El pasado 28 de febrero, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC inició un proceso disciplinario contra 74 personas, entre las cuales destacan 21 mujeres universitarias, docentes y trabajadoras.

Es importante resaltar que el CSU se encuentra desintegrado, ya que el 81% de sus miembros sigue ocupando sus cargos de manera extemporánea. Además, de sus 41 miembros, solo hay dos mujeres representantes, una de las cuales está incluida en la lista de personas criminalizadas. Esto es preocupante en una universidad donde la población femenina representa el 53%.

Entre las personas criminalizadas, es crucial destacar que se encuentran mujeres que han incursionado en roles de toma de decisiones en sus asociaciones estudiantiles, representaciones del CSU, juntas directivas de sus facultades, decanaturas, así como aquellas que han demostrado un liderazgo destacado en sus áreas de acción y desarrollo. Esto evidencia los intentos del patriarcado y el machismo de criminalizar a las mujeres por participar activamente en la política universitaria.

A pesar de la falta de pruebas que respalden su participación en algún delito, su mera oposición al fraude electoral, su destacado papel en la política universitaria o incluso sin razón aparente han sido motivo de persecución. Entre las mujeres criminalizadas se encuentran estudiantes, trabajadoras y profesoras:

Históricamente, se ha buscado desmantelar la organización universitaria mediante el terror, la criminalización, la persecución e incluso el asesinato de líderes e intelectuales capaces de movilizar a la población. A menor organización estudiantil, mayor es la posibilidad de corromper y saquear a la USAC.

La criminalización de las mujeres universitarias busca que se replieguen y mantengan al margen del poder y de los espacios de toma de decisiones, la amenaza de ser expulsadas o despedidas se suma a la opresión y la dependencia que enfrentan las mujeres, ya que al perder la oportunidad de obtener un título universitario se priva de herramientas para luchar contra la brecha salarial, la dependencia económica y la opresión de género.

El estigma hacia las mujeres con poder es evidente, pero es esencial que las luchas populares justas promuevan líderes e intelectuales femeninas para materializar las demandas contra la corrupción y la impunidad, así como para impulsar cambios positivos en materia de género y de una sociedad más inclusiva y equitativa.

Es innegable que habrá quienes argumenten que tanto hombres como mujeres son criminalizados por igual y por las mismas razones. Sin embargo, el trasfondo machista de la persecución hacia las mujeres se evidencia en cómo se les nombra en las listas del informe del Departamento Jurídico para señalarlas y criminalizarlas; al señalar sus vínculos afectuosos o su posición política.