violación a la intimidad sexual, que ha cobrado relevancia en un contexto de tecnologías digitales de largo alcance donde se difunden fotos y videos sexuales de mujeres sin su consentimiento.

En el Ministerio Público -MP- existe una Secretaría de la Mujer encargada de velar porque los modelos de atención a las víctimas se cumplan, así como de proveer a las fiscalías los insumos necesarios para atender los casos.

El camino establecido desde el MP es el de presentar una denuncia, ya sea en sus de manera personal, electrónica o telefónica. También se puede denunciar en un juzgado de paz o mediante la Policía Nacional Civil llamando al 110. La PNC debe tomar la denuncia, remitirla al MP y este llama a las mujeres para ampliar la denuncia. Para emergencias se puede llamar en cualquier momento del día al 1572 para poner una denuncia o notificar la desaparición de una mujer, con la cual se activará la alerta Isabel-Claudina.

Luego de presentar la denuncia, la ruta establecida debe ser una atención integral a la víctima. Se deberá brindar asesoría legal, acompañamiento psicológico y evaluación médica forense en el caso de la violencia física y sexual. Esta es la atención primaria. Luego se debe evaluar la necesidad de buscar un lugar de albergue para las mujeres y si es el caso, sus hijas/os, para resguardar sus vidas.

La secretaria de la mujer del MP, Lucrecia Vásquez, responde qué le diría a las mujeres que no confían en el sistema de justicia para denunciar: “Tenemos equipos multidisciplinarios que van a fortalecerse aún más. Yo les diría que pongan su denuncia para romper el círculo de la violencia, para que sean acompañadas de psicólogas y servicios integrales. Que si hay una mujer que ha desaparecido activemos el mecanismo para buscarlas. Desde que se activa el mecanismo y sale el boletín se manda a las fronteras y a las instancias policiales. Denunciando y rompiendo estos componentes de violencia pueden salvar la vida, puede evitarse un femicidio. Y a los femicidas y violentadores, el mensaje del MP es que estamos trabajando para meterlos a la cárcel y que se haga la justicia que corresponde.”

La Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH- es otra institución que entra a actuar cuando las mujeres no tuvieron atención adecuada en el MP o en la PNC, o si tienen dudas de cómo denunciar. “Lo que hace la PDH es que, si se trata de hechos distintos a la violencia física y sexual, se toma la denuncia de la mujer y la remite al MP. Cuando son víctimas de violencia física o sexual, se les acompaña para interponer la denuncia directamente en el MP”, comenta la defensora de la mujer Dorotea Gómez.

La PDH también puede intervenir cuando no funcionan las medidas de seguridad para las mujeres que han presentado denuncias. En muchos casos, la policía no responde a pesar de la insistencia de las mujeres. Cuando esto ocurre la PDH llama a las autoridades para pedir que se garanticen las medidas correspondientes. Cuando se requiere, la PDH acompaña a las mujeres al Modelo de Atención Integral hasta garantizar que se haya colocado la denuncia y se hayan cumplido las medidas requeridas por las mujeres.

Asimismo, recalca algunas de las mayores preocupaciones que se tienen desde la PDH: la lenta actuación del MP para investigar a los agresores, la falta de atención especializada con enfoque de derechos humanos en las fiscalías de la mujer y otras. Se han reportado muchos casos donde no se toman las denuncias de las mujeres “aduciendo que no era violencia contra la mujer, y cuando una conocía las características de lo que ellas querían denunciar, sí encuadraba en violencia contra la mujer. Entonces teníamos que llamar y pedir que tomaran la denuncia. Ellos respondían que rectificaban y no sabían quién la había atendido pero que tomaban la denuncia”, menciona Dorotea.

Es por ello que se señala la necesidad de que en el MP se garantice una atención calificada con enfoque de derechos humanos de las mujeres para que no se les revictimice y se cumpla la obligación del MP de recibir todas las denuncias. Agrega que “hemos conocido de casos donde las mujeres denuncian, pasan cuatro años y su caso no se ha llevado al juzgado correspondiente. Eso también afecta las expectativas de las mujeres y las coloca en zozobra. Otra de las necesidades es que haya espacios que les brinden apoyo integral, psicológico, médico y legal. Porque a veces se da esa atención para la recepción de la denuncia, pero después de ponerla ellas necesitan acompañamiento para comprender su situación y saber qué rutas seguir para fortalecer la decisión que tomaron de denunciar. Cuando las mujeres no tienen esta oportunidad muchas veces caen en estados depresivos porque no tienen apoyo emocional y legal”.

La PDH también coordina con entidades como el Grupo Guatemalteco de Mujeres, Fundación Sobrevivientes, Instituto de la Víctima, Bufete Popular de la USAC y Centros de salud para referir a las mujeres que necesiten apoyo psicológico, médico o legal.

Dorotea Gómez menciona que es sorprendente el desconocimiento que las autoridades tienen sobre las rutas de atención para las mujeres víctimas de violencia. “El gobierno sacó un comunicado donde ponía en primer lugar a la defensoría de la mujer para la recepción de las denuncias, cuando quien tiene el mandato legal e institucional para esta función es el MP. La PDH es una instancia de apoyo y auxilio cuando el MP no actúa como corresponde”.
Estos niveles de impunidad se profundizaron durante la pandemia. De acuerdo con la defensora de la mujer, los niveles de respuesta se debilitaron porque no todas las instancias estaban trabajando de manera presencial.

De acuerdo con el Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público, en el 2020 de las 88,711 denuncias se resolvió el 25%, es decir 19,037 casos. Estos, no obstante, conforman los desenlaces de: sentencia, desestimación, archivo, remisión a juzgado, entre otras no especificadas. 1,390 agresores fueron sentenciados, 877 están en prisión preventiva. Los datos del informe final de la CICIG en 2019, señalaron que los delitos de violencia contra la mujer cuentan con un 97.05% de impunidad, y los delitos sexuales con 93.31%.

La diputada Ligia Hernández, integrante de la Comisión de la Mujer en el Congreso señala que “no hay evidencia de que después de vivir la violencia las mujeres tengan una atención efectiva. No contar con un respaldo institucional no les permite cortar los lazos con los agresores. Hay una ausencia de políticas que le permitan a una mujer retomar su vida lejos del agresor. Esto hace muy difícil romper los ciclos de violencia”.

Claudia Hernández, directora de Fundación Sobrevivientes, menciona que hay dos rutas para las mujeres víctimas de violencia: la denuncia o la búsqueda de rutas de acompañamiento psicosocial y sanación. “La que se tiende a fomentar mucho es la denuncia. Lo ideal es que vayan directamente al MP, para que no tengan que volver a contar los hechos en otras instancias. Hay que procurar que la información de la manera más clara y coherente.”

Si las mujeres son referidas a una casa refugio o albergue temporal, es importante que se sepan las normativas del lugar, cuánto tiempo se puede estar allí, si se puede entrar y salir. Con esta información, se puede decidir ir a un refugio o recurrir a apoyo familiar o amistades para minimizar el riesgo. “Luego se recomienda acudir a alguna organización de sociedad civil o el centro de atención a la víctima para recibir apoyo psicológico, que va a ayudar a fortalecer en ese momento de crisis, aclarar las ideas de lo que ella desea hacer más adelante e ir sanando para retomar su proyecto de vida”, agrega.

Uno de los temas de peso para las mujeres que les hacen evitar denunciar es el temor a perder la pensión alimenticia. En ese sentido, se plantea la importancia de que en la atención integral se incluyan programas para la independencia económica de las mujeres. Una organización que trabaja estos programas es la Asociación de Mujeres Chajulenses.

En la Fundación Sobrevivientes se trabaja desde dos áreas: legal para delitos contra la vida, delitos sexuales, trata; y familiar, para casos de pensiones de alimentos y divorcios. También se trabaja terapia de duelo para las familias de mujeres víctimas de femicidio.

La situación de los CAIMUS

La Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Contra la Mujer -CONAPREVI- creada en el año 2000, es la entidad encargada de coordinar, asesorar e impulsar políticas públicas para reducir la violencia contra las mujeres. Está integrada por el presidente de la república, la fiscal general, presidencia del Organismo Judicial, Ministerio de Gobernación, Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, PROPEVI, Defensoría Indígena y tres representantes de organizaciones de mujeres que son el Grupo Guatemalteco de Mujeres –GGM-, Mujeres Transformando el Mundo –MTM- y Nuevos Horizontes. En el año 2018 elaboró un nuevo plan estratégico para el periodo 2018-2222. La CONAPREVI es la encargada de impulsar la creación de los Centros de Apoyo Integral para la Mujer Sobreviviente de Violencia –CAIMUS- así como de acompañarles, asesorarles y monitorearles.

La coordinadora del Grupo Guatemalteco de Mujeres Giovanna Lemus menciona que también existen medidas alternativas para tener una atención integral si se vive un hecho violento “están los Centros de Apoyo Integral. El primero lo inauguramos en 1991. Se han sumado otras instancias que también trabajaban el albergue temporal y el apoyo integral sumando esfuerzos con organizaciones. Ahora hay diez centros funcionando, con sus debilidades porque el Estado no asume lo que le corresponde. No nos disputan la atención a las mujeres, nos disputan los recursos que siempre van a ser insuficientes pero necesarios. La mejor forma de atender a las mujeres es integralmente, el acompañamiento psicosocial, legal, si hay casos de riesgo la posibilidad de acudir a un albergue temporal.”

Las formas en que el sistema de justicia le ha fallado a las mujeres se pueden analizar en un caso narrado por Giovanna, donde recibieron la notificación de una audiencia siete años después, citando a la persona una hora antes de la audiencia.

La secretaría de la mujer del MP está próxima a inaugurar un nuevo Modelo de Atención Integral para las mujeres MAIM I’x Kem en la Ciudad de Guatemala “para ampliar los servicios del MAI del MP donde se integrará atención psicológica, emprendimientos económicos. Van a sumarse los esfuerzos de varias entidades del estado e iniciativas privadas. Se decide iniciar en Guatemala donde se recibe una media de 7000 denuncias para luego replicarse” explica la secretaria Lucrecia Vásquez.

Sobre ello, desde el GGM se menciona que “hay que preguntar qué avances han hecho en la función que les corresponde, que es la investigación, llevar lo sustantivo ante los tribunales para una condena. No les corresponde el MAI, solo la primera intervención. Pero con cada cambio de fiscal se quieren modificar los modelos. Eso no es así, eso mata a las mujeres. Se debe reforzar lo que hay. El modelo de Atención Integral le corresponde a CONAPREVI como instancia colegiada pero excluyen a la sociedad civil.”

Otra de las críticas a este nuevo modelo es que es muy desconocido, no se ha notificado a las mujeres de este cambio. Asimismo, se cuestiona por qué será instalado en la Colonia La Verbena, trasladándose desde la sede del MP en el Barrio Gerona, hacia un área considerada como zona roja donde sería más difícil para las mujeres acceder de manera segura a realizar sus denuncias que ya se dificulta actualmente.

Dorotea Gómez señala la importancia de que el gobierno fortalezca a la CONAPREVI y a los CAIMUS “es un compromiso establecido en la ley contra el femicidio pero no lo han querido atender. Hemos remitido recomendaciones constantes de la importancia de reactivar la CONAPREVI y no hemos visto respuestas al respecto”. Este fortalecimiento pasa por la asignación del presupuesto correspondiente para que los mecanismos destinados a atender a las mujeres funcionen.

La diputada Ligia Hernández es la encargada de la agenda social en la Bancada Semilla. Señala que los 10 CAIMUS existentes a nivel nacional, administrados por la Red Nacional de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia conformada asociaciones de mujeres, han suplido al Estado en su responsabilidad para atender a las mujeres sobrevivientes de violencia. A esto se suman las diferencias con el ejecutivo que ha debilitado los programas para brindar atención a las sobrevivientes, y la falta de estadísticas sobre cuántas mujeres han sido atendidas en estos centros.

“Esta red no es un logro del estado ni de convenios internacionales sino del movimiento de mujeres”, enfatiza. “Desde que tomo cargo el presidente Giammattei existen muchos obstáculos para desembolsar los recursos que corresponden a tiempo, han sido desembolsados hasta final de año. Las mujeres que trabajan en los CAIMUS no reciben su salario todo el año. En varias ocasiones les desembolsan hasta el 30 o 31 de diciembre y se debe ejecutar en horas porque termina el ejercicio fiscal anual” agregó la diputada.

Las fallas del sistema

Desde un marco legal, en Guatemala existen programas y protocolos de abordaje para las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia. Por ejemplo, el abordaje integral de embarazos para niñas menores de 14 años implica la coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Salud y Asistencia Social –MSPAS-, Procuraduría General de la Nación -PGN-, RENAP, MP y PNC. El protocolo indica atención medica inicial, programas de apoyo psicosocial y económico y acompañamiento para el proceso penal contra el agresor.

Sin embargo, la diputada Hernández señala que “hay una coordinación interinstitucional deficiente. No hay bases de datos unificados para saber cuántas víctimas, cuantos agresores, cuántos casos son. En teoría, Guatemala lleva un protocolo dirigido por el Ministerio de Salud para las sobrevivientes de violencia sexual. El MSPAS como rector y el Organismo Judicial como coordinador en la atención a mujeres víctimas de violencia en distintas manifestaciones desde lo legal en el instituto de la defensa publica penal. Ambos están en coordinación”.

Sin embargo, la principal deficiencia es la falta de voluntad política. “No es un tema prioritario la política relacionada a las mujeres. Se minimiza, se ridiculizan las luchas de las mujeres por denunciar la violencia” agregó.

La falta de atención integral a las víctimas de violencia es un problema crónico del sistema de justicia, considera la diputada, y eso desincentiva la denuncia de las mujeres. “Yo no veo otra manera de abordar la violencia sino mediante la judicialización de los casos porque no se puede llegar a acuerdos con los agresores”.

En el Ministerio de Desarrollo Social existe el programa VIDA para atender a las niñas víctimas de violencia sexual. Este cuenta con un presupuesto muy débil en 2020 y entre 2019 y 2020 solo 119 niñas fueron inscritas por ese programa. “Inscritas, no se sabe si fueron beneficiadas” señala la diputada.

La Ley de Búsqueda Inmediata de mujeres desaparecidas también necesita fortalecimiento. Hernández menciona que esta no tiene un reglamento establecido lo cual dificulta su ejecución, que es responsabilidad de la presidencia aprobar un reglamento pero no ha habido voluntad política: “la fiscal general debe exigir al presidente que se apruebe el reglamento para que la ley funcione de la mejor manera”.

Con la pandemia se profundizaron las deficiencias del sistema. Por ejemplo, la diputada menciona que las medidas de seguridad de muchas mujeres terminaban en los primeros meses de la pandemia y no pudieron ir a renovarlas personalmente por el confinamiento. Mientras tanto, el Organismo Judicial no tuvo iniciativas para renovarlas automáticamente y muchas veces el agresor volvió a las casas.

Comisión de la mujer: presidida por un hombre

La Comisión de la Mujer 2021-2022 está presidida por el diputado Manuel de Jesús Rivera Estévez del partido VICTORIA, y 5 mujeres más. Desde hace varios años no se plantean nuevas iniciativas de ley, no obstante, en la administración pasada se realizaron varios avances en materia de fiscalización con citaciones a la SVET, MP, MINGOB y MSPAS, mencionó la diputada e integrante Ligia Hernández.

Las iniciativas de ley presentadas comenzaron en el año 2008, con la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer. Hasta el momento, la diputada señala como iniciativas importantes la Ley Marco para la Protección Integral de la Niña Víctima de Violencia Sexual, la Ley para Prevención y Sanción de la Violencia Obstétrica, Ley de Desarrollo Económico para las Mujeres, leyes para protección de las garantías laborales para las mujeres, Ley para la creación del Ministerio de la Mujer y leyes para el mantenimiento de la SEPREM.

“Las oficinas de la SEPREM en los departamentos fueron cerradas y actualmente solo hay una subsecretaria que se encarga de temas administrativos. La Iniciativa para el ministerio de la mujer busca que sea una entidad encargada de regir y coordinar todas las políticas para las mujeres”, explicó.

De igual forma, se discutió con organizaciones de mujeres y la USAC una iniciativa de ley contra el acoso sexual. De las 31 mujeres en el congreso, se identifican 10 articuladas en una agenda conjunta para defender los intereses de las mujeres, el resto de partidos ligados al oficialismo no apoyaron las iniciativas para fortalecimiento de los CAIMUS, por ejemplo, mencionó la diputada.

¿Qué puedo hacer?

En este texto se abordan algunos de los caminos que, en Guatemala, se han planteado como medios para acceder a la justicia después de experiencias de violencia. El énfasis es que cada decisión es personal y no debe ser sujeta de ninguna presión. El reconocimiento de las violencias es un elemento en común, y la ruptura del silencio por parte de las mujeres que se reconocen como sobrevivientes luego de empezar a sanar las historias de violencia y victimización.

El carácter social de la violencia contra las mujeres, sostenido desde la enseñanza de roles de género, la falta de voluntad en los funcionarios públicos para corresponder los compromisos del Estado y las formas de violencia que no se reconocen como delitos han sido elementos analizados desde el feminismo para problematizar la violencia y nombrar los actos más normalizados que suelen no reconocerse como violentos.

Es así como las mujeres pueden apoyarse de marcos distintos para nombrar, denunciar, sanar. En cada ruptura del ciclo de violencia, se remarcan los efectos positivos que tendrá para otras mujeres, ya sea para animarles a tomar acciones, para fortalecer las redes de apoyo, generar estrategias de prevención y tener más herramientas que permitan tomar decisiones sobre sus vidas.