Las familias de las niñas que fueron víctimas de un crimen femicida denunciamos

Queremos manifestar que nosotros como madres y familiares de las niñas que murieron en el Hogar Seguro, confiamos a nuestras hijas para que las protegiera del Estado a través de este hogar, el sistema de la alerta Alba Keneth, Bienestar Social, la Procuraduría General de la Nación, los juzgados de niñez y la Policía Nacional Civil para que las protegieran.

En la mayoría de casos ellas estaban en una situación vulnerable, amenazadas física y sexualmente en su integridad como mujeres en su entorno, barrios, colonias o hasta en los propios hogares y nosotras buscamos una salida para que ellas estuvieran seguras. Algunas de ellas incluso habían sido desaparecidas. Incluso algunas de nosotras habíamos pasado por estas mismas situaciones.

Hasta este momento el Estado no ha dado acompañamiento, ni apoyo, ni ayuda de ningún tipo a las familias. Desde que nuestras hijas fueron institucionalizadas no hubo información fluida ni garantías para que ellas pudieran regresar a casa. La mayoría de audiencias no se celebraban puesto que no las trasladaban hacia los juzgados de niñez, en otros casos ni si quiera recibimos información de que nuestras hijas se encontraban en este hogar.

Desde que ocurrió este crimen el Estado y el gobierno a través de todas sus instancias no cumplieron con su papel de garante de los derechos humanos. Nuestras familias no tuvieron información de manera fluida, acompañamiento y atención pronta por parte de la mayoría de instancias. El único apoyo que obtuvimos fue el de la ciudadanía voluntaria que se acercó a los hospitales y la morgue para solidarizarse y apoyar en lo que necesitamos, incluyendo alimentación y hasta hospedaje para las familias que vinieron de la provincia.

Algunas de las familias que tenemos a nuestras -hijas vivas, no tenemos información sobre su situación de salud o no hemos podido conversar siquiera con ellas. Nuestra situación de seguridad y de vulnerabilidad tampoco ha sido motivo de interés del Estado.

 Sobre el proceso penal

 Nos preocupa que en la última audiencia donde están siendo procesados Santos Torres, Carlos Rodas y Anahy Keller por los delitos de: homicidio culposo, abuso de autoridad, maltrato a menores e incumplimiento de deberes, se haya reducido uno de los delitos quedando como lesiones culposas, que es aquí donde se debe asumir la responsabilidad de lo que ocurrió contra 15 niñas sobrevivientes, algunas en estado gravísimo de salud, otras con amputaciones en sus extremidades, quemaduras y daños psicológicos terribles. Al poner este delito quedaría un máximo de 2 años por todo, la pena contra estas personas. Consideramos que esto no es la forma de justicia que esperamos por este crimen cometido contra nuestras hijas.

El juez no pudo analizar los delitos de tortura, desaparición forzada y plagio o secuestro ya que el MP no los presentó y tampoco pruebas al respecto, fueron abogados de las familias quienes los pidieron.

 Agradecemos

A los diferentes medios de comunicación internacionales de América, Asia y Europa que nos apoyan desde la campaña #NosDuelen56 que se han propuesta no olvidar este crimen y que mantengamos viva la memoria y exigencia de justicia.

Agradecemos a las organizaciones feministas y de mujeres que se han sumado con acciones internacionales para apoyarnos con nuestra campaña.

Agradecemos a los artistas internacionales y nacionales por ilustrar los rostros de nuestras hijas y usar el arte para nuestra causa.

Nosotras como mujeres y familias estamos buscando justicia para que esto no vuelva a ocurrir a ninguna mujer y a ninguna niña en Guatemala y el mundo.

Pedimos

Un llamado a las mamas que no se han presentado acá a la fundación sobrevivientes, si no vienen en base a amenazas para que nos unamos y que tengan representación legal.

Queremos que se agilice pronto la justicia y que nos den pronta resolución, el hecho de que sean trabajadores del Estado no significa que no sean presos, que se haga justicia,  no queremos impunidad, aquí todos somos iguales, todos tenemos que rendir cuentas ante la ley. Quienes cometieron ese crimen deben pagar.

Exigimos que el gobierno de Guatemala asuma su responsabilidad haciendo efectiva la captura inmediata de quienes se sabe desde ya también fueron responsables de este crimen, y son de otras instancias del Estado involucrados en este crimen. La salida no es despedir a los trabajadores sino procesarlas. Personal del Hogar, Policía nacional civil que actúo de manera desproporcionada usando desde el día 7 gas pimienta, golpes, insultos, grilletes y en dejarlas encerradas. Van tres meses y solo ha habido tres capturas, no ha habido ninguna otra los responsables del Hogar Seguro.

Pedimos a la población en general nos ayuden a que no juzguen, no criminalicen a nuestras hijas. Ellas eran adolescentes como cualquier otra.

Hacemos un llamado a los medios de comunicación para que den información veraz acerca de la realidad de lo que pasó con nuestras hijas y a no contribuir a la criminalización de ellas y de nuestras familias.

A los jueces y personal de la PGN que enviaron a nuestras hijas a este hogar, sabiendo que estaba siendo cuestionado por violaciones a los derechos humanos y de la niñez. Tampoco agilizaron las audiencias para resolver su situación legal. Exigimos que se mejoren los protocolos para las niñas que en la actualidad siguen teniendo problemas y caen en esta situación.

Pedimos al Ministerio Público a través de la Fiscal General Thelma Aldana provea de suficientes fiscales y personal para que puedan hacer las investigaciones de manera óptima para un caso de esta magnitud.

Estamos unidas como familias y no descansaremos para hacer justicia.

Comunicado de prensa Fundación Sobrevivientes.