Por: Paula Cárdenas Rueda

La noche del último 3 de mayo en la ciudad de Santiago de Chile, un hombre desde un auto en movimiento disparó más de cien perdigones que fueron directo a la cara de Isidora, una trabajadora sexual trans. “Son dos personas las que sabemos en este momento, le tiraron el escopetazo a 6 personas… y se alcanzó a correr la compañera y le llegó directamente a ella en el rostro”, relató Alejandra Soto, dirigenta del sindicato de trabajadoras sexuales transgéneras travestis Amanda Jofré en la rueda de prensa que les esperaba a las afueras del hospital El Salvador. Según la información que actualizó el sindicato días después, Isidora recibió impactos en su cuerpo además de su rostro y perdió la visión en uno de sus ojos además de algunas piezas dentales. “El motivo es por un homicidio de odio… odio hacia las compañeras trans (…) le tiraron a matar”, dijeron.

En Chile no existen cifras exactas que puedan graficar la situación de vulnerabilidad y exclusión que viven las personas trans. Nunca en los registros tomados por los censos del país ha existido la consulta por la orientación sexual o la diversidad de género. Actualmente la legislación chilena no cuenta con normativas que traten las dificultades de la comunidad trans fuera de la Ley Antidiscriminación (Ley Zamudio) que contempla penalizaciones a los crímenes de odio; la Ley Gabriela que condena el femicidio y la nueva Ley de Identidad de Género promulgada a finales del año 2018, donde Chile reconoció por primera vez en la historia del país el derecho de cada persona a escoger su nombre y sexo registral en su documentación. Además de estas tres legislaciones, no existen otras políticas públicas orientadas a visibilizar y terminar con estas problemáticas.

Sin embargo, esto puede cambiar a partir de su participación y representación de cara a la construcción de una nueva Constitución: Chile tiene la oportunidad histórica de convertirse en el primer país en integrar a personas trans en un Proceso Constituyente.

Hoy no existe en la política chilena ninguna representante transfemenina que pueda dar vocería a estos problemas en el Congreso ni en el gobierno y tampoco existe un cupo trans asegurado en la redacción de la Nueva Constitución. Aunque sí hay candidatas.

De acuerdo a la plataforma LesConstituyentes.cl, hay 52 candidaturas que son parte de la comunidad LGBTIQA+ de las 1.278 que existen en total, y ocho de ellas corresponden a personas trans. Cuatro de estas candidaturas corresponden a mujeres trans: Constanza Valdés (Distrito 7, Lista Apruebo Dignidad), Emilia Schneider (Distrito 10, Lista Apruebo Dignidad), Alejandra Toledo (Distrito 6, Lista Apruebo Dignidad) y Lorraine Salvo (Distrito 15, Lista de Partido).

Es así como por primera vez en la historia personas trans pueden optar a escribir una Constitución, lo que implica que por primera vez podrían tener representación en un evento político de esta envergadura. Esto podría significar que las problemáticas que aquejan a la comunidad trans podrían ser consideradas dentro de la legislación chilena.

Constanza Valdés es activista trans, feminista y candidata a Convencional Constituyente. Es decir, una posible redactora de la Nueva Constitución que espera Chile. Ella remarca que las responsabilidades terminan recayendo en otras instituciones: “(…) actualmente ni el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ni el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género lamentablemente han sido capaces ni tampoco han tenido las herramientas para efectivamente prevenir y ayudar a los casos de violencia. Sino más bien las organizaciones terminan siendo quienes asumen el costo y el peso de lo que significa la defensa de los derechos de las disidencias y de las mujeres”.

“Si vamos a hacer políticas públicas, vamos a crear algún tipo de decreto en la Constitución, tenemos que entender que una problemática trans se le tiene que preguntar a personas trans. Y qué mejor que candidatas trans estén en la Constituyente, para que nos represente a nosotras y sean la voz viva de nosotras”, comentó Francisca Cáceres. Ella es coordinadora del Área Trans del Movimiento por la Diversidad Sexual y de Género (MUMS) de la Región de Valparaíso.

El sistema electoral chileno hoy funciona a través del método D’hondt, el cual es un método matemático para asignación de escaños y que en Chile se utiliza para poder asegurar los cupos paritarios y de pueblos indígenas. El sistema está basado en listas (en las cuales hay candidaturas con proyectos en común) y en lógicas de arrastre dependiendo de la cantidad de votos que sume cada partido, lo que hace más difícil predecir los resultados. Cada distrito tiene reservada una cantidad de cupos dependiendo de la densidad poblacional.

Según el pronóstico electoral realizado por Qualiz en febrero de este año, las únicas dos candidaturas transfemeninas que tienen posibilidades de integrar la Convención Constitucional serían las de Constanza Valdés (YQ33) y Emilia Schneider (YQ36), y en ambos casos no serían la primera mayoría de su distrito. Por lo que el escenario para la representatividad de mujeres trans es altamente dependiente de factores como la cantidad de personas que vayan a votar, la cantidad de votos que reciba cada partido y cuántos escaños ocupen las listas más competitivas. Ambas candidaturas con posibilidades pertenecen a la Lista Apruebo Dignidad, cuya principal competencia es la lista Vamos por Chile perteneciente a los sectores más conservadores y de derecha de la sociedad chilena. Esto se suma a un clima político “de dispersión” -como se le ha denominado en los medios- de la izquierda. Esto significa que los partidos y sectores más relacionados con el progresismo y el bienestar social están fragmentados y hoy se presentan a las elecciones divididos en 7 listas a nivel nacional además de múltiples listas locales en cada distrito.

De acuerdo a la representante de MUMS Valparaíso, Francisca Cáceres: “la ausencia de la representatividad en la Constitución de una persona trans sería nefasta para nosotras, porque resulta de que no tendríamos quién sea la vocera de la comunidad trans ni tampoco sensibilizar a los constituyentes para que creen políticas públicas con respecto a las personas trans. Cabe señalar que si vamos a hacer políticas públicas, vamos a crear algún tipo de decreto en la Constitución, tenemos que entender que una problemática trans se le tiene que preguntar a personas trans”.

Al respecto, la candidata Constanza Valdés analizó: “Mira la verdad que si ocurre nuevamente una ausencia de representatividad, va a ser una nueva Constitución que definitivamente no nos incluye, independientemente que de alguna manera en el texto constitucional pueda haber una referencia. Nuestras visiones, nuestras perspectivas no van a ser recogidas en el texto Constitucional y en las propuestas porque no vamos a poder estar ahí directamente”.

Dejar las discusiones de políticas trans en manos de personas que no lo sean significan una apuesta para la comunidad. Según Constanza Valdés: “corremos el riesgo de que no tengamos derecho a la identidad, de que no se hable del derecho a vivir una vida libre de violencia por parte de las mujeres y las disidencias y corremos el riesgo también de tener una constitución que siga perpetuando también la violencia y la discriminación”.

Lo trans a las personas trans

La desconfianza de que sean otras personas quienes representen a la comunidad ocurre porque actualmente en Chile algunos de los proyectos que buscan ayudar a la comunidad LGBTIQA+ no integran a personas trans en las mismas conversaciones de planificación y caen en más discriminaciones.

Un ejemplo público de ello ocurrió el 16 de marzo cuando el Ministerio de La Mujer y la Equidad de Género junto al Ministerio de Deporte subieron a Twitteruna propaganda con la frase “Ella parece hombre: si estás de acuerdo con esta frase, eres parte del problema” para referirse a que decirle eso a una mujer es violento. La campaña fue rápidamente criticada por la comunidad LGBTIQA+, ya que los Ministerios pasaron por alto la existencia de las personas no binaries o personas cuya expresión de género no es parte de la dicotomía masculino/femenina, y asumieron como un insulto una expresión de género.

En cuanto al área legislativa, Constanza Valdés quien fue impulsora de la Ley de Identidad de Género, aseguró que la crisis de la representación trans ya se hacía ver en la tramitación de la ley. “Un ejemplo concreto lamentablemente de esta falta de perspectiva y por qué es tan importante tener representantes trans lo fue la Ley de Identidad de Género en la cual principalmente hubo una ausencia de análisis respecto a la salud, la educación, el trabajo… porque las personas, los congresistas, los parlamentarios, no analizaron esa temática porque no era algo que conocieran y fue algo que exclusivamente lo pensaron desde un punto de vista formal”.

Las urgencias
Francisca Cáceres, en su trabajo como Coordinadora del Área Trans de MUMS Valparaíso es quien tiene contacto con las personas trans de la Quinta Región. En base a sus observaciones, ella considera urgente una ley que establezca un cupo laboral para las personas de la comunidad, además de la nivelación de estudios: “¿Por qué? porque la nivelación de estudios les va a dar otro piso a las chiquillas (chicas) y les va a dar otro estatus como continuar estudios superiores y salir de la marginalidad en la cual viven”.

Cáceres agregó que la discriminación no solo ocurre por los niveles de estudio formal de las personas trans, sino que hay una cultura que debe cambiar: “debemos tomar en cuenta que una vez que terminan los estudios también tenemos que hacer una campaña de sensibilización hacia la no discriminación transfemenina, por el asunto de que hay muchas personas trans que han terminado sus estudios -que no es más que el 7 a 12% de la población trans a nivel nacional- y ellas están cesantes porque las siguen discriminando”.

Dentro de otras problemáticas que ella ha encontrado, está la necesidad de mayor acceso a los policlínicos trans (más conocidos como politrans), espacios dentro de los hospitales orientados a dar un tratamiento integral a las personas que están transicionando sin que se patologice la identidad de género, como históricamente ha ocurrido en otros servicios de salud. Actualmente en Chile hay 12 politrans, los cuales solo pueden atender a personas que residan dentro de la comuna en la que se localiza el hospital, dejando a miles de personas que viven en las periferias sin atención ni medicamentos.

Además de estas situaciones, también existen dificultades en el ámbito del acceso a la vivienda, la reparación de las violaciones a los derechos humanos y encarcelamientos, la vulnerabilidad de personas trans de la tercera edad y más.

En cuanto a los derechos básicos de las diversidades sexuales, Francisca dijo: “Nosotros queremos y creemos que deben estar garantizadas en la Constitución, para de ahí partir trabajando a nivel legislativo y creando decretos para asegurar que las personas trans tengan una vida más digna y libre de discriminación”.

En base a estos planteamientos, la candidata a Constituyente Constanza Valdés explicó cuáles son las discusiones que como mujer trans pondría sobre la mesa en la Convención: “En particular una de las primera propuestas que queremos llevar al Proceso Constituyente tiene que ver con este principio del Estado de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, los crímenes de odio y en general la discriminación en contra de grupos históricamente discriminados y excluidos, así como reconocer el derecho de las mujeres y de las disidencias de vivir una vida libre de violencias”.

En cuanto a lo concreto, Constanza y otras candidaturas de las disidencias han propuesto la instalación de la Defensoría del Pueblo, un órgano constitucional encargado de la protección de los derechos de las diversidades sexuales, de género, de las mujeres y todos los sectores de la sociedad que no han sido considerados en las políticas públicas e institucionalidad chilena hasta el presente.

Fuente: https://latfem.org/las-candidatas-trans-hacia-una-nueva-constitucion-chilena/