Ligia Hernández: Llegamos para devolverle las instituciones a la gente
El presidente destituyó a Alejandra Carrillo, quien enfrenta una sanción del gobierno de los Estados Unidos, que la considera una actora corrupta. Durante su gestión enfrentó señalamientos de corrupción que no fueron investigados por el Ministerio Público.
Por Ruda
Tras el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que revocó la protección para Alejandra Carrillo, el presidente Bernardo Arévalo ordenó su destitución y nombró a la exdiputada Ligia Hernández como la nueva directora del Instituto de la Víctima.
La designación fue confirmada por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Hernández llega a una institución que ha sido cuestionada en los últimos años por los nombramientos de familiares y amigos de jueces, magistrados y políticos con señalamientos de corrupción.
“Aunque algunos se aferran a lo viejo, a lo malo, las cosas van a cambiar aquí. Llegamos para devolverle las instituciones a la gente. Es momento de que las víctimas de violencia tengan justicia para que puedan reconstruir sus vidas”, escribió Hernández en la red X.
Hernández fungió como diputada en IX Legislatura . En las últimas elecciones generales de 2023 no participó en puestos de elección popular.
CC libró el camino para mover a Carrillo
El lunes 29 de enero , la Corte de Constitucionalidad resolvió por mayoría otorgar un recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la Nación (PGN) y revocó el amparo provisional que un juzgado civil había concedido a favor de la entonces directora del Instituto de la Víctima.
La resolución abrió el camino para que el presidente iniciara el proceso de destitución de Carrillo y nombrar a otra persona que considerara idónea para el puesto. El Instituto de la Víctima fue creado para brindar de forma gratuita asistencia y atención especializada a la víctima del delito, pero la gestión de la exdirectora ha sido cuestionada por los contratos de trabajo entregados a familiares de magistrados y políticos.
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La PGN accionó contra el amparo provisional que había concedido el Juzgado Quinto Civil a cargo de Karin Sorelly Gómez Girón, una de las juezas con mayor cercanía a la exmagistrada Silvia Valdés, ya que trabajó con ella como secretaria del Juzgado Sexto del Ramo Civil donde Valdés fue jueza titular.
La protección provisional impedía que Carrillo fuera removida, pese a que su periodo había vencido en diciembre del año pasado. La justificación era que se debía crear un reglamento interno para la designación de la sustituta. Sin embargo, a criterio del apelante, la decisión de la jueza que amparó a la exdiputada no hizo un análisis lógico ni jurídico.
Protección para cercanos a Carrillo
Fuentes a lo interno del Instituto de la Víctima, informaron que al día siguiente de emitida la resolución el Instituto pidió a la CC ampliar su contenido para ganar tiempo. Con estos artilugios legales se dio espacio para que esta semana 21 trabajadores de esa entidad, todos afines a la directora saliente, presentaron una solicitud para organizar un sindicato, además de plantear un conflicto colectivo de carácter económico social contra la institución.
Por primera vez desde que el Instituto de la Víctima entró en funciones, en 2019, se creó un sindicato. El objetivo de esta acción buscaría lograr el emplazamiento de la institución para evitar que la nueva directora pueda realizar movimientos de personal como despidos o remociones.
Señalan que el interés de la esposa del diputado Felipe Alejos, es mantener control sobre las plazas de la institución.
Cuestionamientos de corrupción
La exdirectora fue señalada también por su supuesta participación en el caso Comisiones Paralelas 2020. En el 2021, Evelyn Vega denunció a Carrillo, su testimonio alcanzó a la presidenta del Organismo Judicial, Silvia Valdés y a la magistrada Vitalina Orellana, quienes habrían participado en la manipulación de la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Sala de Apelaciones, conocidas en este caso. Luego la testigo, tuvo un caso penal en su contra a solicitud de las magistradas involucradas.
La investigación que llevaba el Ministerio Público (MP) sobre 109 plazas, que podrían ser fantasmas en el Instituto, era llevada por Eduardo Pantaleón, auxiliar fiscal a quien cambiaron de puesto días después de que trascendiera la investigación. Pantaleón fue criminalizado y encarcelado bajo acusaciones como incumplimiento de deberes para otro caso.
El 12 de octubre, el MP confirmó que Carrillo no sería investigada por el caso de la supuesta adjudicación irregular del edificio en el que funciona el Instituto de la Víctima, pese a la existencia de una denuncia, documentos y chats que señalan un supuesto negocio irregular.
Incluso, el 10 de junio del 2021, la Fiscalía Contra la Corrupción allanó la sede del Instituto de la Víctima para obtener información en seguimiento a una denuncia por supuestas irregularidades en el contrato de arrendamiento del edificio. En esa diligencia el MP comunicó que se trataba de un caso por la presunta sobrevaloración del edificio donde funciona la institución.
Según la investigación que anunció el MP, en 2021, la exdiputada Carrillo se habría beneficiado con una comisión ilícita por el arrendamiento del edificio donde actualmente opera el Instituto de la Víctima.
Chats de la plataforma WhatsApp que expuso elPeriódico y que son parte de una denuncia contra Carrillo, evidenciaron cómo se hizo la negociación para conceder la adjudicación a la empresa Inversiones Herzasa S.A. por recomendación de Cristian Castañeda, amigo de Carrillo, a cambio del supuesto pago de un soborno.
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