A pesar de este beneficio de medida sustitutiva, permanecerá en prisión por otro caso por el que fue condenada y la defensa espera otra audiencia para la libertad. El MP, la PGN y los querellantes recusaron al juez por no estar de acuerdo con la resolución que favorece a Laparra.

Por Shirlie Rodriguez

“La búsqueda de la justicia ha sido difícil y tardada pero es una lucha que debemos hacer como ciudadanos. Esta es mi lucha. Luchar por todos estos derechos que me han vedado y las injusticias, es una lucha que se merece la pena realizar”, dijo la exfiscal Virginia Laparra después de la audiencia en la que un juez le otorgó una medida sustitutiva a la prisión preventiva que mantenía en este caso.

Virginia Laparra, extitular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FEC) en Quetzaltenango, fue acusada por el Ministerio Público (MP) del delito de revelación de información, este es un segundo caso en su contra y está a cargo del Tribunal Primero de Sentencia Penal, de Quetzaltenango.

La abogada fue enviada a juicio por este delito y el juez Moisés de León fue designado para conocer el debate, pero la defensa solicitó, para este 26 de julio, una audiencia para revisar las medidas de coerción.

De León resolvió que no existía peligro de fuga y tampoco de obstaculización a la investigación, tras los documentos que presentó la defensa y otorgó las medidas sustitutivas siguientes: arresto domiciliario en su vivienda de Quetzaltenango, no salir del país, no reunirse con testigos del caso o visitar lugares en donde pueda interferir en la investigación y firmar el libro cada 15 días.

La defensa solicitó que su arresto domiciliario fuera en la capital porque debe dar seguimiento a tratamientos médicos, pero no fue aceptado por el juzgador.

El juez enfatizó en que estas medidas sustitutivas únicamente tienen validez para el caso que se conoce en Quetzaltenango y en el otro proceso que lleva en Guatemala, debe ser conocido por el órgano que esté a cargo.

Después de la decisión del juez, el fiscal Noé Rivera del MP, querellantes y el representante de la Procuraduría General de la Nación (PGN), presentaron recursos en contra de la resolución.

Rivera dijo que una de las decisiones del juez fue dar la medida sustitutiva, porque Laparra no iba a influenciar en los testigos, situación que para el fiscal no tenía fundamento legal. “Dado su trayectoria y que es un juez probo es un fundamento que no tienen sustento, tomando en consideración como es de su conocimiento que existe el grave peligro de la obstaculización a la averiguación de la verdad y el hecho de que una persona sepa leer o escribir no es suficiente”, dijo.

El juez resolvió sin lugar las peticiones de la parte acusadora y de los querellantes y sostuvo su decisión previa, situación que motivó a que nuevamente el fiscal pidiera la palabra para recusar al juez.

“Se ha podido determinar que el juez no tiene imparcialidad para juzgar y conocer el presente debate oral y público. Hay una aplicación fuera de derecho con relación al presente proceso y se ha podido determinar esa inclinación a la barra acusada dentro del presente caso”, dijo Rivera.

Lesther Castellanos, querellante y denunciante, señaló que el juez estaba siendo presionado por injerencias extranjeras, porque durante dictaba su resolución, había recibido un correo de la embajada de Estados Unidos. El otro abogado y querellante Omar Barrios también dijo que recibió ese correo y que era a consecuencia de la audiencia que se realizaba en esos momentos.

“Cuando se le mencionó que rectificara su resolución…usted dio derecho de réplica a pesar de que se le dijo que eso no procedía. No lo resolvió y como dicen los muchachos, le peló y no lo resolvió”, dijo Castellanos.

Agregó que dudaba de su imparcialidad y que no compartía su decisión por lo tanto llevará este proceso a las últimas instancias.

Claudia González, defensora de Laparra, consideró que estas acciones buscaban retrasar el proceso y tampoco debía proceder la recusación, porque la Sala Quinta de Apelaciones ya había conocido con anterioridad una excusa que el mismo juez planteó por conocer a Laparra y a Castellanos, pero los magistrados resolvieron que debía seguir con el caso.

Luego de los argumentos planteados por la defensa y la parte acusado, el juez Moisés de León mantuvo su postura y dijo que no aceptaba las acusaciones de los querellantes y del MP porque estaba resolviendo conforme a derecho, pero debía cumplir con el procedimiento y decidió enviar el expediente a la Sala Quinta de Apelaciones y ahí se decidirá si continúa él como juez en el debate.

Las medidas sustitutivas siguen vigentes a pesar de que se envió el expediente a la Sala. El Tribunal notificó de la orden de liberación a las partes incluyendo al Sistema Penitenciario.

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A pesar de que en este proceso judicial se le otorgó arresto domiciliario, Laparra aún tiene prisión preventiva por el primer caso que se conoció en la capital, en el que fue condenada a cuatro años de prisión conmutables por el delito de abuso de autoridad.

La abogada González añadió que pidieron a la Corte Suprema de Justicia una audiencia de revisión de medidas de coerción para ese caso, pero el magistrado Josué Felipe Baquiax, presidente de Cámara Penal, de forma unilateral la denegó.

En el caso de abuso de autoridad está pendiente que se resuelva un recurso de casación, pero la defensa de Laparra insistirá en la revisión de medidas para que espere la resolución de este último recurso en libertad.

“Una vez se resuelva lo de Guatemala, ella podría continuar el proceso penal en libertad”, enfatizó González.

Ahora se podría retrasar nuevamente el inicio del debate por la recusación y apelaciones que presentarán querellantes y el MP en contra de las medidas sustitutivas. La programación del Tribunal lo agendó para el 18 de agosto, pero ahora se esperará a la decisión de los magistrados de la Sala Quinta de Apelaciones de Quetzaltenango.