Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19, todas las personas tenemos derecho a la libertad de opinión y expresión, pero en Nicaragua este derecho es violentado día tras día. 

En cualquier parte del mundo, las activistas y defensoras de derechos humanos enfrentan altos niveles de hostilidad, pero en escenarios como el nicaragüense este trabajo se desarrolla en un contexto de total violencia y represión. 

De acuerdo con la publicación Perseguidas por defender y resistir de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), la crisis del 2018 fue clave para que el Gobierno de Daniel Ortega de manera pública y sistemática iniciara con la criminalización al trabajo del activismo y la defensoría, que fue asediado desde que él regresó a la presidencia en el 2007.

A partir de entonces, numerosas líderes políticas, activistas, periodistas, estudiantes y defensoras de derechos humanos han sido sometidas a diversas formas de violencias, como hostigamiento, persecución, amenazas, intimidación, vigilancia, campañas de estigmatización y desprestigio a su trabajo, violencia digital, agresiones físicas, desplazamiento forzado, exilio y destierro, por mencionar algunas. Otras han sido detenidas y enjuiciadas arbitrariamente, sometidas a violencia sexual, torturas y malos tratos en la cárcel, además del acoso a sus familiares.  

Entre el 2018 y el 2019, el Registro Mesoamericano de agresiones contra defensoras de derechos humanos  de IM Defensoras identificó 107 agresiones, vinculadas a procesos de criminalización de defensoras en la región, entre las que se incluyen 84 detenciones ilegales y arrestos arbitrarios, así como 23 procesos de judicialización. 

En lo que respecta al número de defensoras criminalizadas, el mismo registro hizo posible determinar que en el 2020 al menos 39 mujeres habían enfrentado detenciones arbitrarias o el inicio de causas penales o procesos administrativos en su contra. Un año después, el número de defensoras que afrontaron esta situación aumentó en un 42%, es decir, 59 mujeres  enfrentaron este tipo de agresiones. Sumado a esto, desde el inicio de la crisis en Nicaragua hasta octubre del 2022, fueron cerradas al menos 176 entidades feministas o que trabajan por los derechos de las mujeres y se ha cancelado la personería jurídica de más de 1 mil 500 organizaciones de la sociedad civil. 

Para conocer de primera mano cómo el activismo y la defensa de derechos se han visto afectadas en los últimos años, conversamos con Gaviota, activista y defensora nicaragüense que comenzó desde muy joven en este trabajo y ha formado parte de distintos movimientos y organizaciones de mujeres; cuyo nombre real es omitido por razones de seguridad. 

Gaviota actualmente lleva 15 años acompañando a mujeres y ayudándoles en distintos casos relacionados con el derecho a la identidad, reconocimiento de paternidad, tutela de niñez, abuso sexual y violencia física. Ella nos comenta que, a pesar que el estallido social en el 2018 incrementó la represión, siguió con el trabajo y acompañamiento presencial a las mujeres que llegaban a la organización en busca de apoyo. Fue a inicios del 2022 que acompañó de forma presencial un caso y se vio en la necesidad de aplicar diversas estrategias para continuar con su trabajo, cuidar su seguridad, la de su familia y la del colectivo: 

“Ha sido difícil, hubo hostigamiento, tanto en mi familia como en mi organización. Mi mamá, que estuvo muy activa en la lucha contra el canal (interoceánico), y mi tío vivieron en el exilio. Mi hijo fue apresado sin haber cometido ningún delito, luego nos lo negaron y fueron momentos frustrantes, de dolor y de angustia. En la colectiva, cuando hemos estado reunidas nos han asediado, incluso llegaron los antimotines a la sede y entraron a buscarnos con nombres y apellidos a algunas de nosotras. Esto de la censura ha sido muy difícil, no nos sentimos con la libertad de hacer nuestro trabajo, nuestra labor social”  relata Gaviota. 

La censura hacia el trabajo de las activistas y defensoras se ha intensificado debido a un conjunto de leyes que el Gobierno aprobó, que restringen la libre organización, movilización, expresión y defensa de derechos. 

La investigadora nicaragüense, Elvira Cuadra Lira, en su investigación Quebrar el cuerpo, quebrar el alma, del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) menciona que el Estado es el principal perpetrador de violencias y las mujeres, tanto defensoras como activistas, no cuentan con mecanismos de protección frente a ella. 

Muchas mujeres, al igual que Gaviota, han asumido un bajo perfil en su trabajo y aplican estrategias para continuar acompañando y defendiendo “he hecho acompañamientos desde el teléfono, desde otras mujeres, porque como somos una red entonces haces el trabajo en red, no sola.” 

También continúa su trabajo desde otras formas de resistencia, como el cabildeo que realiza en espacios que encuentra seguros: “con mucho cuidado puedo conversar sobre X tema, siendo política, expresando mi inconformidad… yo reivindico espacios porque también podemos cabildear en la comunidad, dar tu punto de vista de un tema X y debatir con argumentos, de esa manera he ido retomando los espacios” nos menciona. 

Por otro lado, de la mano con el proceso de silenciamiento está la autocensura. Gaviota nos menciona que borra todo constantemente, para no dejar evidencias, y limita su interacción en redes para evitar colocarse en el ojo de las autoridades. “Va a haber mucho por contar más tarde, porque, aunque no lo anotemos, algunas están resguardando muy bien la información” asegura. 

Aunque parezca que las defensoras han sido “silenciadas”, la represión lejos de acallar las voces las está multiplicado, muchas organizaciones y defensoras continúan su trabajo desde la virtualidad y aprovechando sus redes de apoyo, analizando el silencio y viendo maneras de desmantelarlo. 

Las defensoras tienen derecho en primera instancia a defender derechos, derecho a reunirse o asociarse pacíficamente, a denunciar las políticas y acciones oficiales en relación con los derechos humanos, entre otros, amparados por diversos tratados y convenciones internacionales en las que Nicaragua ha sido firmante, como la Convención de Belém do Pará, que toma como referente a la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por sus sglas en inglés), que define el compromiso que tiene el país para desarrollar acciones concretas que eliminen cualquier forma de violencia hacia la mujer y el goce, ejercicio y protección de los derechos humanos.  

Nicaragua además ha suscrito y aprobado como Ley de la Nación (1980) la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, en donde el Estado se compromete a respetar el derecho a la libertad de expresión, pensamiento, asociación y reunión, entre otros. Podemos observar que, si bien la protección hacia las activistas,defensoras y su trabajo está presente en tratados internacionales, a nivel nacional el contexto y las legislaciones adoptadas por el estado lo criminaliza. Ante esto, las activistas y defensoras siguen aplicando estrategias de resistencia, autocuido y cuidado a sus redes y colectivos, que van tomando fuerza en la multiplicación de sus voces. 
Contar con redes sororas de apoyo, colocar en el centro el autocuidado, tener planes de resguardo, bajar el perfil en la virtualidad y aprovechar los espacios seguros son algunas estrategias que aplican las defensoras para afrontar la censura y autocensura. “No estoy sola, hay muchas mujeres que están a la par mía, mi realidad no es ajena, hablar te libera, aprovechar los pocos espacios que tenemos. He aprendido diversas técnicas de cómo cuidarme, mi alimentación, escribir, controlar las emociones, irme a la playa, identificar mis recursos, mis redes de apoyo, todo eso es importante retomarlo,” concluye Gaviota.