Leily Santizo es extrabajadora de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). La comisión que destapó varios casos de corrupción contra exfuncionarios de gobierno y empresarios sigue siendo mencionada hoy en día, a pesar que el expresidente Jimmy Morales revocó su mandato en el país en el 2019. Santizo ha sido criminalizada luego que este último jueves 10 de febrero se le señalará y detuviera arbitrariamente por una denuncia de la Fundación Contra el terrorismo que inició el caso “Cooptación y Corrupción Judicial”. Sin brindar mayor detalle, el Ministerio Público indicó que era un caso bajo reserva.

Este operativo fue realizado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), ahora dirigida por el fiscal Rafael Curruchich, tachado de archivar casos que anteriormente seguía esta fiscalía liderada por Juan Francisco Sandoval, y la Policía Nacional Civil (PNC).

Santizo estuvo en la Torre de Tribunales por varias horas esperando conocer el porqué de su detención, hasta que fue informada a puerta cerrada en el Juzgado Tercero y trasladada al Centro de Prisión Preventiva Mariscal Zavala. Se le programó la primera audiencia para el 15 de febrero.

La exfuncionaria de la Cicig expresó que su detención es una “represalia” por el trabajo realizado contra la corrupción.

Al momento de esta noticia, Francisco Sandoval, exfiscal de la Feci defendió a Santizo y la calificó como una persona inteligente. “Leily Santizo, la brillante abogada que dio sus servicios a @CICIGgt y en forma valiente ha defendido a los fiscales perseguidos, es hoy víctima de los casos implantados por el jefe de la “nueva FECI” y su criminal jefa. #LibertadParaLeily”, escribió en su cuenta de Twitter.

Santizo no fue la única mujer con una orden de aprehensión, también una exsubjefa de la Feci, Eva Xiomara Sosa. Para ella, la situación fue presentarse voluntariamente al Juzgado Tercero pero nadie le atendió.

“Soy una persona de derecho, en cuanto supe de la orden vine aquí al juzgado. Y nadie sabía qué hacer conmigo. Aquí tengo constancia que me dieron en el juzgado, nadie me atendió. No me he rehusado y rehuido de la orden de captura. Espero tener acceso a una audiencia justa”, manifestó Sosa además señaló que el Ministerio Público hace estas diligencias innecesarias “por denuncias de una Fundación que no tiene absolutamente nada que ver, y que las del ministerio Público hace de manera diligente estas investigaciones fugaces”,

La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua) reaccionó ante estos hechos con un comunicado en el que expresó que el MP continúa criminalizando a fiscales anticorrupción y se lee en el documento: "Se castiga a una abogada íntegra, con una amplia trayectoria, por defender a actores incómodos que hoy se encuentran perseguidos, como son los fiscales de la Feci que llevaron adelante los casos como Odebretch, Construcción y Corrupción, Comisiones Paralelas, entre otros. El patrón claro: tras forzar al exilio a jueces y fiscales, buscan castigar a abogados y abogadas que les han defendido ante los abusos de quienes controlan el sistema de justicia actualmente".

Otras mujeres que han sido criminalizadas por su labor profesional, arte o activismo en defensa de los DDHH son la jueza Erika Aifán, la cineasta Dulce Archila y la activista Nanci Sinto. Mientras los casos de femicidio de cientos de mujeres siguen sin resolverse por los entes de justicia como el de Luz María López y Melisa Palacios.