Con la inolvidable pandemia del COVID-19, Guatemala retomó la importancia de gestionar y tener desarrollo en investigación e insumos de vacunas en el país, así como facilitar el acceso a la atención médica, un tema que parece ser para este Gobierno un poco más relevante.

Por Ana Alfaro

Este 29 de octubre, el Congreso aprobó el Decreto 25-2024, Ley de Vacunación que tiene como objetivo garantizar a la población guatemalteca protección contra las enfermedades inmunoprevenibles, después de permanecer durante nueve años en espera.

La iniciativa de Ley 6081 obtuvo 132 votos para dar vida al decreto y así garantizar que el Gobierno brinde los recursos necesarios para la compra de vacunas. 

“Todos los guatemaltecos sufrimos la falta de vacunas en momentos de emergencia, como en la pandemia por Covid-19. La aprobación de la legislación garantiza la disponibilidad gratuita a este y futuros gobiernos”, expresó desde su cuenta en X, el presidente de Guatemala.

“Con esta ley no solo se garantiza el acceso sino el financiamiento a la vacuna para toda la población. Nos permitirá, también, tener un sistema de vigilancia de información sobre dónde y quiénes son los que necesitan vacunarse”, dijo Joaquín Barnoya, ministro de Salud y Asistencia Social, también en publicaciones en redes sociales.

De acuerdo con la diputada Laura Marroquín, la pandemia también fue un punto de partida para Guatemala, un país que no tenía una normativa para adquirir vacunas. 

“Esta ley obliga al Estado, al ministerio de Salud, a estar actualizando el esquema de vacunación. No solo viene a prevenir, sino garantizar que haya disponibilidad y la infraestructura para que sean seguras y confiables”, aseguró la congresista.

Según la diputada, en ocho meses el ministerio de Salud debe presentar un reglamento para la implementación de la ley. En una reunión que tendrá lugar este miércoles 6 de noviembre, se conocerá si la ley estará considerada dentro del presupuesto 2025.

Los desafíos en la aplicación de la vacunación

Aunque falta que el presidente sancione la ley y que con esto sea publicada en el Diario Oficial, el Gobierno todavía tendrá que lidiar con temas como la desinformación, las personas antivacunas y la violencia que acecha en distintos lugares del país. Un ejemplo de eso lo menciona Marroquín, al indicar que ha visitado el centro de salud de la colonia Bethania, en zona 7. El personal que atiende le indicó que es un territorio dividido entre narcotraficantes y pandilleros, lo que dificulta llegar a más personas con el esquema completo de vacunación, porque el personal de salud no puede ingresar a todos los lugares.

Una de las vacunas que no está garantizada para las mujeres mayores de edad es la del Virus de Papiloma Humano (VPH), disponible actualmente para niñas y niños, únicamente. “Según como está la norma técnica, es para niñas, con dos dosis, porque se quiere prevenir el cáncer cervicouterino a futuro. Seguramente, cuando se tiene la mayor cantidad de niñas vacunadas cambie el criterio, pero es muy técnico y tiene que ser el Consejo Nacional Asesor para Inmunizaciones (Conapi)  junto con el Programa de Inmunización del ministerio, quienes definan en qué momento puede cambiar la norma técnica para vacunar a mujeres”, señaló Marroquín.

Lee más sobre la vacuna del VHP:

https://www.rudagt.org/temas/vacunar-a-las-nias-previene-el-vph 

“El gobierno de Bernardo Arévalo tendrá la posibilidad de implementar, siempre y cuando tenga una estrategia de comunicación y que el ente rector, Salud, tenga toda la capacidad técnica y financiera que la ley establece. Si están dispuestos a apostarle a la salud preventiva, esta será una herramienta que el Congreso le está dando al Ejecutivo para que lo eche andar, es una ley integral que tiene los parámetros básicos, ya solo es cuestión su implementación”, manifestó la diputada Sonia Gutiérrez Raguay.

Ahora la responsabilidad queda en el Ejecutivo para que la prevención de distintas enfermedades como tuberculosis, VPH y hepatitis, llegue a la población y en específico a niñas, jóvenes y mujeres, así como la forma en la que se podrá acceder a ellas de forma gratuita y voluntaria.