Por Héctor Silva Ávalos

La gran mayoría en El Salvador, Centroamérica y el mundo ha normalizado la presidencia de Nayib Bukele. Sus innegables logros en materia de seguridad pública se convirtieron en narrativa dominante y oscurecieron todo lo demás, que son las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de miles de mis compatriotas, el uso político de la fiscalía para perseguir a críticos, las muertes y torturas en las cárceles, la corrupción que permitió a la familia presidencial aumentar su patrimonio, y todas las violaciones constitucionales cuyo fin último es, como ya lo habían dicho fiscales salvadoreños y estadounidense, que Bukele se quede en el poder el tiempo que le venga en gana.

Es como si El Salvador, mi país, fuese un cartel reversible como el de la canción de Mecano: la cara vista es un país que no existe, un invento de la propaganda según el cual no hay inocentes presos, el país revienta de turistas extranjeros fascinados por obras faraónicas y la gente vive de sonrisa en sonrisa; la cara oculta es un país, este sí, en el que 1.7% de la población está encarcelada, hay presos que mueren en clínicas carcelarias o en hospitales públicos tras recibir palizas, y la policía tiene todos los poderes para entrar a las casas, llevarse a la gente y sus cosas sin dar demasiadas explicaciones porque las investigaciones están “en reserva”.

El episodio más reciente en la historia de ese país de la cara oculta es el acoso a una periodista comunitaria que ha criticado las políticas ambientales del gobierno. Ella se llama Mónica Rodríguez y es directora de noticias de Bálsamo TV, una plataforma audiovisual alternativa.

No faltaba demasiado para la medianoche, del miércoles 4 de diciembre, cuando varias patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron a la casa de Rodríguez. Entraron a allanar -no está claro si tenían un documento legal para hacerlo-, retuvieron a la periodista durante un buen rato y, sin darle muchas explicaciones, se llevaron sus teléfonos, computadoras, USB y discos duros en los que hay material personal y del canal.

La falta de explicaciones sobre el allanamiento y sus motivos es algo común en este “modelo Bukele”. Amparados en el régimen de excepción que decretó en marzo de 2022, y que se ha prorrogado más de 30 veces, a los uniformados del régimen les basta con decir que los casos tienen reserva para entrar y hacer o deshacer. Así funcionan las dictaduras, aniquilando los derechos de los gobernados, en este caso los de legítima defensa y debido proceso.

A Mónica le dijeron muy poco, pero está claro que ella está en riesgo real de ir a parar a una cárcel de Bukele y de ser sometida a un proceso judicial en un sistema en el que todos los agentes estatales -jueces, fiscales, policías, defensores públicos y agentes de la procuraduría de derechos humanos- dependen de los designios del presidente del Ejecutivo.

¿Por qué Mónica? De nuevo, no hay suficiente información para decirlo con certeza, porque esa es otra característica de este régimen, la de ocultar todo lo que lo comprometa, que es lo que suelen hacer quienes, desde el poder, borran las huellas de sus crímenes. Pero hay pistas. Mónica Rodríguez es una de las voces que ha denunciado crímenes ambientales y violaciones a los derechos humanos cometidos por los agentes del régimen bukelista.

La denuncia del comportamiento depredador del régimen es, ahora, un ejercicio particularmente riesgoso. Lo es porque el presidente se ha declarado a favor de la minería metálica, algo a lo que antes él y los suyos se oponían. Por este afán minero, ya el fiscal de Bukele, que no lo es del Estado sino del presidente, ya se había inventado un caso contra líderes ambientalistas de la comunidad Santa Marta. Se inventó el caso el fiscal: con un testigo que no vio nada, según él mismo admitió a los defensores de los ambientalistas, y un tribunal dócil le bastó a la fiscalía para mantener presos a los de Santa Marta durante meses.

También se habían inventado el presidente, su fiscal, sus diputados y sus ministros investigaciones por lavado de dinero a periodistas y medios independientes como El Faro. Lo que no había hecho el régimen es allanar la casa particular de una periodista. Hasta ahora.

No es que Nayib Bukele esté sacando las garras ahora, es que hoy ya no necesita fingir.

Bukele empezó muy pronto con sus tendencias autoritarias a construir la cloaca autoritaria en la que está montado su país ficticio. La película es ya conocida. Primero entró con soldados a la Asamblea Legislativa, pactó gobernabilidad con las pandillas MS13 y Barrio 18, le dio golpe a la Corte Suprema y a la Fiscalía para imponer ahí a sus leales, purgó de jueces decentes al Judicial, endeudó al país como nadie antes, desarmó sin piedad el aparato de acceso a la información pública, se deshizo de una comisión internacional antiimpunidad que investigó a su grupo, y modificó leyes para criminalizar a quienes expusieron sus desmanes.

Al principio, la comunidad internacional, liderada por la embajada estadounidense -la más influyente en el país- le plantó cara, pero eso también pasó. Washington, asustada por la popularidad de Bukele, optó por el silencio, y eso terminó por normalizar al neoautoritario en el tinglado mundial.

Aun así, hay cosas que el presidente no se ha atrevido a hacer. Para justificar casi todo, él y sus funcionarios mienten sin empacho. Casi a diario. Mienten sobre los presos, los muertos, la deuda, la economía. Mienten sobre cosas que alguna vez defendieron y de las que luego renegaron, como la minería. Mienten con impunidad, protegidos por la inmensa devoción de la mayoría de quienes votaron al tirano incipiente y por la reacción pusilánime de embajadores y secretarios extranjeros.

Sobre el acoso a la prensa, los propagandistas del gobierno también mienten. Han dicho que en El Salvador cualquiera escribe o publica lo que quiere. No es así. La mayoría de las cadenas televisivas, incluso las que alguna vez fueron críticas, guardan silencio cómplice o, como el gobierno, mienten. Los medios independientes, pequeños y mal financiados la mayoría, apenas sobreviven después de haber recibido acosos hacendarios e inspecciones laborales motivadas por razones políticas.

Dicen también los acólitos del régimen que no hay periodistas presos, pero ya al menos uno estuvo en prisión, y hoy el allanamiento a la casa de Mónica Rodríguez hace temer que ella esté en peligro también.

Lo de El Salvador y Bukele, su presidente, no es normal. Porque no es normal que un país se levante sobre la cloaca de la tiranía. O no debería de serlo.