Este 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, con diversas acciones que colocaron en el centro del debate la falta de reconocimiento a una ciudadanía plena que vulnera sus derechos humanos.

Paola es originaria de la aldea Santa María de Jesús, Zunil, Quetzaltenango. A los 14 años se fue a vivir a Tiquisate, Escuintla, con un hombre mayor, del que se separó luego de 22 años de convivencia después de sobrevivir a múltiples violencias que denunció pero que nadie atendió, porque Paola es una mujer trans sin un Documento Personal de Identificación (DPI) para poder realizar el trámite.

Cuando Paola acudió a la Policía Nacional Civil (PNC) con los golpes visibles en su cuerpo que su expareja le había provocado, le solicitaron sus documentos de identificación para tomarle la denuncia. Ella cuenta que solo logró tramitar su partida de nacimiento, pero no se la aceptaron.

“Vivía con mi esposo, pero me agredía. Cuando fui a la policía iba toda golpeada, toda raspada, pero como no tenía papeles, no tenía DPI, no me tomaron la denuncia. Les dije que él me había dicho que me iba a matar si andaba con otro hombre, aunque yo lo había perdonado porque él andaba con una mujer”, comentó Paola.

La vulneración a los derechos cotidianos, como le sucedió a Paola, es uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres trans en Guatemala y que se suma a los crímenes de odio y de violencia de los que no existen estadísticas claras de instituciones del Estado, debido a que precisamente no se reconoce su identidad.

Aprobar una Ley de Identidad de Género por parte del Estado de Guatemala permitiría a mujeres trans como Paola a tener un documento de identificación que las represente y contribuya a ejercer una ciudadanía plena, enfatiza Lola Verónica Vásquez, subdirectora de la Organización Trans Reinas de la Noche (OTRANS).

“No contar con ese documento nos limita a no tener estudios, educación, a un trabajo digno, pero también a que no se reconozcan espacios seguros para nosotras, libres de estigmas y discriminación. Existen protocolos donde se dice por ejemplo que el hombre asista con pelo corto y pantalón y las mujeres con pelo largo y falda, esas posturas son retrógradas y nos afectan”, agregó Vásquez.

El acceso a documentos solo es una de varias demandas que Paola y organizaciones como OTRANS exigen al Estado, además solicitan al ministerio de Salud la implementación de la estrategia de atención integral y diferenciada para personas trans, que aún no se cumple pese a su aprobación, además de que se otorgue financiamiento apropiado para garantizar la salud a las mujeres trans, ya que durante la pandemia de coronavirus quedaron afuera de todos los programas de ayuda por no tener un documento de identificación.

Según Vásquez, aunque en el Registro Nacional de las Personas (RENAP) existe un protocolo de atención, “la población LGBTI no podemos hacer un cambio de nombre porque cuesta alrededor de 10 mil quetzales y mucha de la población es pobre y sobrevive del trabajo sexual y todas estas burocracias nos vienen a golpear”.

Condiciones invisibles

Paola cuenta que para conseguir los 500 quetzales que debe pagar por el alquiler del lugar donde vive y su alimentación, lava ropa ajena o limpia casas, pero su mayor ingreso lo consigue al ejercer la prostitución. “Cobro 50 quetzales por cada servicio y poco a poco lo voy juntando”, agregó.

Regresar a su comunidad en Zunil, para mejorar sus condiciones, tampoco es una opción debido a la falta de oportunidades, según indicadores del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el 2011, el 62.75 % de la población se encontraba en situación de pobreza y el 6.4 % en extrema pobreza.

A esas condiciones se suma el rechazo y manifestaciones extremas de estigma y discriminación cotidiana hacia las personas Trans en América Latina, según la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (RedLacTrans), en el informe regional 2019 – 2020 Paren de Matarnos.

“En la calle a veces me han dicho hueco cerote, pero al mirar que uno no les pone importancia ya no hacen nada. En donde quiera que ando trato de niña o de nena a la gente, con respeto y de un tiempo para acá en Tiquisate me he ganado el respeto de la gente”, narró Paola.

Las personas trans en Guatemala también se enfrentan a un Gobierno conservador cuyo principal dirigente tiene una política tácitamente en contra de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual en general, según la RedLacTrans en su informe.

“Una vez una señora me dijo: ¡uy no, mire usted cómo anda!, pues ando hermosa, le dije”, enfatizó Paola, quien asegura que a sus 37 años le gusta respetar y que la respeten. “A veces a uno lo tratan como ellos quieran, pero uno se tiene que valorar por lo que uno es”.

Según Vásquez existe muchas demandas pendientes que deben ser cumplidas para la población trans, “al preguntar en las calles muchas compañeras quieren estudiar, pero no se les permite porque no se les garantizan sus derechos o sus documentos”.

Uno de los casos extremos, donde persiste la impunidad y la falta de justicia, según Vásquez fue el caso de Karla que fue asesinada por su pareja en Izabal. Ella murió apuñalada, hubo un juicio y una condena mínima. “Cuando la abogada trató el tema como transfemicidio el juez le puso tres multas. Como pruebas de la identidad de Karla se presentó la fotografía de su pene para evidenciar que no era una mujer. Al sujeto se le condenó a pocos años, eso para nosotros no es justicia”, concluyó.